lunes, 23 de enero de 2017

El problema no es Italia sino los cómplices locatarios FEOS, SUCIOS Y MALOS

Número 1720 | 23ene2017 | Año 12



La Divina Comedia del Paraíso de la Impunidad: URUGUAY


 LOS GENERALES DE LA IMPUNIDAD


Que me venís a “lamentar” lo de Italia, si lo del Tribunal I. es solo una broma pesada en relaciona lo que han hecho LOS GENERALES DE LA IMPUNIDAD en Uruguay.

Que ha hecho el General Tabaré con tantas Comisiones en casi 2 gobiernos suyos, que han aportado? NADA, absolutamente nada porque son un florero para adornar a la Impunidad.

Como ha dicho MirthaGuianze “en Uruguay está todo FRENADO Y NO HAY NI UNA SOLA COSA NUEVA”!!!


Que ha hecho el General finado Huidobro (según periodista de canal 12 “el historiador del MLN”) sino defender a capa y espada a TODOS LOS TENIENTES asesinos de la Logia de Artigas y los sin Logia. A Radaelli a Casella a centenares de “pobres viejitos” .Este General cerró a cal y canto los cuarteles y echo a patadas a la vieja Luisa que ni fotos les dejó sacar, de ahí a encontrar o  a permitir encontrar LOS CEMENTERIOS CLANDESTINOS solo UN HABITANTE DE MARTE puede esperar algo del AmodioN°1 del MLN (que no se apellida Pérez sino Fernández Huidobro)


Que ha hecho el General Mujica por los DDHH, sino todo el tiempo llamando a “superar el pasado”, que “olvidemos” que los generales asesinos, capitanes coroneles y alférez son “pobres viejitos” que deben quedar libres y que mueran en paz. 


Así es como Mujica da carta BLANCA a los futuros Generales y FFAA para que hagan el tipo de GOLPE que se les antoje, que roben a mano llena y llenar nuevamente el país de cadáveres y cementerios clandestino, TOTAL serán “pobres viejitos”.


Los generales de la Impunidad del Gobierno del Frente Amplio también tienen su sequito de coroneles, capitanes, tenientes y cabos para mantener el REINO DE LA IMPUNIDAD,  así como su CSI propio sus espíes infiltrados (CIA) y verdugos…


El general Mujica puso la milica Graciela “Petisa” Jorge de Fernández Huidobro de custodia de la documentación militar, ningún preso político de la dictadura puede acceder a su ficha PERSONAL sin antes esta milica CLAUSURADORA, tache ,borre a su antojo la documentación.


El coronel “Perro” Vázquez un don nadie, de titulo dudoso de enfermero por haber cuidado al secuestrado Molaguero fue puesto a puro y firme  DEDO por el General Tabaré, y es el custodio de muchas cositas militares. 

Entre ellas en su computadora tiene el rollo 8 y mucho mas, donde  está la Lista Completa incluido los sueldos mensuales (algunos de más de $50.000-1973- a la fecha) que recibían todos los civiles que espiaban para la dictadura, de todos los INFILTRADOS en TODAS LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS, de todos aquellos que durante años luego de ser detenidos pasaron a trabajar como INFORMANTES en los Servicios de Inteligencia Militar. SE darán cuenta de la IMPORTANCIA que tiene esto, Allí están todos los infiltrados desde el  Partido Nacional al partido Comunista, pasando por el PVP, GAU, PCR, P.Colorado, Pachequistas y por supuesto casi un centenar de los que integran el actual GOBIERNO del Frente Amplio


El coronel Bayardi, ex -GAU  y todos los ex GAU que trabajaron en “la Computadora “ ( una especie de pecera de la ESMA) luego de ser detenidos por el FUSNA,  y ser torturados se pusieron a la orden del Capitán Tróccoli!!


Con el PCU llegaron los servicios de inteligencia a PUBLICAR “CARTA CLANDESTINA”… montar una red y legar a detener decenas de militantes realmente comunistas.


En el PCR mantenían cuadros intermedios en la clandestinidad simulando ser resistentes clandestino para realizar el espionaje a esta organización.


Ni hablemos lo más conocido cuando el General Huidobro capitaneaba la llamada tregua (rendición incondicional) donde decenas de presos del MLN trabajaron, incluido Huidobro colaborando directamente con Gavazzo para asesorar a la OCOA para la captura de compañeros no DETENIDOS AUN
Los Tenientes pertenecientes al G.A.U. que luego integran la IDI y Vertiente Artiguista son los artífices de la fuga de su exjefe militar Troccoli; Enrique Rubio (senador) Bayardi (ministro) y le otorgan la Impunidad a Troccoli Carlos Albín.
Además ni siquiera, junto a Brenta, cuando fueron al Juzgado citados por la fiscal Guianze  y el Juez Charles  se dignaron a aportar algo,  todo los contrario 

NO  APORTARON NADA SOBRE TROCCOLI, CALLARON TODO
Luego el segundo paso, Abin LLEGÓ TARDE con el pedido de extradición de Troccoli a las autoridades italianas correspondientes!


El GAU mantiene sus vínculos con los militares y no es como dice el dicho “hoy una promesa mañana una traición”  los ex GAU  NO TRAICIONAN SUS PACTOS CARCELEROS CON SUS MILITARES CAPTORES, SON HUIDOBRISTAS AL 100%.


                             QUE NO HAGAN LA DEL TERO



Pongan los huevitos y no vayan a gritar a Italia


Es aquí donde debemos gritar, patalear y hacer valer nuestros derechos exigiendo Verdad Justicia y Nunca Mas

Nunca más dictadura, dictadura militar con Cámaras de tortura con desaparecidos, secuestros de niños, violaciones de mujeres atadas y asesinatos en masa.

No se trata de poner los abogados y pataleo en Italia primer lugar  y aquí ¿? 

Nada!


CUANDO EL GOBIERNO DEL FRENTE AMPLIO PUSO ABOGADOS A DISPOSICIÓN DE LOS DESAPARECIDOS?


Cuando hicieron aquí un TRIBUNAL para enjuiciar los asesinos de la Dictadura.


Todo lo contrario, desde intentos a cambiar huesitos por información del Dr. Fernández a guiarse por información (falsa) del General Bertolotti “aquí está tu mama, Macarena “lo que hicieron siempre fue cultivar, institucionalizar el Reino de la IMPUNIDAD


NUNCA:  levantaron con éxito la mano para TACHAR la ley de Impunidad Siempre buscaron caminos para sacarle el culo a la jeringa, siempre inventaron CORRALES DE RAMAS para embaucar a familiares, desde Marchas por el Silencio, acuerdo de la Naval, pedidos de rodillas a Comandantes de las FFAA par que ellos mismos se auto-investigarán y ellos mismos buscaran los cementerios que ellos mismos escondieron…


TODAS LAS COMISIONES solo llevan agua al molino de las FFAA


--la del PASADO RECIENTE
--la de VERDAD Y JUSTICIA
--la ex COMIPAZ.
-- la INDDHH


 EL SUB-MUNDO DE LOS DDHH



Existe toda una mafia que  trafica  con los DDHH, UN TODO VALE,  desde codazos para conseguir figurar y puestitos a verdaderos hechos de corrupción. Desde los que posan de “investigadores” a representante de esto y de lo otro. Trafican con la documentación, con los testimonios y otros incluso con antecedentes de ladrones.


Corrían con mil pretextos tras los pasajes regalados para viajar a Italia Hay abogados que terminan senadores, ladrones en militantes, alcahuetes en investigadores, periodistas que negocian conferencias..


Ufa ¡! HAY DE TODO EN LA VIÑA DE DDHH



 NO EMBARREN LA CANCHA



La IMPUNIDAD ESTÁ EN EL GOBIERNO FA, no está en Italia


Los familiares con  hijos descendientes de italianos son Una cosa  y allá ellos si quieren aplicar la ley Italia a los delitos de lesa humanidad


Los demás son otra cosa que el Frente Amplio se encargó de  sabotear todo incluido  un  abogado  pago por ellos Fabio Giliani  que increpando a la testigo Rosa Barniex no se sabía si era defensor de los familiares o defensor de los militares asesinos!!!!


Cuanto testigos que ampliaron las denuncias sabían que iban a una ley y a tribunal donde NO EXISTE LA DESAPARICIÓN FORZADA Y LO QUE ES PEOR EL ASESINATO ESTA PERIMIDO?


CREO QUE NINGUNO FUE AVISADO DE ESTO Y TERCERO QUE  DEBÍA FUNDAMENTAR SOBRE homicidio LLEVAR PRUEBAS ¿?¿?¿?


Creo que cualquier persona normal si le planteas este problema se daba cuenta que ir a Italia era una burla de Justicia  que era una maniobra política que prácticamente te dice el gobierno del Frente Amplio..



NO ME ROMPAS LAS PELOTAS AQUÍ ANDA  A JEDER A ITALIA  !!


TIRITO






PUESTA EN ESCENA 


El juicio de Roma y la absolución de Jorge TRÓCCOLIy otros 12 terroristas de Estado uruguayos: crónica de una farsa prevista, con tufo a obediencia debida y coreografía de reality show


Samuel Blixen Brecha 20/1/17


La sentencia de absolución de 12 de los 13 uruguayos acusados de crímenes contra ciudadanos de origen italiano en el marco del Plan Cóndor, dictada por el Tribunal de Roma el martes 17, tenía nombre y apellido: Jorge Néstor TRÓCCOLI, el capitán de navío que en la segunda mitad de los setenta torturaba prisioneros en las instalaciones de Fusileros Navales e integraba el aparato del OCOA que secuestró a una veintena de uruguayos en Argentina, en diciembre y enero de 1977-78, todos desaparecidos hasta el día de hoy.


De hecho, TRÓCCOLI fue el único beneficiado directo de una sentencia que decepcionó al vicepresidente, Raúl Sendic, dejó atónita a la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mirtha Guianze, y enfureció a los familiares de las víctimas que siguieron paso a paso la instancia final. 

