Número 1671| MIER 28 Sep2016
| Año 11
COLOMBIA |"DECLARACIÓN SOBRE EL PROCESO DE PAZ"
- Documento memoricida –
por Gloria GaitánComo cuchillada en el corazón leí la llamada Declaración sobre el proceso de paz que invita a votar SÍ en el plebiscito, que firman numerosas organizaciones de derechos humanos del continente y el mundo (1)
La declaración es un ejemplo contundente del resultado de la sistemática campaña de MEMORICIDIO que, a partir del día mismo en que asesinaron a mi padre Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, viene adelantándose desde la Academia, el Estado y el País Político y que ha logrado su efecto devastador, dando como producto que se ignore y pretenda ocultar el hecho cierto de que "la crisis humanitaria y de derechos humanos", de que habla la Declaración, la padece el país desde 1946, cuando de manera premeditada, sistemática y generalizada el gobierno de entonces adelantó el genocidio al Movimiento Gaitanista.
Son setenta (70) añosde crisis humanitaria y no 50, como ha pretendido hacerlo creer esta declaración, ocultando que este doloroso viacrucis se inició en 1946 bajo el gobierno genocida llamado de Unión Nacional, encabezado por el presidente de ese entonces, Mariano Ospina Pérez, a quien mi padre señaló con el dedo de la ignominia en su famosa Oración por la Paz.
Horrorizada y adolorida he leído cómo señalan en la Declaración que el acuerdo firmado entre el gobierno y las FARC “…representa, además de la finalización del conflicto armado entre las partes, un paso importante en el proceso de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación histórica y social en un país que ha vivido una crisis humanitaria y de derechos humanos durante los últimos 50 años” (sic)
¿Y qué de nosotros los que venimos padeciendo desde 1946 hasta hoy el proceso sistemático y reiterativo de DESMEMORIA, MENTIRAS, INJUSTICIA y EXCLUSIÓN HISTÓRICA? ¿No somos acaso colombianos? ¿No somos merecedores de que se respete nuestra dignidad y derechos humanos? ¡Cómo puede ser que se reconozca esta crisis humanitaria y de derechos humanos solo para quienes la han padecido durante estos "últimos 50 años"!
¿Acaso no fue Manuel Marulanda, comandante histórico de las FARC, quien en su biografía, escrita por Arturo Alape, dijo textualmente: “La familia de nosotros era gaitanista. Uno les oía comentar… que con el triunfo de Gaitán – al tío se le aguaba la saliva en la boca -, se desarrollaría en el país una política de colonización para los sin tierra y los sin trabajo, que les darían muchos créditos para el derrumbe de montañas. El árbol de la ilusión quedó cortado de raíz con el asesinato de Gaitán, las palabras cogieron rumbo tras la montaña”. ¿Pretenden, entonces, borrar de la historia el inicio de las guerrillas en Colombia y, concretamente, el comienzo de la lucha de Manuel Marulanda?
¿Qué buscan con eso?
Es posible que piensen que ya todos estamos muertos y que no hay nadie que reclame por las víctimas del período de 30 años que pretenden sepultar con el memoricidio.
¡¡¡Pues no!!!
Seguimos vivos y no hemos perdido la memoria. Por eso mi tesis de grado sobre la maestría en defensa de los derechos humanos, que curso en la Universidad Santo Tomás, versa sobre el MEMORICIDIO
Simultáneamente estoy escribiendo un libro que he titulado: EL CRIMEN PERFECTO: GENOCIDIO, MAGNICIDIO, MEMORICIDIO". Porque no solo la rama judicial comete impunidad. También es culpable la opinión pública memoricida
Muchos como yo, víctimas del asesinato de nuestros seres queridos y blanco de la persecución, que en este proceso venimos siendo marginados nos abstendremos de votar en el plebiscito, ya que hemos sido expulsados de la vida nacional y de la historia de Colombia.
GLORIA GAITÁN JARAMILLO
gaitanjaramillogloria@yahoo.es
Economista – Máster en Ingeniería Cultural
Alumna de la cohorte XX del Máster en defensa de los derechos humanos
Universidad Santo Tomás
Bogotá – Colombia
1/ El documento está firmado por:
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos - México Abuelas de Plaza de Mayo - Argentina Acción Solidaria en VIH/sida - Venezuela Ágora Espacio Civil - Paraguay Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL) - México Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) - Regional Asociación Otras Voces – Colombia Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) - Perú Aula Abierta - Venezuela Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello - Venezuela Centro de Derechos Reproductivo - Internacional Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM) - Ecuador Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) - Argentina Centro de Justicia y Paz (Cepaz) - Venezuela Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) - Regional Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Humanas - Chile CIVILIS Derechos Humanos - Venezuela Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CCAJAR) - Colombia Colectivo MECoPa (Migrantes y Exiliados Colombianos por la Paz) - Argentina Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) - Argentina Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) - Colombia Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) - Ecuador Comision Mexicana de Defensa y Promocion de los Derechos Humanos - México Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ) - Venezuela Comité de Familiares de las Víctimas (COFAVIC) - Venezuela Conectas Direitos Humanos - Brasil Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) - Colombia Consultorio Jurídico Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás - Colombia Convite AC - Venezuela Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay ( Codehupy) - Paraguay Coordinadora Nacional de Derechos Humanos - Perú Defensa de Niñas y Niños - Internacional (DNI) - Costa Rica Dejusticia - Colombia Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) - Egipto El Centro para la Paz y los DDHH de la Universidad Central de Venezuela (UCV) - Venezuela El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) - Venezuela Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús - Honduras Espacio Público - Venezuela Familiares de desaparecidos y detenidos por razones politicas - Argentina Fundación Memoria Histórica y Social - Argentina Fundación Myrna Mack - Guatemala Fundación para el Debido Proceso (DPLf) - Regional Grupo de Mujeres de San Cristobal Las Casa, A. C - México Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) - Uruguay Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS) - Perú Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos - Internacional Ipas Centro America - Internacional Kenya Human Rights Commission - Kenya KontraS - Commission for “the Disappeared” and Victims of Violence - Indonésia Laboratorio de Paz (LabPaz) - Venezuela LRC Legal Resources Center - South Africa Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora - Argentina Mesa de Víctimas del Conflicto Interno Colombiano en Argentina - Argentina MNCI Via Campesina - Argentina Movimiento Autónomo de Mujeres - Nicaragua Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes - Venezuela Paz y Esperanza - Perú Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) - Regional REDIM Red por los derechos de la infancia en México - México REDLAMYC Red latinoamericana y caribeña por los derechos de niñas niños y adolescentes - Regional Seguridad en Democracia (SEDEM) - Guatemala Sisma Mujer - Colombia StopVIH - Venezuela Terra Mater - Ecuador Transparencia Venezuela - Venezuela Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) - Bolivia West African Human Rights Defenders Network (ROADDH /WAHRDN) - Regional Washington Office on Latin America (WOLA) – Regional
Las FARC quieren hacer política en Colombia: ¿podrán?
Infolatam
Madrid, 25 septiembre 2016
Por CARLOS MALAMUD
En su X Conferencia, la primera no realizada en la clandestinidad, las FARC se han mostrado predispuestas a transformar su pesada y jerarquizada estructura militar en un moderno aparato político capaz de participar en la lucha electoral e institucional (“la democracia burguesa”).
Más allá de su voluntad, la gran duda es si serán capaces de reconvertirse de soldados en políticos
Para ello tienen que vencer numerosos obstáculos, comenzando por el hecho de haber vivido durante largo tiempo al margen de la realidad. Esta situación ha condicionado toda su actividad y refuerza la omnipotencia actual de sus militantes. Estaba escrito a fuego en su catecismo que en el contexto de la guerra popular al poder se llegaba por la vía de las armas. La lógica imperante, a la que incluso se subordinaba la política, estaba recogida en el viejo adagio maoísta de que “el poder nace de la boca del fusil”
Paradójicamente los más encarnizados enemigos del actual proceso de paz, como Álvaro Uribe, Andrés Pastrana o Plinio Apuleyo Mendoza, siguen pegados a la misma lógica. Mendoza señalaba recientemente que “las FARC no van a dejar de lado el objetivo de llegar al poder”. Pero, al tratarse de un objetivo común a todos los que se dedican a la política, la cuestión de fondo es si el movimiento surgido de las FARC contará con el respaldo popular suficiente y actuará según el marco legal establecido. De todos modos, una vez desmovilizado y desarmado, el movimiento insurgente nunca volverá a ser lo que era.
La mencionada omnipotencia de los dirigentes y militantes guerrilleros, junto con su larga experiencia al margen de la realidad, se han vuelto a manifestar durante la X Conferencia al intentar bautizar al nuevo movimiento político como Frente Amplio para la Reconciliación de Colombia-Esperanza y Paz (FARC-EP), lo que implicaría mantener las siglas de la organización.
Otros nombres barajados son: Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia y Partido Comunista Colombiano, aunque puede que se termine imponiendo Partido Popular.
Curiosamente no eran los viejos dirigentes quienes intentaban evitar la desaparición del mítico nombre fundacional sino algunos representantes de las nuevas generaciones. Como dijo un grupo de jóvenes guerrilleras: “Si cambia el significado de las palabras no tiene por qué haber problema”. Para evitarlos, se ha decidido posponer la decisión final a una conferencia fundacional del nuevo partido a celebrar tras la desmovilización y el desarme de la guerrilla, probablemente en mayo del año próximo.