Los restantes ya están condenados en Uruguay, algunos disfrutando de libertad condicional –como el ex canciller Juan Carlos Blanco, a quien el fallo italiano a cadena perpetua no modifica su situación, porque su proceso continúa–; alguno ya fallecido, como el general Gregorio Álvarez; otros, como José Gavazzo y Ernesto Ramas, en una cómoda prisión domiciliaria; y ocho –Ricardo Arab, Juan Carlos Larcebeau, Luis Maurente, Ricardo Medina, José Sande Lima, Jorge Silveira, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez– cumplen reclusión en el penal de Domingo Arena. (Una situación especial es la del teniente naval Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, cuyo nombre fue incluido por error en una lista de torturadores, pero a quien el tribunal ya había adelantado que le concedería la absolución.)


TRÓCCOLI era el único que, de haber sido condenado, debía pasar directamente a la cárcel; en el caso del coronel Pedro Mato, que confesó haber participado en los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, el Tribunal de Roma, de haberlo condenado, difícilmente hubiera obtenido la extradición desde Brasil, donde el militar se refugió cuando fue requerido por el asesinato de Luis Batalla, ocurrido en 1972. 

El epiléptico brazo de la justicia uruguaya no ha logrado alcanzarlo, aunque fotos provocativas de su buen pasar en playas brasileñas son reiteradamente publicadas; ¿por qué iba a lograrlo la justicia italiana?


La absolución de TRÓCCOLI es un final a la medida de una historia de decepciones, broncas, incoherencias y complicidades; un final previsible, además. A diferencia de sus colegas terroristas, que se arman de desparpajo para mentir descaradamente ante los magistrados, las veleidades intelectuales del capitán de navío retirado, alumno añejo de la Facultad de Humanidades, lo indujeron a escribir un libro (cuyo título, La ira del Leviatán, propone adivinar quién es el monstruo marino), en el que, con displicencia, confiesa haber torturado, pero un poquito, nomás, en la credulidad de que la confesión, parcial, facilonga, lo eximía de culpa y encubría otras atrocidades inconfesas.


Cuando la justicia pretendió interrogarlo a fines de la primavera de 2007, el Leviatán puso en marcha un plan de escape cuyo primer paso consistió en la obtención, en setiembre de 2002, de la carta de ciudadanía italiana, concedida por el Ministerio della Giustizia, una vez confirmado el “derecho sanguíneo” por su ascendencia. El juzgado que lo reclamaba no tomó la provisión de cerrar fronteras en el momento de citarlo al juzgado. 

El que se presentó fue su abogado, quien adujo que TRÓCCOLI estaba en alta mar, trabajando a bordo de un barco. En realidad estaba en Brasil, en ruta hacia Italia, donde finalmente lo ubicó la Interpol.


Para entonces hacía dos años que el gobierno tenía en sus manos una información proporcionada por el comandante de la Armada, vicealmirante Tabaré Daners, que incriminaba a TRÓCCOLI y a otros oficiales del FUSNA en secuestros, desapariciones y torturas. Un anexo del informe brindado a la Presidencia por el comando de la Armada detallaba un siniestro mecanismo, denominado La Computadora, que obligaba a prisioneros a realizar análisis de inteligencia sobre las confesiones de otros prisioneros arrancadas bajo tortura. 

En La Computadora llegaron a analizarse las declaraciones de uruguayos que habían sido detenidos y desaparecidos en Buenos Aires.

 Los documentos de La Computadora no llegaron nunca a los juzgados, ni por iniciativa de la Presidencia ni de algunos militantes de derechos humanos que manejaban dichos documentos, los que recién aparecieron en ocasión del juicio de Roma.


El siguiente capítulo de la farsa se desplegó en la capital italiana, en la Navidad de 2007, cuando la policía detuvo a TRÓCCOLI, quien para entonces se había instalado en un exclusivo puerto turístico de la costa amalfitana, la Marina di Camerota, y a los efectos contrató a un costoso abogado, todo con la jubilación de un modesto capitán de navío. Cuarenta y ocho horas después comenzó a correr el plazo de tres meses para tramitar la extradición. 

Sin embargo, mientras la Suprema Corte de Justicia traducía el voluminoso exhorto con todos los antecedentes de TRÓCCOLI, funcionarios del gobierno y de la justicia fueron alertados respecto a que, muy probablemente, el capitán fugado había elegido Italia, entre todos los destinos posibles, porque su ciudadanía italiana le ofrecería ventajas judiciales, entre ellas la que deriva del Convenio de Extradición de Criminales entre Italia y Uruguay, que en su artículo XI establece que “la extradición no tendrá lugar cuando el reclamado sea ciudadano de la nación demandada”, en cuyo caso esa nación “se obliga a someterlo al juzgamiento y sentencia de sus propios tribunales”.



La condición de ciudadano italiano de TRÓCCOLI recién se conoció en mayo de 2008, cuando la Comune di Camerota certificó que desde octubre de 2007, “dicho ciudadano italiano es residente de la población por inmigración desde Montevideo”. Para entonces TRÓCCOLI, que había pasado tres meses en prisión preventiva, recuperó su libertad y se afincó definitivamente en Marina di Camerota, hasta el día de hoy.


Entre diciembre de 2007 y marzo de 2008 se desplegó el tercer acto. El expediente de la extradición llegó a la embajada uruguaya en Roma sobre el filo de la fecha límite, y el embajador, Carlos Abín, instruyó al cónsul para que presentara el documento en la cancillería, con una nota verbal; él viajaba a Barcelona para una consulta médica. La nota verbale de la embajada, fechada el 25 de marzo, exhibe un acuso de recibo con un sello: “Ministeri Affari Esteri – 27 mar 2008 – Azzettazione correspondenza”. Sin embargo, el oficio que la cancillería italiana remitió con el exhorto de extradición al juzgado correspondiente afirmaba que la documentación fue recibida el 31 de marzo, es decir, a fecha vencida. Inmediatamente TRÓCCOLI recuperó su libertad, gracias a una “mano amiga” que adulteró las fechas, y que el abogado que defendió los derechos de las víctimas en el juicio del Cóndor atribuyó a un posible esquema de apoyo de estructuras de inteligencia


Pero para entonces, en Montevideo, la indignación por la libertad de TRÓCCOLI descargó toda la responsabilidad en el embajador. 

El primer “empujoncito” lo dio el segundo jerarca de la embajada, el encargado de negocios Tabaré Bocalandro, quien susurró lo suficientemente fuerte que Abín se había trasladado en forma “clandestina” a Barcelona. Bocalandro, un diplomático del riñón del Foro Batllista (que había sido expulsado de Perú por haber puesto en riesgo la vida de 450 diplomáticos secuestrados por la guerrilla Tupac Amaru en la toma de la embajada de Japón, de la que se escapó), pretendía “recuperar” para su partido político la embajada de Roma, donde, entre otros, descolló otro forista, Julio César Lupinacci, vocero de la dictadura en los organismos internacionales y uno de los artífices de la patraña que permitió, mediante una foto trucada, suspender la investigación parlamentaria de la desaparición de Eugenio Berríos.


Bocalandro permaneció al frente de la embajada hasta que, producto de un sumario administrativo, fue relevado del cargo y sancionado con una suspensión de tres años por el injustificado retraso constatado en la presentación a la cancillería italiana del exhorto, librado por la justicia uruguaya, solicitando la extradición de Jorge Tróccoli”

Para entonces Carlos Abin había sido cesado en su condición de embajador por la misma razón, pese a que el entonces canciller Gonzalo Fernández ordenó apelar la restitución de la libertad de TRÓCCOLI en virtud de la documentación que probaba la presentación en fecha del exhorto. 

La apelación fue desestimada porque “Uruguay no tenía legitimación para intervenir en un asunto interno entre la cancillería y la justicia”, lo que confirmaba la intencionalidad de la sustitución de fechas.


El siguiente embajador uruguayo en Roma, Alberto Bre­ccia, intentó hasta que se produjo su fallecimiento que el capitán TRÓCCOLI, que no podía ser extraditado por su condición de ciudadano italiano, fuera juzgado por los tribunales de la península. 

El reclamo no prosperó pero TRÓCCOLI finalmente fue juzgado en la causa del Cóndor. Durante 13 años el fiscal Giancarlo Capaldo cruzó repetidamente el Atlántico recabando testimonios de víctimas y recopilando antecedentes judiciales, para terminar en una sentencia que no encontró pruebas de la responsabilidad de los participantes directos de los crímenes. 

¿Qué hubiera ocurrido en Núremberg si los jueces y fiscales se tomaban 13 años para dictar justicia?






 

HOY RECORDÉ!

Un día un compañero me habló del Pacto del Club Naval del 84, y yo me enojé diciendo que era mentira.

No creía que había habido olvido y perdón a los militares y civiles responsables de crímenes durante dictadura, secuestros, homicidios, robo de niños, tortura física y psicológica, además de ser un gobierno responsable del hambre de nuestro pueblo. Sólo hay democracia si terminábamos con la impunidad, sin revisar el pasado no se puede construir el futuro. 


Pero luego se votó la ley de caducidad. Y juntamos firmas, plebiscito.

La segunda vez fue peor porque en las calles cuando juntábamos firmas había gente del FA, con cargos en el gobierno, nos decían de todo. Especialmente me dijo Baraibar, y a mí que me importa la impunidad!

En ese congreso donde Hugo Cores planteó levantar el tema de la impunidad, se le respondió que no. Quienes hablaron fueron Tabaré y Huidobro. Decían que éramos "pianta votos".

Luego subió al gobierno Vázquez haciéndonos avergonzar con el Punto Final, abrazándose de Bordaberry, Ahí dijo que no había que tener rencores. Y equiparó la violencia de dos lados: la teoría de dos demonios. Pero también me acordé de Seregni diciendo en el 72, 73 que no quería más sangre entre hermanos. 

Y me pregunto cuándo somos hermanos de los asesinos del pueblo. Nunca.

Además que hizo todo lo posible por  joder el Mercosur y llamó a Bush para hacer la guerra a Argentina. 


Impuso las pasteras, pero antes de  invitado a Bush ya se había abrazado muy feliz. Era el mismo tiempo en que Chávez y Kirchner dignamente le dijeron de todo a Bush en Mar del Plata. 