Es verdad, como sostienen diversos testimonios de los negociadores oficiales, que los dirigentes guerrilleros cambiaron su discurso durante los más de cuatro años de conversaciones en La Habana. Algo similar manifestó Ingrid Betancourt al referirse a dichas transformaciones. Según ella, de las declaraciones iniciales de los comandantes, “muy doctrinarias, cerradas, llenas de orgullo y casi prepotencia”, o las de líderes como Timochenko “que no se arrepentían de nada”, se pasó a las más recientes manifestaciones, en las que el propioTimochenko “se arrepiente del secuestro y asegura que fue el gran error de la organización”
El cambio en el discurso no llegó a todos los jefes guerrilleros. Henry Castellanos Garzón, “Romaña”, en una entrevista concedida a La Silla Vacía mostró la soberbia de la que hablaba Betancourt y la sensación de que eran ellos los que habían ganado la guerra. Tras llamar en varias ocasiones “mamita” a la periodista, clara señal de machismo, afirmó tajante:
“En las FARC, nosotros estamos resueltos a no pagar ni un solo día de cárcel, no solamente para nosotros sino para el resto de la gente que estuvo dentro del contexto de la guerra y estuvo desarrollando una lucha”. El creador de las “pescas milagrosas” llegó a justificar los secuestros, producidos en el marco de la “rebelión” para “conseguir las finanzas con el fin de sostener una lucha de que no teníamos” y consideró que ese tipo de crímenes está al margen de los delitos contemplados por el Derecho Internacional Humanitario.
Sin embargo, los Acuerdos señalan que ese tipo de delitos cometidos “de forma sistemática o como parte de un plan o política” no serán amnistiados de ninguna manera
El machismo de Romaña no es una seña de identidad personal sino de toda la organización. Es proverbial la falta de mujeres entre sus cuadros superiores y si quieren avanzar en una estructura paritaria deberán hacer un gran esfuerzo. Lo mismo a la hora de dar cabida a las nuevas generaciones. Los rígidos mecanismos de ascenso del pasado, unidos a estructuras verticalistas de mando y a una desconfianza atávica por la violación de las reglas de la clandestinidad dificultarán el funcionamiento cotidiano del nuevo partido.
Toda indica que este nuevo partido echará a andar rápidamente, pero los obstáculos para su consolidación serán enormes. Y si bien sus principales dirigentes son conscientes de algunos de estos problemas, quedan algunas dudas:
¿Mantendrán, en su nueva vida pública, los nombres de guerra por los que eran conocidos o recuperarán sus viejas señas civiles?, ¿qué pasará con las nuevas incorporaciones, con aquellas personas que no habían estado vinculadas a la lucha armada pero creen en el proyecto de las FARC?
Otro tema de interés será el del liderato. ¿Los viejos jefes militares conservarán su poder dentro de la organización o darán entrada a caras nuevas, no contaminadas por el conflicto ni por el estigma de los crímenes cometidos en su transcurso?
Junto a los problemas organizativos hay otro muy importante, como el ganarse la confianza de los colombianos y hacer que su mensaje llegue a la sociedad. Hay que recordar sus bajos índices de confianza entre la opinión pública (su aprobación no supera el 3%) y la dificultad que eso implica en la lucha partidaria.
Por eso, no les bastará una mayor implantación en las zonas rurales. Si quieren hacer política en serio deberán desembarcar en las ciudades, con estructuras ágiles, cuadros renovados y un mensaje claro. Éste es su mayor desafío. Su futuro éxito dependerá de que sean capaces de hacer frente a los retos planteados. El camino de las FARC a la paz pasa por la política, pero no será un tránsito sencillo
Colombia ¿Cuál paz?
Carlos CarcioneAporrea, 24-9-2016
En el momento en que se escribe este texto un vocero del Secretariado de las FARC-EP, [1] informaba a la prensa presente en la X Conferencia de esa organización, que los delegados convocados para el evento aprobaron los Acuerdos de La Habana por unanimidad.
Así se da un nuevo paso hacia la finalización del conflicto armado más antiguo del continente. Lo que sigue es la firma protocolar que se realizará el 26 de este mes en Cartagena y que contará con la presencia, entre muchos otros testigos, del Secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolín, enviado especial del Papa Francisco. Y luego, el 2 de octubre, se realizará el plebiscito que, de aprobarse, dará comienzo formalmente a la hoja de ruta que convertirá a esa guerrilla colombiana en un movimiento electoral legal.
Las expectativas que despierta este hecho, son muchas. Cincuenta y cuatro años de conflicto armado, millones de despojados y desplazados, decenas de miles de desaparecidos y centenares de miles de asesinados, es el altísimo costo pagado hasta ahora por el pueblo colombiano por el conflicto y sobre todo por la utilización del conflicto por parte de las oligarquías.
Por esas expectativas es que la mayoría de los movimientos sociales y de la izquierda llaman a votar SI en el plebiscito aunque de manera muy crítica. Porque también son muchas las incertidumbres y las dudas.
Y muchas las preguntas que merecen respuesta.
¿Mejoran los acuerdos las condiciones de la lucha social?
¿Se ve en los acuerdos rastros de que cambiará para mejor la vida de la gente?
¿Se detendrá realmente la violencia contra los luchadores?
¿Se abre la posibilidad de un cambio del sistema político que facilite la participación de los excluidos o solo se asegura la participación política de las FARC-EP? ¿Se abren espacios para debatir el modelo económico?
¿De triunfar el plebiscito, se desmovilizará efectivamente él para militarismo? Y ¿Uribe, su jefe político, aceptará el resultado? ¿Por qué tiene tanto peso el NO en las encuestas previas al plebiscito?
Cuando se conoció el acuerdo del cese fuego definitivo, decía William Ospina, escritor colombiano honrado en Venezuela con el premio Rómulo Gallegos por su novela El país de la Canela:
"¿Pero por qué la gente está tan escéptica? ¿Por qué no hemos visto el júbilo que debería acompañar a un proceso tan vital para nuestro futuro? Porque nadie siente que este proceso esté cambiando las condiciones que nos llevaron a la guerra y que la hicieron posible durante 50 años. Algo en el corazón de la sociedad presiente que una paz sin grandes cambios históricos, una paz que no siembre esperanzas, es un espejismo, hecho para satisfacer la vanidad de unos políticos y la hegemonía de unos poderes, pero no para abrirle el horizonte a una humanidad acorralada por la necesidad y por el sufrimiento..." [2]
Veamos qué hay de cierto en esta afirmación.
Plebiscito, Congreso y cambios políticos
Pero que según una decisión del Tribunal Supremo de Justicia este plebiscito solo es vinculante si la propuesta de Paz pierde.
Pero de darse el triunfo del Sí a los Acuerdos, la ruta, los ritmos y la aplicación efectiva de lo que no está específicamente pautado, queda en manos del Congreso.
Así se puede empezar a comprender que los cambios de ese sistema político elitista, corrupto y perverso se limitan a la incorporación inmediata al Congreso, en el actual periodo parlamentario, de 3 voceros de las FARC que no tendrán voto. Y se le garantiza a esa organización 10 lugares en el parlamento en los dos próximos periodos, aunque los votos que obtengan no sean suficientes para ello.
Por otra parte, lo referente a justicia transitoria, declara la impunidad para el paramilitarismo. Una vez que acepten haber cometido hechos aberrantes no podrán ser juzgados.
Pero además no está establecido ningún mecanismo para restablecer la verdad histórica. Por lo que quedarían sin castigo y sin esclarecimiento los más de 5.000 casos de "falsos positivos" de los que es responsable político Uribe Vélez.
Tierra y modelo económico
Sin embargo al estar planteado en términos generales, sin un plan, sin límites claros en el tiempo que tendría que ocurrir, ni estar claramente establecida una comisión de seguimiento, en fin al quedar en manos del Congreso, su concreción se vuelve incierta.
Pero lo novedoso es que en los acuerdos es que la FARC acepta la participación del capital transnacional como actor agrario, abriendo espacio a la desnacionalización de la tierra y la extensión del latifundio.
Lo anterior completa el modelo de entrega de soberanía insataurado con el Tratado de Libre Comercio que filmó Colombia con Estados Unidos, que a lo largo de más de una década acentuó la desindustrialización del país, la entrega de las empresas pública al capital financiero internacional y lo convirtió en un exportador recursos naturales mineros.
Lucha Social y Violencia Estatal
Así no sólo no se reduce sino que se fortalece un ejército de más de medio millón de soldados, el más grande del continente sin tomar en cuenta a Brasil. Una fuerza armada que recibió inversiones por más de 130.000 millones de dólares en algo más de diez años. Un ejército asociado a la OTAN, con una doctrina que considera enemigo interno a los disidentes políticos.
Por otra parte para la lucha social no ha habido tregua: desde el inicio del cese del fuego definitivo hasta el 14 de septiembre más de dos docenas de líderes y lideresas sociales y de derechos humanos fueron asesinados.
Mientras que simultáneamente, el Congreso, el mismo que va a administrar los Acuerdos de La Habana votaba en julio de este año un nuevo Código de Policía que entre otras cosas obliga a anunciar con anticipación la realización de las protestas sociales y autoriza a disolverlas en el momento que las autoridades lo consideren. Igual que habilita a allanar los domicilios sin orden judicial previa.
¿Una oportunidad a la Paz?
Demos una oportunidad a la Paz. Pero eso es imposible, porque como señalaba Ospina, sin cambios históricos esa paz es un espejismo.
El sentido del voto critico por la opción SI en el plebiscito no debe ser, en todo caso, darle la oportunidad a ese espejismo de paz construido para cubrir la vanidad de las cúpulas políticas.
Por el contrario, puede ayudar a reagrupar y fortalecer al movimiento social y la izquierda detrás de una acción política unitaria. Que de manera independiente y autónoma, decida sacudirse la sombra de una guerra que ya hace mucho tiempo no es suya, para enfrentar sin el lastre de esa sombra las luchas que vienen.