Estoy queriendo decir que hemos tratado de cerrar los ojos. Porque ya cuando las elecciones 2009 no se ensobró la papeleta contra la impunidad ya no se podía darles más crédito.



Y creíamos que todo estaba dicho. Pero no, Vino el cerdo Semproni a votar en contra, Y obvio, Nin Novoa, Huidobro y él en aquel entonces frentistas Saravia. Pero ayer escuché a Raulito, vice, licenciado, estafador, diciendo que es el final!

Ya no se puede esconder que el Frente Amplio promovió la impunidad. Son partícipes, pactaron. Siguen hoy los nazis dentro del ejército de Uruguay.

 Hoy se promueve un Berger. Hoy está Manini.


Hoy el ministro socialista de Defensa teme enfrentar a los nazis. 


Pero vamos a seguir: NI OLVIDO NI PERDÓN




Del Facebook de Sandra Álvarez
19 de enero





Para Mirtha Guianze, Uruguay es el país “más atrasado” de la región en materia de enjuiciamientos por crímenes de lesa humanidad



De los 14 uruguayos imputados, entre los que figuraba el ex dictador Gregorio Álvarez, fallecido recientemente, sólo fue condenado a cadena perpetua el ex canciller Juan Carlos Blanco


Nadia Angelucci desde Roma, Italia la diaria 19/1/17


Los demás fueron absueltos. Este martes se conoció la sentencia de la presidenta de la III Corte Penal de Roma, Evelina Canale, sobre las responsabilidades en torno al Plan Cóndor orquestado por las dictaduras del Cono Sur de América.

La sentencia sigue resonando en Uruguay. Hasta el más ajeno a la causa se pregunta cómo fueron condenados solamente los cabecillas de las dictaduras de la región, mientras que los mandos de jerarquía inferior fueron absueltos. Tal es el caso del militar Jorge Tróccoli, que actualmente reside en Italia y que, según testimonios, tuvo un rol claro en las operaciones para hacer desaparecer a integrantes de los Grupos de Acción Unificadora.

Luego de conocer el fallo, el vicepresidente Raúl Sendic dijo a la diaria que “si TRÓCCOLI estuviera en Uruguay, estaría preso”. 

Por su parte, Mirtha Guianze, directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), denunció que en Uruguay hay un sistema judicial politizado en base a acuerdos partidarios, lo que imposibilita que haya “enjuiciamientos nuevos”


“Aun en Perú se recibe el concepto de crimen de lesa humanidad, un país que se pensaba que podía estar más atrasado que Uruguay. 

Pero Uruguay es el que está más atrasado. Si bien tiene un número menor de procesados que el resto de los países, hace años que no hay enjuiciamientos nuevos”, manifestó Guianze, quien, al igual que Sendic, viajó a Roma en representación del Estado uruguayo. Para la ex fiscal, además, hay una “indefinición” en la Suprema Corte de Justicia, ya que están cambiando los integrantes por llegar al límite de edad, y la forma en que se los designa “está teñida” por “cuestiones políticas”. En definitiva, resumió Guianze, son ellos los que “terminan decidiendo si los juicios prosiguen o no”.


“Nosotros desde la INDDHH hemos hecho recomendaciones al gobierno para que tengan un tipo de política con respecto al sistema de justicia y que haya un lugar para investigar estos delitos. 

Porque este Grupo de Verdad y Justicia no es de investigación: recibe documentos; técnicamente, recibe testimonios, pero son las víctimas las que investigan. Son las organizaciones las que se mueven. Estamos viendo en Uruguay que la juventud está tomando esta bandera de memoria, verdad y justicia.


La cuestión es movilizar y empujar para que la gente pida y exija que haya justicia”, expresó Guianze. Y repasó el momento en el que se escuchó la absolución “en masa” para quienes no ocupaban cargos de la más alta jerarquía. “Nos pareció tremendo”, dijo. “Si no había homicidio, no había otra figura que se pudiera imputar en Italia. La desaparición forzada está prescripta”, explicó.


Algo de luz


“Hago un balance positivo, porque el Plan Cóndor fue reconocido como tal; se condenó a cadena perpetua a cuatro de las cabezas de distintos países. Después hay una interpretación, que no llego a comprender, de cuál es el papel de las personas que estaban en los grados jerárquicos inferiores a los condenados.

 En ese sentido, no se comprendió, o nosotros no logramos hacer comprender al Tribunal cómo operaban los grupos represivos en el Cono Sur, la independencia con que se movía cada uno de ellos, la posibilidad que tenían de decidir la muerte de las personas. 

Eso ocurrió en todos los países de igual manera: no se necesitaba una orden de un superior para matar, y si se mataba no había sanción para el que lo hacía. 

Ahí juegan algunos conceptos que son de orden jurídico, como la obediencia debida, que no sé si ellos lo manejaron. Yo no sé cómo se manejaron; es muy arriesgado hablar de todo eso si no tenemos los fundamentos del fallo”, finalizó la directora de la INDDHH.

Sendic, por su parte, recordó: “Siendo un niño de 11 años tuve que pararme abierto de piernas y de brazos para poder entrar a una visita, tuve que bancarme los allanamientos en mi casa a las dos y a las tres de la mañana, o que se llevaran presa a mi madre y nosotros quedáramos solos, a cargo de los vecinos. 

Fui un testigo de estas importantes violaciones de derechos humanos que, por suerte, no les toca vivir a los uruguayos de hoy. Pienso que tenemos que trabajar siempre para la consolidación de los derechos humanos, y que en este momento hay una nueva agenda de derechos humanos que se está consolidando”.


En la mañana del miércoles, Sendic se reunió con el papa Francisco para conversar sobre el compromiso del Vaticano de abrir y habilitar el análisis de los archivos de la época de la dictadura uruguaya (1973-1985) que tiene en su poder






 


Justicia, justicia y más justicia


La decisión de la Tercera Corte Penal de Roma sorprendió a propios y extraños. Causó un gran dolor y disconformidad en los querellantes, familiares, militantes y activistas de DDHH. Fue la  noticia inesperada del verano. Generó una enorme sorpresa a nivel gubernamental, en los medios políticos y periodísticos. También sorprendió, masivamente, a la ciudadanía en general: el que más o el que menos, en el país,  todos saben que los absueltos, inocentes no son. Ni ahí. 

Algo anda mal en Italia.


Hubiera sido muy positivo y hasta necesaria  una condena firme y tajante para todos los encausados de Uruguay. No habría modificado sustancialmente la situación procesal de la gran mayoría de ellos. Salvo el marino retirado y prófugo de la justicia Jorge TRÓCCOLI y el coronel Pedro Matto, también prófugo y refugiado en Brasil, el resto ya se encuentra procesado y condenado, en inmejorables condiciones de reclusión. Una sentencia acorde a la realidad de lo sucedido y probado, habría sido una gran caricia en el alma de quienes desde hace varias décadas mantienen bien en alto las banderas de Verdad y Justicia, en el país y fuera de fronteras.


Ha sido una nueva derrota. Ni la primera que sufrimos y tampoco la más importante. Hasta tanto no se conozcan los fundamentos de esta incomprensible sentencia es difícil pronunciarse a cabalidad. Pero no imposible. Incluso para esta Corte, que no condenó a quienes tienen las manos sucias de sangre por ser los sicarios estatales, ha quedado ampliamente comprobada la existencia de la diabólica Operación Cóndor. 

 Existió y se llevó a cabo. Fue un plan macabro, alentado y promovido por los EEUU aunque el nombre del Gral. Pinochet figure como cerebro intelectual de ella. Cobró miles de víctimas que fueron salvajemente asesinadas en el Sur de América.


Los implicados y sus secuaces en los ámbitos políticos, económicos,  periodísticos y judiciales, se sentirán alentados a redoblar sus esfuerzos y, sobre todo, sus presiones sobre una institucionalidad que, salvo honrosas excepciones, no ha asumido a cabalidad y con convicción profunda la investigación de los crímenes del pasado dictatorial.


A diferencia de lo ocurrido en Argentina y en Chile, en nuestro país solamente un pequeño grupo de involucrados en el terrorismo de Estado ha sido procesado y condenado, en base a una movilización constante y permanente de la sociedad que ha batallado de manera incesante.


Culpables con todas las garantías


Todos los condenados  han sido juzgados disfrutando de las máximas garantías habidas y por haber. Se les ha permitido presentar todos los recursos que consideraron conveniente. Hicieron uso y abuso de ellos, con la máxima tolerancia por parte de la Suprema Corte de Justicia. Han contado con asistencia legal de primer nivel en forma permanente. Obviamente no  han sido sometidos a apremios o torturas.  

Ni siquiera han sido molestados durante las audiencias. Hasta han sido tratados con un respeto y una deferencia que no merecen. Fueron procesados con abundancia de pruebas y evidencias. Abrumadoras. Se les dispensa,  como prueba elocuente de la superioridad moral de la democracia, la mejor atención médica posible y condiciones de reclusión soñadas. Hasta disponen de jueces complacientes que excediendo sus atribuciones legales, tienen el gesto siempre dispuesto para concederles la prisión domiciliaria.


La caducidad no corre más


Durante décadas, la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, promovida por el gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti y respaldada por la mayoría del Partido Nacional, los Lacalle incluidos, fue un verdadero obstáculo que impidió que el Poder Judicial cumpliera con su deber, a pesar de que el Artículo 4 de la misma excluyó expresamente de la misma la desaparición forzada de ciudadanos.


Desde octubre de 2011, la ley 18 831, devolvió al Poder Judicial su autonomía constitucional y restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado. No existen más obstáculos legales que impidan investigar los delitos y sancionarlos. Varios tribunales se han expedido además en el sentido de que el tiempo en que estuvo vigente la ley de Caducidad no debe computarse a los efectos del cálculo prescripcional de los delitos. 

Por lo mismo, pueden ser investigados, identificados los responsables y castigados penal y administrativamente como corresponde.