[1] http://www.telesurtv.net/news/X-Conferencia-de-las-FARC-EP-aprueba-acuerdo-de-paz-20160919-0052.html
[2] http://prodavinci.com/2016/06/28/actualidad/la-paz-son-los-cambios-por-william-ospina/
- postaporteñ@ 1671 - 2016-09-28
postalinas
Bs As - viernes 30 de Septiembre 19, 30hs
HOMENAJE A JOSÉ LUIS NELL Y LUCÍA CULLEN
Hablaran
SEBASTIÁN GIMÉNEZ autor
ROBERTO PERDÍA dirigente de Montoneros
JOSÉ “GALLEGO” MANEIRO ex militante de MRO Uruguay
EMMA ALMIRÓN militante de la Villa 31 y cumpa de Lucía Cullen y Padre Mugica
AGUIRRE 29 (a mts. de Ángel Gallardo y Corrientes CABA
SÁBADO 1 DE OCTUBRE:
JORNADA MUNDIAL DE FURIA
POR ALEPO
Organizaciones y personalidades de todo el mundo han convocado a una jornada mundial de solidaridad con el pueblo de Alepo y exigiendo que cese estos bombardeos y el sitio a Alepo.
Los socialistas revolucionarios de la UIT-CI nos sumamos a esta convocatoria y llamamos a las organizaciones políticas, sociales, estudiantiles que se reclaman democráticas y de izquierda a unirnos en solidaridad con el pueblo sirio que resiste heroicamente en Alepo y decenas de ciudades. En la batalla por Alepo se está jugando el destino del pueblo sirio.
¡Alto al bombardeo a Alepo!!
¡Exijamos que se levante el sitio!
¡Fuera los rusos y los yanquis de Siria!
¡No al ISIS! ¡Fuera Turquía e Irán de Siria!
Abajo Al Assad!
¡Que los gobiernos rompan relaciones diplomáticas con el carnicero Al Assad!
¡Solidaridad incondicional con el pueblo sirio!
Unidad Internacional de los Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)
26 de setiembre de 2016
Convocan a evento "Buenos Aires: provincia tóxica"
Servindi, 27 de setiembre, 2016En el marco de las actividades del Tribunal de los Pueblos por la Soberanía Alimentaria, diversas organizaciones convocan al evento Buenos Aires – Provincia tóxica que se realizará el 30 de setiembre de 10 de la mañana a 4 de la tarde.
La jornada se realizará en la Plaza San Martín de la ciudad de La Plata y tendrá como objetivo concientizar sobre el Tribunal que se realizará el 14 de octubre en La Haya, Países Bajos, donde la multinacional Monsanto será juzgada bajo el cargo de Ecocidio.
La iniciativa también busca hacer visible los problemas socioambientales que padecen los bonaerenses debido al avance del modelo extractivo urbano y rural que muchas veces hace que la vida sea una ardua lucha cotidiana.
Las enfermedades, los problemas habitacionales, la contaminación, las inundaciones, la represión y el despojo son algunas de las caras cotidianas del modelo.
Durante el evento se hará un diagnóstico de la situación que se padece con el fin de accionar y comenzar a trabajar en un mapeo colectivo. Asimismo, habrá charlas, feria de semillas, actividades para niños y niñas, música en vivo, entre otras.
La convocatoria es realizada por la Central de Trabajadores de la Argentina – Autónoma (CTA), las Seccionales Berazategui, Berisso, La Matanza, Luján, Quilmes y San Nicolás.
Asimismo convocan Aletheia por la Vida, Asamble de Vecinos por la Vida – Fuera la Subestación Rigolleau, el Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente, el Grupo de Reflexión Rural (GRR) y la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de La Plata.
También forman parte de la convocatoria Millones Contra Monsanto, Movimiento Argentina Rebelde (MAR), Red Ecosocialista, Unión Solidaria de Trabajadores (UST), Unión de Empleados y Técnicos de Telecomunicaciones (UETTEL), Nuevo Sindicato Gastronómico, entre otros.
El 18 de agosto las mismas organizaciones hicieron una protesta en la puerta de la Legislatura para decirle NO a la Ley Procancer
MVD | La pluma azul, tertulia poética
Sábado 1 de octubre a las 20 hs
INICIAMOS OCTUBRE con más poesía de Uruguay y en esta ocasión, un invitado de MéxicoUruguay - Luis Pereira y Cecilia Lage
México - Jorge Posada
Otra noche inesperada de encuentro.
Nos vemos ahí!!!
Organiza esta Pluma: Laura Alonso.
& en apoyo seguimos en movimiento: Andrea Estevan, Alicia Preza e Isabel Gallo.
Arte gráfico: Laura Alonso.
SÁBADO 1º DE OCTUBRE A LAS 20 HS
MALDONADO 1162 - SES esq. Gutiérrez Ruiz
ATENEO Heber Nieto
P.P. - postaporteñ@ 1671 - 2016-09-28
EL NEGOCIO DEL TERRORISMO DE ESTADO
Sudestada/ Montevideo 13/09/2016
A 43 años del golpe de Estado de 1973, se publicó un libro que arroja luz sobre el negocio del terrorismo de Estado en la dictadura uruguaya y aporta datos sobre los cómplices de los delitos económicos perpetrados durante el proceso cívico militar. El trabajo fue coordinado por el argentino Juan Pablo Bohoslavsky, asesor en la oficina del alto comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas...