La Justicia tiene que actuar


En el ordenamiento institucional uruguayo, en nuestro Estado de derecho, el Poder Judicial tiene el monopolio exclusivo de investigar los hechos con apariencia  delictiva y de sancionarlos si así correspondiere. 

Son atribuciones que están en las disposiciones constitucionales y son ineludibles.


La dictadura cívico militar, que en el marco de una estrategia continental diseñada en EEUU se instrumentó también en nuestro país, fue realmente una tragedia nacional en todos los planos cuyas secuelas perduran hasta el día de hoy.  Fue un proyecto de país al servicio de un reducido grupo de sectores económicos que crecieron y prosperaron al reparo de ella. Para que ella no vuelva a reiterarse, sus responsables, en todos los planos deben ser sancionados y castigados. 

Esa labor, inexcusable, corresponde al Poder Judicial y es responsabilidad también de quienes lo administran: la Suprema Corte.


Como víctimas directas sobrevivientes, hemos asumido el compromiso militante de contribuir activamente, en la medida de nuestras posibilidades, a crear las condiciones que impidan la repetición del terrorismo de Estado. La impunidad alienta y estimula siempre la repetición


Rechazamos enfáticamente el fallo de la Corte de Roma. Llamamos a todas y a todos los ex presos políticos a redoblar los esfuerzos y la militancia de todos los días por Verdad, Memoria, Justicia y Reparación de acuerdo a los estándares de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas. 

Convocamos a seguir apoyando al Observatorio Luz Ibarburu que promueve activamente las enlentecidas causas judiciales. Reclamamos una actitud más enérgica al Poder Ejecutivo, aplicando las disposiciones del Artículo 25 de la Constitución para que los condenados paguen económicamente con sus bienes los daños ocasionados entre otras medidas.

 Demandamos al Poder Judicial, a todos los operadores, que cumplan con sus cometidos, especialmente en las causas que involucran a los Detenidos Desaparecidos.


Opinando N° 1 – Año 6 – Viernes 20 de enero de 2017 CRYSOL








Seguir peleando


Algunos tenemos una enorme, incombustible capacidad de negación. Se le pueden dar nombres decorosos (confianza, optimismo, esperanza, fe), pero a fin de cuentas no es más que un recurso ingenuo y tirando a cobarde que nos facilita el tránsito por un mundo en el que cosas malas le pasan a la gente buena.

El último ejemplo de esa inclinación a esperar lo mejor contra viento y marea fue el de hace unos días, cuando quisimos creer que la justicia que no habíamos obtenido en Uruguay en más de 30 años se haría realidad, siquiera en parte, del otro lado del océano, en el Aula de la Corte de Asís, en Roma.


Habíamos visto escurrirse a Jorge TRÓCCOLI varias veces. Sabíamos que era un provocador, un tipo dispuesto a admitir sus crímenes sin sonrojarse, capaz de meterse en la casa de una mujer que había sido presa y torturada para conversar con ella sin darse a conocer y, finalmente, en una jugada perversa y aterradora, identificarse mediante una tarjeta de visita entregada como al descuido. Un impune, pero un impune sádico y exhibicionista, fatuo, ensoberbecido por la gloria miserable de los abusadores sin castigo.


Sabíamos que TRÓCCOLI se había escapado de la justicia una vez, cuando dejó el país y se afincó en Italia, y otra, cuando un descuido administrativo de la embajada uruguaya evitó su extradición.


Sabíamos -¿cómo no saberlo?- que nadie es impune solo. 

Que nadie se salva sin ayuda. Que si semejante personaje estaba, como tantos otros, haciendo su vida a cara descubierta y sin miedo a las consecuencias se debía, antes que nada, a que una eficaz red de protecciones y salvoconductos le cuidaban la tranquilidad. Pero quisimos creer que esta vez sí; que esta vez, con tantos testimonios, con tantos hechos probados, con tanta información que mostraba, sin género de duda, su participación en los crímenes de que se le acusa, no habría marcha atrás. 

Que la justicia a la que había escapado en Uruguay lo alcanzaría en Italia. Que finalmente alguien le diría que no, que la impunidad no es para siempre, que acá se hacen y acá se pagan.


Los que seguimos el juicio, los que leímos las acusaciones y los testimonios, los que prestamos atención al pedido de la fiscalía y a los argumentos de la defensa teníamos confianza en que habría justicia. Cierta justicia.


Lo cierto es que en Roma no pasó nada que no haya pasado antes en Uruguay, e incluso en otros países de la región en los que también el macabro Plan Cóndor se diluyó entre apelaciones a la cadena de mando, la obediencia debida y el estado de excepción. Muchas concesiones deben hacerse para que tantos criminales gocen del beneficio de la absolución en nombre de la disciplina y la sujeción a las jerarquías.


Por lo pronto, es imprescindible entorpecer el camino de la verdad. Es necesario confundir, minar la credibilidad de los testigos, cansar a los investigadores, dejar pasar las amenazas y las provocaciones.

 Es conveniente introducir la idea de que hay que pensar en la reconciliación porque nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos, y porque nunca más debemos enfrentarnos uruguayos contra uruguayos. Es la hora de tomarnos de las manos y avanzar juntos, porque si no remamos todos para el mismo lado no nos vamos a mover, y no hay nada peor, ya se sabe, que estancarse.


Llegado este punto tal vez deberíamos, entonces, hacer un ejercicio crítico. Deberíamos considerar que si ese discurso reconciliado y milenarista es aceptado masivamente es porque todo este asunto de los crímenes de lesa humanidad, los derechos humanos y las consecuencias del terrorismo de Estado se ha desplazado convenientemente hacia el terreno de lo privado y lo subjetivo, hacia la dialéctica de las víctimas y los verdugos, de los hijos o madres o padres, dejando para siempre la cuestión política fuera de la ecuación.
Se vuelve más sencillo, así, apelar a cuestiones de índole moral y personal, como el perdón o la reparación, y escapar a lo que tiene de cosa pública todo este asunto. 

Los desaparecidos, los presos, los torturados, los asesinados, los muertos de la dictadura no son ángeles caídos bajo el hacha del mal, encarnado en botas y uniformes.

Son lo que fueron: luchadores que entregaron su vida a un proyecto que trascendía la esfera de lo íntimo y de lo inmediato. 

Tuvieron la voluntad y el coraje de proponerse cambiar una situación de injusticia y violencia estructurales que está lejos de haber cambiado para mejor. 

No fueron víctimas al azar (aunque haya habido, claro, víctimas casuales o colaterales): fueron elegidos como víctimas por su participación en la vida política, por su militancia del lado de los más débiles, por su lucha contra la explotación y el abuso, contra la desigualdad y contra la expoliación. 

Descafeinar su lucha, infantilizarlos en el lugar de hijos o hermanos de Fulano o Mengana, olvidar su compromiso adulto con la causa por la que combatieron es facilitar las cosas para el olvido. Honrarlos requiere tomar sus banderas, hablar en voz alta; exigir, además de memoria, verdad y justicia, que se respete y continúe su lucha.


Porque todo lo que los hizo salir a la calle sigue estando ahí, y es cada día más fuerte. Y tiene viento a favor.


Soledad Platero  la diaria 20/1/17







SOBRE ESPIONAJE EN DEMOCRACIA

Cómo Nos Tratan

13 enero, 2017 Brecha SAMUEL BLIXEN


Documentos del espionaje militar en democracia revelan el interés de los aparatos de inteligencia, en los dos primeros años de la presidencia de Lacalle, por la opinión de dirigentes políticos sobre la relación con los militares.


Ajuste fiscal, privatización de las empresas públicas, reglamentación del derecho de huelga: las principales insignias de la política neoliberal que Luis Alberto Lacalle desplegó no bien asumió la presidencia en marzo de 1990 tuvieron coletazos explosivos cuando los recortes presupuestales afectaron a las Fuerzas Armadas, en la rendición de cuentas de 1992. 

Diez atentados con bomba, detonación de granadas y ametrallamientos, reivindicados por dos grupos paramilitares (la Guardia de Artigas y el Comando Lavalleja), una virtual insubordinación y acuartelamientos en distintos puntos del país, dieron cuenta a lo largo de ese año y el comienzo de 1993, de las profundas divisiones existentes en el Ejército y en la Armada Nacional.


Lacalle pretendió revertir los términos de una ecuación histórica, esto es, la preeminencia de altos mandos identificados con el Partido Colorado, con designación de oficiales “correligionarios”.  

Al mediar su primer año de mandato se propuso corregir la correlación heredada de su antecesor Julio María Sanguinetti: de los 12 generales en actividad sólo cuatro podían identificarse como simpatizantes del Partido Nacional. 

El ascenso a general del coronel Manuel Fernández, destinado a la Casa Militar, supuso pasar por encima de 44 coroneles; y la designación de su amigo James Coates en la comandancia de la Armada, apenas nueve horas después de ascenderlo a vicealmirante, implicó pasar por encima de 46 capitanes de navío. El esquema se completó con el general Yelton Bagnasco en la División de Ejército 1, el general Mario Aguerrondo al frente de la inteligencia militar, y la designación del general Juan Modesto Rebollo como comandante del Ejército, que obligó al general “de la derecha”, Juan Zerpa, a pasar a retiro.


La política militar de Lacalle, que el ex presidente Sanguinetti calificó de “desastre”, profundizó las fracciones en la interna militar, pero no alteró la “rutina” del anexo del Departamento III de la Dirección General de Información del Estado, que se encargaba de la organización del espionaje extendido a toda la sociedad. 

La siembra de micrófonos en los despachos del ministro de Defensa, Mariano Brito, del comandante de la Armada y del general Fernán Amado, debió ser ejecutada por otra repartición del Departamento III o por la Compañía de Contrainformación. El anexo se centraba por esos días turbulentos en el espionaje al Partido Comunista, al MLN, al Pit-Cnt y particularmente a los sindicatos de las empresas estatales, además de vigilar a las esposas de funcionarios policiales que preparaban las condiciones de la huelga policial de noviembre de 1992.