El libro consta de una introducción escrita por Bohoslavsky donde describe las motivaciones y características del libro y una segunda parte escrita por Naomi Roht-Arriaza, en la que presenta y discute los motivos por los cuales la justicia distributiva, los derechos económicos, sociales y culturales y, más específicamente, la complicidad económica, no merecieron en las últimas décadas una dedicada atención en el campo de la justicia transicional. También describe los recientes avances en Argentina y Brasil en materia de responsabilidad por complicidad económica
La sección II se ocupa de las relaciones internacionales y la economía durante la dictadura con capítulos escritos por Isabel Clemente (Cap. 3), Jorge Notaro (Cap. 4), Juan Pablo Bohoslavsky (Cap. 5), y Jaime Yaffé (Cap. 6)
La sección III se centra en los empresarios y los trabajadores y en él se incluyen los trabajos de Carlos Demasi (Cap. 7) y Federico Leicht (Cap. 8)
La sección IV se centra en la corrupción durante la dictadura y en el rol de los medios de comunicación. En ella aparecen los trabajos de Fabián Werner (Cap. 9) y de Samuel Blixen y Natalia Uval (Cap. 10)
La sección V analiza los aspectos jurídicos de la complicidad económica, con los capítulos escritos por Nicolás Carrillo Santarelli (Cap. 11) y de Ariela Peralta y Gianni Di Palma (Cap. 12)
La sección VI presenta las conclusiones a cargo de Francesca Lessa y Gabriel Pereira, quienes ubican este volumen en una tendencia creciente a nivel mundial a responsabilizar a las empresas por sus violaciones de derechos humanos, incluyendo el formato de cómplice.
A su vez identifican las causas que han impedido que en Uruguay la agenda de memoria, verdad y justicia comprendiera a los cómplices económicos de la dictadura
A modo de adelanto del libro se publica a continuación un fragmento de la introducción escrita por el coordinador del trabajo, Juan Pablo Bohoslavsky.
La complicidad económica en la agenda de verdad, memoria y justicia
Todos esos factores y actores han estado permanentemente influenciando en el complejo y fluido proceso de discusión en torno a la Ley de Caducidad aprobada en 1986 (Marchesi, 2013; Mallinder 2009)
Entre 1986 y 2011 se puede identificar un periodo de vigencia (impunidad) más o menos continua de la Ley de Caducidad. Con el referéndum de 1989 se ratificó por medio del voto popular la aplicabilidad de dicha ley.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó en 1992 (Informe 29/92) que la Ley 15.848 era incompatible con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, no se adoptaron medidas consistentes para individualizar sistemáticamente a los responsables, sólo prosperaron algunos –pocos– juicios penales
Recién en 2009 la Suprema Corte dictaminó la inconstitucionalidad de la ley, pero a los pocos días un plebiscito resolvió, otra vez, su vigencia. En 2011, con la Ley Nº 18.831, se restableció la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado, mientras que el Poder Ejecutivo revocó ese mismo año (CM N° 323) las resoluciones administrativas que impedían la investigación y enjuiciamiento de los criminales (Bouvet, 2013)
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El andamiaje jurídico estaba listo para avanzar decididamente con los juicios. Sin embargo, previo a trasladar a un juzgado civil de manera arbitraria a la jueza Mariana Mota, quien estaba impulsando las investigaciones de los crímenes de la dictadura, en marzo de 2013 la Suprema Corte (con un voto en disidencia) declaró inconstitucional dos artículos claves de la Ley N° 18.831
Esta situación de parálisis casi total en las investigaciones judiciales –y sin perjuicio de los esfuerzos de un número de fiscales por proseguir con los juicios– se ha prolongado hasta 2015 (Comisión Internacional de Juristas, 2015).
Este cuadro es inconsistente con los requerimientos de verdad y justicia impuestos en 2011 –y reiterados en marzo de 2013– por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman vs. Uruguay.
Frente a ese cuadro sombrío se vislumbró en el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, creado por el presidente Tabaré Vázquez en febrero de 2015, un haz de esperanza para quebrar ese manto de impunidad. De hecho, en mayo y en julio de 2015 la Suprema Corte aceptó la tesis que establece que el período de vigencia de la Ley de Caducidad no debe computarse dentro del plazo de prescripción de los delitos, con lo que los procesos contra los autores de las violaciones de derechos humanos podrían ahora proseguir su marcha
Aún así, y dejando a salvo dos procesamientos en 2015 (12) y una sentencia de casación de la Suprema Corte de Justicia que desestimó el recurso presentado por dos condenados (13), el ritmo de las causas es extremadamente lento.
De hecho, en 2015 no se dictó ninguna sentencia (condenatoria o absolutoria) en las causas por crímenes cometidos durante la dictadura que ya llevan varios años en etapa de investigación (14). En ese contexto, no hay duda de que una asignatura pendiente es entender, reconocer y dar adecuada respuesta a la cuestión de la complicidad económica durante la dictadura.