Los manipuladores de los infiltrados recomendaban recoger cualquier opinión de dirigentes políticos sobre las Fuerzas Armadas. Así, un oficial identificado con el seudónimo “Adrián”, informaba a fines de noviembre de 1991 las noticias proporcionadas por el agente 836 K-III sobre la interna del Partido Nacional durante una conversación en un café de las inmediaciones de Constituyente y Carlos Roxlo. 

El espía, a quien Adrián llamaba “Pingüino”, reveló que Enrique Martínez, dirigente juvenil del Herrerismo, había enviado a Libia a Guillermo Aishemberg (“cercano a la 504”) y a Gómez Brasil (“viejo militante del partido”) para sondear posibles transacciones comerciales con los libios. “Pingüino” detalló trascendidos sobre las reuniones que venían manteniendo algunas personalidades, entre ellas Rodolfo Nin Novoa, Irineu Riet y Alberto Zumarán para la formación de un grupo opositor dentro del partido. El senador Zumarán, dos veces candidato wilsonista a la Presidencia, había denunciado el programa económico y social que estaba aplicando Lacalle y había acusado a 14 jerarcas del gobierno por “implicancias” con la dictadura; era, según Pingüino, la cabeza principal de ese movimiento opositor.


Según el espía, Irineu Riet, “una figura bien vista dentro del partido”, era la persona clave para hablar con las Fuerzas Armadas, “siempre que Zumarán o el Ejército lo consideren necesario”

Habitualmente las reuniones con oficiales del Ejército se realizaban en las cabañas militares de Santa Teresa, “siendo muy asiduas y fructíferas”. El manipulador quiso saber los nombres de los oficiales: “la fuente no pudo precisar con qué militares se ha entrevistado Irineo (sic) Riet, pero sí aseveró las excelentes relaciones con el jefe del Batallón de Infantería N° 12 de Rocha y jefes que administran las cabañas militares de Santa Teresa”.


Por entonces, la llamada “agencia” que reclutaba y comandaba a los espías recibía en agosto de 1991 un pormenorizado informe del agente 951 B-I sobre una reunión del grupo de base 6, del Zonal III del MLN con dirigentes, entre los que se contaban José Mujica, Lucía Topolansky, Jorge Manera, Luis Puime y Omar Alaniz. 

Entre los asistentes que el espía identificó –y que consignó en su informe– estaba el “Zapa”, un ex preso político que el Departamento III tenía a sueldo como infiltrado en el MLN con el seudónimo “Fabricio”, lo que sugiere que el Zonal III albergaba a más de un espía.


El informe del agente 951 consignaba la opinión de José Mujica, quien proponía que el MLN debía dialogar con los militares“A las Fuerzas Armadas hay que integrarlas ya que con el Mercosur ellos también se quedarán sin trabajo”, habría dicho Mujica según la síntesis del espía.


El documento del Departamento III confeccionado y archivado el 21 de agosto de 1991 afirmaba que según Mujica en el Ejército hay caraspintadas, que son los menos malos porque son nacionalistas, y a diferencia de los aprovechadores, estos han tomado siempre las armas para defender el nacionalismo contra el imperialismo y con todos ellos tenemos que ir al diálogo”. 

El dirigente del MLN afirmaba que “en el Ejército hay sectores o grupos que tienen contradicciones entre sí, y que tratan de acomodarse”. El diálogo según Mujica debía tener como objetivo “solucionar todos los problemas y no dejarlos afuera”.


Las contradicciones que apuntaba Mujica se expresaron un año después en la serie de atentados de las bandas paramilitares y en la crisis de la huelga policial, que dejó al Ejército en estado de asamblea.


El presidente Lacalle se propuso utilizar al Ejército para reprimir a los policías. Quiso saber si los oficiales del Ejército acatarían la orden: “Supongo”, fue la respuesta del comandante Rebollo; el general Fernández consideró que era posible desalojar a los huelguistas, pero “habrá no menos de 30 muertos”.

 El presidente optó por encomendar al Ejército y a la Armada el patrullaje de la ciudad. En el momento en que firmaba el decreto respectivo, en una sesión del Consejo de Ministros, alguien cortó la luz y dejó a oscuras el Edificio Libertad porque tampoco funcionó el generador


posta - postaporteñ@ 1720 - 2017-01-23 









Mi experiencia como 

Delegado de Clarín


Entre exageraciones por conveniencia o el más despreciable de los silencios, la noticia simple y dura para cualquier periodista que se respete un poquito será que una de las empresas del grupo Clarín, la imprenta AGR, quedó al borde del cierre por la decisión empresaria de despedir a sus 380 trabajadores.


Ese es el título duro. La crónica debería seguir con otras informaciones no menos importantes: que los trabajadores decidieron tomar la planta para evitar sus despidos y que la Policía Federal actuó esta vez con llamativa celeridad para reprimir a quienes apoyaban esa toma. Esa es la noticia, así debería ser escrita y publicada por Clarín, La Nación, Página/12 o Crónica.


Luego puede haber terreno para interpretaciones y hasta para editoriales. 

Pero recién después. No pueden ser utilizadas estas disquisiciones como excusa para omitir la información, en unos casos, o para utilizarla políticamente en contra de un gobierno, en los otros.


Entre esas cuestiones subjetivas una aparece con muchas frecuencias en estos ratos posteriores a la toma y la represión. 

Es aquella que argumenta que este desenlace estaba cantado desde hace rato, básicamente porque con los delegados gremiales de AGR-Clarín "no se puede negociar" debido a que están enrolados en ciertas corrientes políticas de izquierda. 

Su principal referente, en rigor, es Pablo Viñas, que se identifica con claridad como integrante del Partido Obrero. El comunicado de la empresa sobre el conflicto alimenta estas suspicacias: intenta deslegitimar el reclamo por 380 despidos y a quienes lo llevan a cabo calificando a quienes tomaron la planta como "activistas". 

Ya no trabajadores. "Activistas" como en el Proceso.
Es aquí que me hacen ruido las cosas y quiero contar mi propia experiencia como delegado de los periodistas de Clarín durante cuatro años largos.

 Mi paso por el sindicalismo de Prensa empezó con aquella primera elección de una comisión en noviembre de 2012, tras largos años de silencio sindical impuestos luego de los 200 despedidos del 2000, incluyendo a todos los delegados gremiales. Y duró hasta hace pocos meses, cuando se eligieron nuevos delegados por el flamante SIPREBA a mediados de 2016. Luego de eso, en un retiro masivo de periodistas, yo decidí dejar de trabajar en Clarín. Y frustrado también dejé el gremialismo.


MI experiencia como delegado fue sencillamente decepcionante

 Por mis propias raíces ideológicas, yo concibo el sindicalismo como un medio para mejorar las condiciones de trabajo de mis compañeros y no sencillamente como un arma para la resistencia. 

Será una ingenuidad, pero yo no pretendo un sindicalismo para defendernos de la patronal sino uno para progresar junto a ella, conciliando en cosas que sean ventajosas para ambos lados del mostrador. 

En este derrotero, fui sin duda el más negociador de los delegados que hubo en Clarín en los últimos años, hasta casi el extremo de quedar en ridículo frente a mis compañeros de trabajo y hasta parecer funcional a los intereses de la empresa. No hago un mea culpa, todavía creo que negociar era el camino correcto.


Pero lo cierto y dolorosamente cierto es que Clarín, la empresa, el grupo, jamás quiso sentarse a negociar. 

Ni cosas importantes ni pelotudeces siquiera. Mis mejores ideas quedaron mochas, sin punta, frente a la cara de piedra de quienes nos recibían luego de meses de protestas para que nos recibieran. Nunca decían nada, solo evasivas. Tienen razón, pero..

Nuestras ganas de conciliar siempre chocaban contra la negativa de la empresa a conceder el más mínimo de los beneficios.


- Nos decían que perdían plata con el diario y no podían aumentarnos nada. Les decíamos que ganaban plata con Cablevisión y que al menos nos dieran más barato el abono de internet en nuestras casas, pero nada.


- Nos decían que la ofensiva de Moreno era brutal y que los supermercados no querían poner pauta. Les decíamos que nosotros íbamos a ver a Moreno como delegados para convencerlo de que deje a Coto pautar a cambio de que nos dieran un voucher miserable para que podamos comprar morfi en el supermercado. Pero nada.


- Nos sacaron los taxis para salir de Constitución tarde de noche, y les decíamos que necesitábamos un sistema para salir de la zona caliente del diario sin ser choreados, o simplemente sin miedo. Hubo muchos casos de inseguridad, pero hasta que no molieron a palos al principal abogado del diario para sacarle un portafolio no cedieron. 

 Recién ahí montaron un sistema de combis.

Con Clarín no se puede negociar nada, porque tiene orden de no negociar. Su política para el personal es esa: no conceder jamás.

Un viejo decrépito llamado Jorge Figueiras, su añoso gerente de personal, aplica otras artes menos modernas: cuando no puede comprar delegados, los echa; nunca se sienta a hablar con los trabajadores salvo que sean los cuatro o cinco que les chupan las medias y lo tratan de padrino; no permite que se estructure un sindicalismo moderno y mucho menos cooperativo: sigue manejando las Paritarias con el sello vacío de la UTPBA y desconoce a los nuevos delegados. 
El viejo de mierda ese se cree al mismo tiempo empleador y empleado.

Así es todo. Y no por, mérito de Figueras sino por orden de alguien de mucho más arriba. Al viejo carnero finalmente lo corrieron cuando nosotros los trabajadores le empezamos a perder el respeto, nada más grave para un carcamán oxidado. 

Pero en su reemplazo pusieron una mina de cuarenta y bonita que venía no de sé corporación automotriz, mucho más modosita pero igualmente dócil ante la orden de no negociar nada. Nos sonreía mientras nos cagaba.
Aquí la pregunta a los que buscan por todos los medios descalificar lo que sucede en AGR-Clarín.


¿Quiénes son los activistas? ¿Le quedan otros caminos a los delegados gremiales frente a una empresa que cierra todos los caminos a la negociación? ¿Por qué el gobierno, en lugar de reprimir, no cumple con su tarea de propiciar los caminos para ese entendimiento?


Esta es mi triste experiencia como delegado gremial de Clarín, una empresa que no tiene diálogo con sus empleados más que uno de evidente tono autoritario, de ida sin vuelta.