Esa respuesta no debería consistir, exclusivamente, en un análisis microscópico de los comportamientos corporativos sino también sistémico a fin de comprender la racionalidad económica de la dictadura y en qué medida esas políticas económicas constituyeron (o constituyen) un legado para la democracia uruguaya. Este análisis holístico de la dictadura podría, presumiblemente, generar una coyuntura crítica (Lessa, 2014) que facilite una retroalimentación entre la agenda de responsabilidad de los autores principales de los delitos de lesa humanidad y la de responsabilidad de sus cómplices económicos
Aun cuando su validez jurídica es duramente cuestionable, la Ley de Caducidad en su art. 1 excluyó de su manto de impunidad a los delitos cometidos por aquellos que no fueran funcionarios militares o policiales, con lo que los actores económicos cómplices no podrían aspirar, en ningún caso, a ser amparados por esta misma ley.
Además, su art. 2 excluye los delitos (hayan sido cometidos por militares, policías o civiles) «que se hubieren cometido con el propósito de lograr, para su autor o para un tercero, un provecho económico». De esta manera, aún dentro del controvertido universo jurídico diseñado e impuesto por el gobierno de facto no ha caducado la pretensión punitiva del Estado para asignar responsabilidad penal o civil por complicidad económica.
Así las cosas ¿por qué esa misma pretensión punitiva contra los cómplices no ha sido ejercida hasta ahora?
La ausencia de un debate en torno a las complicidades económicas durante la dictadura cívico-militar (aun cuando no existían –según se explicó– restricciones legales para avanzar en esa dirección) se ha debido, en primer lugar, a las mismas causas fácticas que han obstaculizado por décadas el avance cabal de los mecanismos de rendición de cuentas por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado: un manto de impunidad y silencio creando y recreando las condiciones políticas para impedir la investigación de los crímenes y las complicidades civiles.
Aún más. Empresas y empresarios cuyos comportamientos durante la dictadura merecerían ser escrutados a la luz del contenido de este libro aún detentan una notable incidencia en la vida política del país. Este solo dato brinda una pauta acerca del enorme desafío pendiente que existe en el país en materia de justicia y fortalecimiento de la democracia.
Además, tal como lo señala Naomi Roht-Arriaza en su capítulo, el hecho de que los organismos de derechos humanos y las víctimas hayan concentrado la agenda de verdad, memoria y justicia en los crímenes de lesa humanidad de algún modo invisibilizó las complejas tramas de la complicidad económica. Del mismo modo, mientras los activistas de derechos humanos concibieron a los juicios penales como el instrumento y objetivo claves de sus esfuerzos, la responsabilidad penal no necesariamente capta los aspectos más complejos de la complicidad económica.
La mayor protección jurídica interamericana de los derechos civiles y políticos comparada con la de los derechos sociales, económicos y culturales también contribuyó a marginalizar la consideración de la económica en el proceso transicional. Aunque esto está cambiando rápidamente a nivel internacional y regional, el mayor énfasis en los actores estatales (por sobre los no estatales) cuando pensamos en abusos de derechos humanos constituyó otro factor que contribuye a entender la marginalización de la cuestión de la complicidad económica en la agenda uruguaya
Este libro pretende ser un aporte para ampliar nuestro conocimiento empírico en torno a las complicidades económicas durante la dictadura, para el desarrollo de un marco teórico más sofisticado en el campo de la justicia transicional que permita comprender más cabalmente cómo y por qué existen gobiernos autoritarios, y para la toma de consciencia de que no abordar las causas sociales, políticas y económicas que impulsaron y/o hicieron posible la dictadura no hace ningún favor a la promesa del nunca más.
Con la reciente creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, correlativamente, se abre una oportunidad para revertir esa tendencia y avanzar en torno a las violaciones de derechos humanos y las complicidades económicas que las hicieron posibles
Tanto la responsabilidad de los cómplices civiles –y más específicamente de los actores económicos– y la de autores directos de los crímenes deberían ser articuladas no solo en una narrativa histórica integrada sino también en un sistema jurídico que asigne responsabilidades primarias y secundarias de una manera consistente.
Además, al influenciarse unas a otras las medidas de justicia transicional debería procurarse su potenciación recíproca. Un ejemplo: el derecho a la verdad comprende conocer y reconocer a los autores materiales de los crímenes y a quiénes los ayudaron
Más allá de que –según lo explican Ariela Peralta & Gianni Di Palma y Nicolás Carrillo Santarelli en sus respectivos capítulos– tanto el derecho uruguayo como el derecho internacional sancionan claramente la complicidad con violaciones de derechos, la idea de que los actores económicos pueden ser responsables por complicidad no es algo novedoso.
En primer lugar, porque ya en 1946 la jurisprudencia del Tribunal Militar de Núremberg había reconocido la responsabilidad de los empresarios que habían contribuido a la maquinaria estatal nazi (Nicosia y Huener, 2004)
Aquellos que ejecutan el plan no evaden su responsabilidad demostrando que actuaron bajo la dirección de la persona que lo concibió […]. Esa persona debió tener la cooperación de políticos, líderes militares, diplomáticos y hombres de negocios. Cuando, con conocimiento de los propósitos de aquella persona, le prestaron cooperación, ellos mismos formaron parte del plan que esta había iniciado. Ellos no pueden ser considerados inocentes […] si sabían lo que estaban haciendo (15).