No hay mayor violencia que eso.


Lo mío fue una furiosa decepción. Salvo porque al irme de la actividad gremial supongo me llevo puesto al execrable de Figueras, quien ya seguro ni conserva el mínimo respeto de sus pares de otras empresas. Si yo puedo decir esto acá sin consecuencias, seguro que es así.


Pero sus prácticas autoritarias siguen vigentes con nuevos modos. Y lo triste es que el gobierno las respalda.


Del Facebook de Matías Longoni

 (de Info y Datas)


- postaporteñ@ 1720 - 2017-01-23 







Venezuela : EL CARNET DE LA PATRIA

Varios Autores/ Aporrea

RUPTURAinfo 22/1/17

No al funesto chantaje del

 “carnet de la patria”!


Zuleika Matamoros 21/01/2017 


“Una pregunta… ¿lo del carnet de la patria es obligatorio o no?”


Así preguntaban dos señoras, Es que el chantaje que se ha creado alrededor del denominado “carnet de la patria” no tiene límites. “Mija, Maduro dijo que todo el mundo debe sacarse el Carnet de la Patria, y en la reunión de UBCH y CLAP “fulano” dijo que sacarse el carnet era obligatorio, al menos que no quisiéramos tener los beneficios del gobierno”. Comentarios que se escucharon por estos días.


Mucho se ha hablado de la lista Tascón, usada como una manera de discriminar a quienes no eran afectos al gobierno de Chávez y que no se sentían parte del proceso revolucionario. Por supuesto, como siempre, en aquella oportunidad la fulana lista aplicaba para él “de a pie” porque muchos de los firmantes ocuparon cargos de Dirección en el Estado y hasta Ministros llegaron a ser, a pesar de aparecer en la temida “Lista Tascón”.


El “carnet de la Patria” ha dejado a la lista de Tascón como un simple juego de muchachos. 

¡Qué barbaridad! tenemos un gobierno que toma medidas, no solo impopulares, sino que constituyen un “paquetazo rojo” en contra de los trabajadores y del pueblo al que han sometido a vivir una situación en la que la crisis la pagan los que viven únicamente de su trabajo. Estamos hablando de la misma política que ha vuelto añicos el poder adquisitivo y que ha hecho que lo que prevalezca hoy en nuestras vidas es el desabastecimiento, la escasez y el desamparo. 

El “Carnet de la Patria” viene quedando como una forma que tiene el gobierno de  decir “el que no esté conmigo la va a pasar muy mal, peor que mal”
“No tengo qué comer, voy a ver cómo resuelvo” es una frase que hoy en día es tan común como los viajecitos para Aruba y Curazao que hacen burócratas para hacer sus mercaditos en dólares. “No consigo la medicina”, “Se murió de un infarto, era hipertenso y hace dos meses que no tomaba las medicinas porque no se consiguen”. Son expresiones de una situación que se ha generado a partir de la política económica de Maduro y su gobierno y, que por supuesto, ha generado descontento y desprecio hacia su gestión. 

La miopía del gobierno no le permite ver que para muchos, para millones de venezolanos, la situación ya no puede ser peor. 

 Es decir, lo del chantaje para “acceder a los beneficios del gobierno” queda como una entelequia porque nosotros lo que hemos recibido es hambre y miseria.


Es por ello, que el gobierno en su desesperación inventa esta nueva forma de “amarrar” afectos a un gobierno que nada tiene que ver con el pueblo venezolano y que cada vez más camina por la peligrosa senda del autoritarismo y la vía antidemocrática.


Muchas dudas e incertidumbres quedan de esta “nueva táctica” del Partido de Gobierno, además de un sabor amargo que aliña la arrechera social que se acumula como una poderosa bomba de tiempo


¿Qué le pasará a quienes no se saquen el carnet de la patria? ¿La cédula de identidad queda como un simple papel sin validez o que solo identificará a los ciudadanos de tercera categoría? ¿Si vives en una zona popular no te venderán la escuálida bolsa del CLAP? 

¿No podrás acceder a créditos en la banca pública? ¿Será razón de despido en las instituciones públicas? ¿No te darán empleo? ¿Cupos en las universidades? ¿Podrás inscribir a tus hijos en una escuela pública? …


y así una larga lista de lo que podría significar este perverso mecanismo de chantaje social por parte de un gobierno que a cada paso que da lo que siembra es odio y desprecio, por decir lo menos.


Es por ello, que los que hemos sido parte del proceso revolucionario, los que sabemos que hay que construir un nuevo referente que deje atrás estas cúpulas podridas de la MUD-PSUV y sus silentes y nefastos aliados. Los que sabemos que las libertades democráticas fueron parte de la columna vertebral de la disposición de cambio de este pueblo, no caeremos en el chantaje de este infausto “Carnet de la Patria”.


… Por cierto… ¿de dónde sacaron la plata para los carnet? ¿El funesto carnet es prioridad antes que los alimentos y las medicinas?


… ¿Quién no tenga el carnet es susceptible de entrar en “sospecha” por parte de quienes creen que proscribiendo, encarcelando y reprimiendo pueden mantenerse en el Poder?






¿Carnet de la Patria o pena de muerte?

Héctor Ignacio Escandell Marcano

 21/01/2017 

Las listas de Tascón y el 1% para revocar a Maduro generaron despidos masivos, discriminación y odio en la Venezuela reciente. Ahora presentan el Carnet de la Patria, me pregunto si esto es la institucionalización del “apartheid criollo”


Tomando en cuenta la historia reciente y las declaraciones de varios representantes del Gobierno, este instrumento es sin duda una de las mayores amenazas para la paz social.


“Todo el mundo debe sacarse el Carnet de la Patria”, dijo el presidente Maduro en su última alocución. ¿De lo contrario que pasaría?, ¿No habíamos quedado según la Constitución que el documento que identifica a un venezolano es la cédula; o en su defecto la partida de nacimiento o pasaporte?
Este instrumento, que fue concebido como una estrategia política del partido de Gobierno no puede reemplazar de buenas a primeras lo que indica la Constitución y las leyes.


A buen entendedor… pocas palabras



Por si existen dudas, según la historia reciente todas las listas y bases de datos construidas por el Gobierno han sido utilizadas para sobornar y chantajear a la gente. ¿Por qué tendría que ser diferente ahora?


Si tienes el carnet aseguras comida a precios bajos, créditos en la banca pública, acceso a vehículos, becas y cuanto beneficio social exista; de lo contrario que: ¿No comes?, ¿No puedes comprar un carro?, ¿No puedes aspirar a mejoras académicas?


¿Sin esta tarjeta de alto costo seremos venezolanos de categorías inferiores?, ¿Qué dice el Tribunal Supremo de Justicia ante esta nueva y clara violación a las leyes?

Negocio, presumo…


Detrás de todo lo dicho, de la implicación social y política que tiene este instrumento, ¿De dónde salió la plata para diseñar e imprimir tantas tarjetas?, se supone que en medio de la crisis económica más profunda que ha vivido el país se debería priorizar y no mal gastar lo poco que entra a las cuentas.
¿Quién diseñó y se encargó de imprimir esto?, ¿Se trata de un nuevo negocio con la patria de excusa?, perdonen el atrevimiento pero Mercal y Pdval terminaron siendo eso, un criminal negocio que pudrió la comida importada.

¿Carnet o muerte?


La patria es de todos y para todos han dicho hasta el cansancio los que gobiernan este país desde 1998, ¿Se acabó está premisa?
¿Qué saco de mi cartera cuando me pare un fiscal, militar o policía en una alcabala?, ¿Qué va a pasar cuando el patrullaje inteligente detenga a una persona y en vez del Carnet de la Patria saque su Cédula de Identidad?
Me hago estas preguntas porque la verdad no sé qué será de los venezolanos cuando ya no tengan para comprar comida importada. 

¿Estarán firmando su sentencia de muerte los que no se saquen la cédula del PSUV?



Pd: Que pena, siempre fue mentira aquello de “Venezuela ahora es de todos”





 

El carnet antipatria



Javier Antonio Vivas Santana

 21/01/2017 


El madurismo ha llegado al paroxismo político.


Ante la pérdida de apoyo popular, y el saberse perdido ante cualquier evento eleccionario, ha inventado el más humillante de los instrumentos de inscripción forzosa en su corriente política, utilizando una simbiosis entre chantaje y amedrentamiento para obligar al pueblo, plagado de necesidades sociales, tener en la mayoría de los casos, que desprenderse de su dignidad para sumirse ante los deseos de la cúpula inmoral de un gobierno.


El madurismo es tan torpe en cada una de sus declaraciones que cuando dice que va a registrar 5 millones de familias con los nuevos instrumentos “gubernamentales”, acepta, si promediamos cuatro personas por familia, que 20 millones de venezolanos están en la línea de la pobreza, es decir, al asumir, que el país tiene aproximadamente unos 30 millones de habitantes, daría como resultado que el 75% de la población vive en condiciones infrahumanas.

 O sea, que mientras Maduro se jacta en afirmar que hasta “redujo” la pobreza en 2016, cuando hemos afrontado en combinación tanto la inflación más alta, como la caída económica más pronunciada de nuestra historia, la propia praxis del gobierno revela todo lo contrario; verbigracia, un aumento considerable de quienes ni siquiera pueden alimentarse y menos satisfacer otras necesidades.


Quienes integran el gobierno con esta acción, también demuestran lo inútil que ha sido la administración pública en el desempeño de sus funciones, cuando ni siquiera confían en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y menos en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) como garantes de la residencia y el ejercicio ciudadano de los venezolanos, o simplemente, intentan desde inicios de este año, realizar los movimientos ilegales de posibles votantes, hacia aquellos espacios en los cuales presentan mayor debilidad numérica, de acuerdo con los resultados electorales que obtuvo el madurismo en diciembre de 2015, los cuales representaron para ellos una estruendosa derrota.


El madurismo pretende con las nuevas entregas tecnológicas, que incluso superan con creces la composición y estructura de la cédula de identidad de los venezolanos; lo cual también deja al descubierto que el documento legal que rige la identificación de cualquier persona en el país (connacionales o extranjeros), conviene tenerla en un degradante formato, porque con ello, las cedulaciones rápidas o “exprés” no tienen inconveniente alguno, máxime en fechas cercanas de comicios nacionales, regionales o municipales.


Nicolás Maduro y sus zascandiles piensan que recurriendo desde la más sentida de las necesidades humanas, es decir, el hambre, pueden controlar y orientar el voto de los potenciales beneficiarios de una tarjeta de identificación en relación con sus cálculos políticos. Intentan corregir “como sea” los regalos que otorgaron en vísperas de las elecciones de la Asamblea Nacional, verificando de manera directa, hasta el desplazamiento de quienes en lo sucesivo, se “beneficien” de unos ingresos que apenas permitirán a tales familias, comida por unos días, porque aunque les vendieran los llamados CLAP en sus propias residencias, el resto del dinero tendrá que ser gastado en otras necesidades de transporte, educación, o salve Dios que sea de salud. Es decir, quienes piensan que el hambre les va a reportar votos, considero que ese mismo pueblo, sabe que están siendo despreciados, vejados y destruidos por el gobierno en su condición de vida.


El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aquella organización de la cual Jorge Rodríguez se jactaba en decir que tenía 7 millones de inscritos, ha quedado reducido, si es que lo logra, a 5 millones de personas registradas de manera obligada, lo que tampoco les garantiza reciprocidad en sus mezquinos intereses de clientelismo político.


Mientras ello ocurre, el país continúa en su marcha autodestructiva, generada por el efecto de nefastas políticas públicas, tanto en lo económico como en lo social, razón por la cual, la inflación, la escasez, la delincuencia, la corrupción y la pobreza son el único camino que vemos los venezolanos mientras Maduro y sus huestes neototalitarias se mantengan en el poder.


El carnet antipatria ha sido la concreción del más perverso de los mecanismos partidistas que gobierno alguno haya empleado para restringir los derechos fundamentales de los ciudadanos, desde lo más intrínseco del ser: la necesidad de comer para poder vivir. 

El carnet antipatria es un mecanismo de sobrevivencia humana para algunos y de único interés político para otros. 

El carnet antipatria es la máxima podredumbre que ha aplicado el madurismo, y su confesión que sus días en el poder están en cuenta regresiva, porque el hambre del pueblo se ha convertido en su peor enemigo. 

A propósito de ser ciego. Quien tenga ojos que vea







No Al Carnet De La Patria




Por: Armando Guerra  Militante del Partido Socialismo y Libertad
18.01.2017


El gobierno de forma reciente ha propuesta una jornada de carnetización de la población, según ellos, a objeto de obtener los “datos necesarios para gestionar las políticas sociales dirigidas a proteger derechos fundamentales del pueblo”. En voz de Aristóbulo Istúriz, esto sería el objeto del citado carnet. 

En la primera oleada, el llamado va dirigido a los pensionados, jóvenes mayores a 15 años incluidos en el sistema de misiones sociales, organizaciones y movimientos que hacen vida en el I Congreso de la Patria, las estructuras del PSUV, los voceros de los consejos comunales y comunas. Y para dar el ejemplo, los primeros carnetizados serían los diputados del PSUV.


A objeto de ayudar al debate, formularé algunas preguntas que quizás el lector pueda hacerse: Luego de toda una vida de militancia y 18 años en el poder, el que hoy se declara humilde servidor del Gobierno Obrero, 

¿Necesita aun información sobre las necesidades del pueblo venezolano? ¿Responde su política a satisfacer las necesidades del pueblo?

 ¿Necesitarán los diputados del PSUV un carnet, para el suministro de una bolsa de comida, por lo cual carnetizarse? Si a juzgar por la realidad vamos, el decir popular, reza que el pueblo hoy por flaco es víctima de la dieta de Maduro, tanto como que cada uno de los representantes del gobierno se ven cada vez mejor, si por gordura, lujosos carros y bien vestidos concluimos, que les va bien.
Pero eso aun así, esto es superficial. Veamos. 

El carácter populista del gobierno se ha hecho patente a lo largo de 18 años, mediante el control de los sectores más humildes de la población con el uso de la renta petrolera. El gobierno ha utilizado a su antojo a los empleados públicos, portando prendas de color rojo sean o no partidarios del gobierno cada vez que los requiere en una manifestación de calle. Ha amarrado a los misioneros ya no solo por los logros alcanzados, si aprendieron a leer o no, si alcanzaron un título universitario, si obtuvieron vivienda, un vehículo para trabajar, el motor de una lancha de pesca, una moto o una laptop. El gobierno, los convierte también en participes de su políticas, corrompiéndolos al cambian el carácter de lo que constituye un derecho, en una dádivas.


Recordemos el debate de la entrega de los apartamentos, de la GMVV y si estas debían o no ser acompañados de los documentos de propiedad y la cancelación de las viviendas. El gobierno entregó apartamentos sin asegurar el retorno de la inversión. Completamente gratis. 

Esta es la manera como se impone la incondicional sujeción a fin de mantenerse en el poder, a cuenta de dádivas, y a eso el gobierno lo llama: Socialismo. Si votas por mí, haré las viviendas. (*)


Fue esta la insinuación de Maduro, luego de la derrota del 6D. El mismo criterio ahora, se extiende a la bolsa de comida.


¿Y es que acaso esos no son los derechos, de los que debe gozar cada hombre o mujer, cada trabajador? A la vivienda, a la salud, a la educación, a la alimentación y a la vida digna? Y donde además el Estado debe ser el garante, porque así se acordó en la CRBV, citada tantas veces por el gobierno.


El carnet de la patria es una tarjeta de racionamiento, y al ser así, es otra forma de control del Estado sobre la población, como lo son también los CLAP, con su no tan regular provisión de alimentos a objeto de aumentar la dependencia de los sectores populares a los suministros, y amparados en la escases creada por el mismo gobierno. En medio del desabastecimiento y la carestía, son dádivas al pueblo, algunas veces de entrega a domicilio
¿Qué busca el gobierno con esto? 

Recuperar el terreno y los puntos perdidos, evidenciados después del 6D, y continuados con los nuevos desaciertos.

Se busca mantener el apoyo al gobierno a través de medidas clientelares que además sirven de control sobre amplios sectores de la población. Mientras tanto te siguen violando los derechos.


Es que acaso ¿Ese carnet, va a facilitar, el cumplimiento de un derecho hoy violado a miles de trabajadores en el país, como es el derecho a elegir y ser electo, y gozar de una genuina organización sindical como lo reza la LOTTT y en la CRBV, respecto a las elecciones sindicales?


Por ejemplo: en SIDOR, Corpoelec, Metro de Caracas, las Cementeras o PDVSA, donde por injerencia e imposición del Estado y de burócratas mafiosos como Wills Rangel, José Meléndez, Ángel Navas, Edison Alvarado y otros, los trabajadores de estas empresas se les han violado todos sus conquistas y derechos?. ¿Podrá este carnet, levantar el veto de suspensión de elecciones sindicales en PDVSA, impuesto tres veces consecutivas por el gobierno y Wills Rangel, cuando los petroleros exigen elecciones libres, democráticas y transparentes? 

Por eso solo nos queda decir: Elecciones sindicales libres, democráticas y transparentes en PDVSA, SIDOR, Corpoelec, Metros y las demás empresas del Estado


Podrá esta tarjeta, hacer que el presidente de la república, sus sindicalistas, diputados y ministros reconozcan el legítimo derecho a huelga, cuando el estado desconoce las aspiraciones salariales de los trabajadores a la firma de un contrato justo como ocurrió con los trabajadores de Corpoelec en el 2016, o SIDOR en el 2013-2014. En este último caso: Diosdado Cabello, Héctor Rodríguez, Wills Rangel y el Gobernador Francisco Rangel Gómez, visitaron Guayana para descalificar a los sidoristas por sus exigencias y afirmaron que la baja productividad de ese año se debía a los continuos paros, realizados.

 En el año 2016, no se realizaron paros en SIDOR, sin embargo a consecuencia de la escasa planificación gerencial, la restricción de energía eléctrica y la falta de insumos todos atribuibles al gobierno, al cierre del 2016 la producción total de SIDOR alcanzó al equivalente de un mes del año 2007.

¿Servirá este carnet para exigir un balance público, del estado de las empresas básicas de Guayana, como claman sus trabajadores?


Para las personas que han tenido dificultad, -y han sido muchos- en recibir una bolsa de comida, “gozar” del carnet quizás represente una opción para lograr un abastecimiento de productos. La sujeción, triste realidad la que espera a los venezolanos, si nos resignamos a la aplicación de ese chantaje.


Los trabajadores, hombres y mujeres siempre han llevado el sustento de sus hijos a la casa, bien ganado con el esfuerzo de sus trabajos. Los hombres y mujeres que aprecian el valor de su trabajo no mendigan, el sueldo. Exigen salario, exigen el pago justo, para sostener a sus familias. 

Por eso es que los trabajadores no se ven representados en ese miserable aumento otorgado por Maduro.

 El trabajo cuando es bien remunerado no produce quejas. Por eso a los pocos días de haber otorgado el aumento Maduro, los trabajadores ya ni se acuerdan y sigue la rabia. ¿Servirá este carnet, para que el gobierno atienda la tripartita con representación sindical, se evalúen los niveles de inflación, se congelen los precios y se determine el valor del salario? 

 ¿Servirá este carnet, para que se impulse la Reforma Agraria, la tierra sea de quien la trabaja, se asignen los recursos necesarios y se levante la producción en los campos?


Aceptar la aplicación de este carnet en un país petrolero, que llegó con el esfuerzo de los trabajadores a tener un gran potencial exportador de este recurso, y que con la renta petrolera y los recursos mineros de Guayana, levantó el gran emporio de las empresas básicas, hoy todas arruinadas por la corrupción y las nefastas políticas de este gobierno, no es aceptable. 

Eso sería como asentir a la gran mentira de la Guerra Económica, cuando la realidad es que el gobierno arruinó el campo venezolano, a las empresas del Estado y está dejando caer sobre los hombros de los trabajadores la crisis económica por ellos generada


Los gobiernos de Chávez y Maduro, a lo largo de 18 años, dilapidaron 900 mil millones de dólares, entregando recursos a las transnacionales del petróleo, de comunicaciones, nuevos y viejos banqueros ligados al gobierno, a importadores con dólares baratos y burócratas rojitos, y maletas llenas de dólares a gobiernos y empresarios amigos de su proyectos burgués. 

Robaron millones, que hoy hacen falta en hospitales y medicinas, en sembradíos productivos y alimentos para el pueblo, en calles y carreteras en buen estado y la culminación de infinidad elefantes rojos repartidos por toda la geografía del país. Huyendo hacia delante, descargan la crisis creada por ellos y sus socios de Odebrecht, los chinos, burgueses nacionales y muchos otros; sobre los hombros del pueblo trabajador.


Por último, y para que no se quede nada en el tintero, el gobierno junto a empresarios ha montado el Consejo de Economía Productiva, con reuniones periódicas donde discuten los ritmos y volúmenes de producción, precios y ganancias, y lo más importante los ajuste de medidas económicas que entre empresarios y gobierno nos imponen. 

¿Tendrá este carnet el poder de revertir esta realidad sostenida con discursos, mentiras y el respaldo de los corruptos del CNE, TSJ, y las FAB?


Ya hemos visto como los inocentes muchachos asesinados en Barlovento por las OLP, como muchos en los barrios de Caracas, no cobraron justicia, y solo sirvieron para que de manera cínica, Maduro les dedicara escasos minutos en su “entrega de cuentas”, y le metieran una H intercalada a las fatídicas OLP. Sobran ejemplos para ver que ha Maduro, poco le importan el valor de las palabras, menos le importa la vida del pueblo.


Comparto la idea que el Carnet de la Patria es una nueva trampa para imponer mecanismos de dominación del gobierno sobre amplios sectores de la población, y que las conquistas y derechos enumerados en estas líneas, como el derecho a la alimentación; este gobierno es incapaz de responder. 

Solo la movilización unitaria, autónoma e independiente de los trabajadores y sectores empobrecidos, puede encaminar las banderas y sentires del pueblo venezolano y para ello, debemos levantar la voz defendiéndolas como el interés común de todos los trabajadores.


En lugar de carnet para institucionalizar la pobreza y la miseria, el pueblo y los trabajadores deben movilizarse contra el gobierno y su paquete de ajuste. Es necesaria la lucha, por aumento de salarios acorde al costo de la canasta básica, y ajustable cada 3 meses acorde al incremento de la inflación, congelación de precios, que los asalariados no paguemos ISLR. 

El salario no es renta.
Elecciones sindicales libres, transparentes y democráticas en todas las empresas. Respeto a la libertad sindical. No a los CLAP.


Por el respeto a los procesos electorales a alcaldes, gobernadores y nacionales. Plena libertad a los partidos políticos. No al pago de la deuda externa ilegal e ilegítima. Confiscación de los bienes y cuentas de las empresas que sobrefacturan importaciones.


Por la repatriación de los capitales fugados y que se encuentran en bancos europeos y paraísos fiscales. Por la eliminación del IVA y por la aplicación de impuestos progresivos al capital.


Por la rescisión de los contratos de empresas mixtas. Porque la producción petrolera este toda, 100% en manos de venezolanos, sin empresas mixtas, por el rescate desde las bases de las empresas básicas, por un gobierno de los trabajadores, debemos llamar a la movilización autónoma de los trabajadores.


(*) Declaración de Nicolás Maduro del 09.12.2015 ante la pérdida de la AN. 

“Yo quería construir 500 mil viviendas el próximo año. Ahorita lo estoy dudando. No porque no pueda construirlas, porque puedo construirlas. Pero te pedí tu apoyo y no me lo diste”



posta - postaporteñ@ 1720 - 2017-01-23 




El largo calvario de la denunciante Chelsea Manning


Por: Amy Goodman y Denis Moynihan | Sábado, 21/01/2017


En abril de 2010, WikiLeaks publicó en su sitio web un video militar estadounidense clasificado, grabado desde la cámara de un helicóptero Apache. La grabación muestra una masacre de civiles en una calle de Bagdad, en Iraq. El video, que WikiLeaks tituló “Asesinato colateral”, documenta en un granulado blanco y negro y con detalles gráficos, el ataque perpetrada desde el propio helicóptero de combate el día 12 de julio de 2007. 


El helicóptero dispara metralletas contra un grupo de hombres, entre los que se encuentran Namir Noor-Eldeen, fotógrafo de la agencia de noticias Reuters, y su chofer, Saeed Chmagh. La mayoría de los hombres muere al instante. Noor-Eldeen huye pero las miras lo siguen, disparando sin parar, hasta que cae muerto.


La transmisión de radio que aparece en el video registra las voces de los soldados: “Muy bien. Ja ja ja. ¡Les di!”. Y después sigue: “Sí. Tenemos a uno arrastrándose por ahí abajo”. Justo en ese momento se puede observar a Saeed Chmagh, gravemente herido, que se aleja de los otros cuerpos arrastrándose por el piso. Una voz en el helicóptero, que busca una razón para disparar, dice: “Vamos, amigo. Todo lo que tienes que hacer es tomar un arma… Si vemos un arma, vamos a proceder”.


Llega una camioneta y varios hombres, claramente desarmados, salen y levantan a Chmagh para llevarlo a que reciba asistencia médica. Los soldados del Apache buscan y obtienen permiso para “proceder” con la camioneta y abren fuego, con lo que destrozan el frente del vehículo y matan a todos los hombres.
Cuando toda la gente a la vista está aparentemente muerta, llegan vehículos blindados estadounidenses. 

Cuando uno de los vehículos pasa por encima del cadáver de Noor-Eldeen, uno de los tripulantes del helicóptero dice entre risas: “Creo que acaban de pasarle por arriba a un cadáver”.


Democracy Now! entrevistó al responsable de la filtración en 1971 de los Papeles del Pentágono, un archivo secreto de Estados Unidos sobre la guerra de Vietnam. Se trata de Daniel Ellsberg, un veterano del Cuerpo de Infantería de Marina estadounidense que instruía a los soldados en las leyes de guerra. Ellsberg dijo sobre el video:

 “Artilleros de un helicóptero persiguiendo y disparándole a un hombre desarmado que vestía de civil, claramente herido, en un área donde estaba por llegar un escuadrón de soldados estadounidenses para tomar custodia de cualquier persona que siguiera viva, lo cual era sabido por los artilleros del helicóptero... Ese tiroteo fue asesinato. Fue un crimen de guerra”.


Durante años, Reuters intentó acceder al video, pero no logró obtener la autorización. Fue un joven analista de la inteligencia estadounidense con base en Iraq quien lo extrajo de los archivos y lo envió a WikiLeaks. Además del video, el analista también filtró cientos de miles de documentos secretos, como bitácoras de acciones militares en Iraq y Afganistán y cables clasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos. 

Finalmente, el analista fue traicionado por un confidente en Internet y fue arrestado.


El soldado era conocido en ese momento como Bradley Manning. Tuvo que sufrir duras condiciones de aislamiento en la Base del Cuerpo de Infantería de Marina de Quantico, en Virginia, por casi un año, en circunstancias que impulsaron una investigación por parte de Juan Méndez, en ese entonces relator especial de la ONU sobre tortura. 

Méndez concluyó: “Creo que Bradley Manning fue sometido a un tratamiento cruel, inhumano y degradante en el aislamiento excesivo y prolongado donde fue colocado durante los ocho meses que estuvo en Quantico”.


El soldado raso Manning fue juzgado por un consejo de guerra, condenado a 35 años de cárcel y transferido a la cárcel militar estadounidense de Fort Leavenworth, Kansas. Inmediatamente después de anunciarse el veredicto, Manning declaró públicamente que había iniciado un tratamiento de cambio de género y cambió su nombre a Chelsea Manning.


Manning ya ha cumplido siete años de su condena, durante los que padeció dificultades extraordinarias por ser una persona en procura de tratamiento de reasignación de género encarcelada por el Ejército estadounidense. Ha luchado para obtener tratamiento médico y para ser transferida de la cárcel de hombres, y ha intentado suicidarse en dos ocasiones. En Leavenworth, el castigo por intento de suicidio es más aislamiento.


Día a día fue creciendo a nivel mundial una campaña que solicitaba al presidente Barack Obama que indultara a Manning, la denunciante retenida en prisión por más tiempo en la historia de Estados Unidos. 

 Obama ha otorgado más conmutaciones de penas e indultos que cualquier otro presidente, más que nada a reclusos condenados por delitos no violentos relacionados con drogas. 

El martes emitió más de 209 conmutaciones y 64 indultos. Las conmutaciones reducen o eliminan lo que resta de la condena de una persona encarcelada, mientras que el indulto borra el antecedente del individuo, retirando por completo el veredicto de culpabilidad.

 Los indultos y las conmutaciones presidenciales no se pueden retractar. 

Entre las conmutaciones otorgadas el martes, una fue la de Chelsea Manning.
Con solo dos días restantes en el cargo de presidente, Barack Obama dio su conferencia de prensa final en la Casa Blanca. La primera pregunta, planteada por un periodista de Reuters, fue sobre su decisión de liberar a Manning. Obama respondió: “Chelsea Manning ha cumplido una dura condena a prisión. 

En cuanto al concepto de que una persona que considere revelar información vital clasificada pudiera pensar que eso no se castiga, con la sentencia que ha cumplido, no creo que Chelsea Manning tenga esa impresión. 

Según mi punto de vista, dado que fue enjuiciada, que se llevó a cabo el debido proceso, que asumió la responsabilidad por su delito, que la condena que recibió fue muy desproporcionada en comparación a lo que otros denunciantes han recibido y que había cumplido un tiempo importante de su condena, me parecía que tenía sentido conmutar, aunque no perdonar, su condena”.


La liberación de Chelsea Manning está prevista para el 17 de mayo.


- postaporteñ@ 1720 - 2017-01-23 



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