Y, en segundo término, porque ya se encuentra ampliamente aceptado en la comunidad internacional y de manera creciente a nivel nacional que las empresas tienen obligaciones ineludibles en materia de derechos humanos, siendo una de ellas la de no facilitar, per se o contribuyendo con otros criminales, a la violación de derechos humanos.
La infracción a este deber acarrea consecuencias jurídicas. De hecho, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó en 2011 (Resolución A/HRC/17/4) los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos
Por otro lado, un número creciente de comisiones de la verdad (16) han comenzado recientemente a incorporar a sus mandatos los problemas económicos que explican, por lo menos en parte, las causas y factores coadyuvantes de los gobiernos autoritarios.
De hecho, en los casos en los que las prácticas económicas de esos mismos gobiernos autoritarios se prolongan ya en democracia, perpetuando situaciones de exclusión popular y de privilegios para las elites, lleva a pensar que no abordar la cuestión de la complicidad económica en el pasado reciente implica un riesgo cierto de reproducir y legitimar violaciones de derechos económicos y sociales fundamentales del presente.
(12) Pedro Barneix y José Puigvert (jueza Beatriz Larrieu), por un lado, y Héctor Amodio Pérez (jueza Julia Staricco), por el otro.
(13) Sentencia del 7 de mayo de 2015, ver aquí.
(14) El autor agradece a Pablo Chargoñia, coordinador del Equipo Jurídico del Observatorio Luz Ibarburu, por haberle suministrado información precisa y actualizada sobre el estado de las causas judiciales.
(15) United States v. Goering (The Nuremberg Trial), 6 F.R.D. 69, 112 (Int’l Mil. Tribíd. 1946).
(16) Kenia, Liberia, Sierra Leona, Sudáfrica y Timor Oriental. En 2014 se constituyó en Argentina la Comisión de la Verdad sobre Complicidad Económica de la provincia de Río Negro y las legislaturas de Santa Fe y Buenos Aires dieron media sanción a proyectos similares. En diciembre de 2015 el Congreso Nacional aprobó la creación de la Comisión Bicameral de identificación de las complicidades económicas y financieras durante la última dictadura militar para la búsqueda de la verdad, la memoria, la justicia, la reparación y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia.
- postaporteñ@ 1671 - 2016-09-28
La Enfermedad Del Periodismo
En estos días se viralizó por segunda o tercera vez el artículo publicado en este blog cuando decidí dejar de dar clases hace ya casi un año.
Dicen que la historia se repite primero como tragedia y luego como farsa, y esta no fue la excepción. Esta nueva viralización fue más esquemática, torpe y grotesca que las anteriores
Salvo por un par de excepciones notables, colegas a los que fue un placer atender, en general me tocó padecer al periodismo de hoy en carne propia.
Durante tres días eternos decenas de medios llamaron sin cesar a mi celular desde las seis de la mañana a las diez de la noche. Productores radiales desesperados por poner al aire en vivo al "profesor que renunció por los celulares". Gente que llamaba sin haberse tomado la molestia de leer bien la nota, ni sus comentarios, ni los artículos posteriores que yo había escrito sobre el tema. Brillantes columnistas que rebatían lo que nunca dije
Tipos que deban lecciones desde sus prejuicios, expertos en sacar conclusiones tajantes sobre una realidad sobre la cual no se habían informado.
Toda su investigación había sido leer -apurado y mal- el artículo hecho virus.
Un periodista de uno de los dos principales diarios de Argentina -un medio que ya había escrito sobre mi artículo hace diez meses, cuando lo publiqué- me mandó un cuestionario por mail. Una de las preguntas era: "¿Y vos a qué te dedicás?"
El teléfono sonó una vez más.
Atendí.
"Hola, profe, le hablo de la radio xxxx de Paraguay". "No soy profe, soy periodista como vos", le respondí. "Ah, disculpe, me dieron este número", me dijo, consternada.
Me llamaban sin haberse tomado la molestia de entrar un segundo a cualquiera de mis perfiles en cualquiera de las redes sociales, donde siempre la primera palabra es: periodista.
Cuando unos minutos después abrí mi mail, tenía un mensaje de esta misma colega:
-Buen día Profe, te saluda xxxx, Productora General de Radio xxxx del Paraguay, deseo comunicarme contigo a fin de lograr una entrevista y poder viralizarla a través de nuestra agencia...
El periodismo se supone que trabaja para aportarle a la gente información que le permita entender mejor el mundo en el que vive.
Hoy parece que ya no. El periodismo trabaja para viralizar y ser viralizado. Estamos pasando de servicio público a enfermedad.
Hay medios que por un click matan a la madre. Y de ahí para adelante, todo. Me vi envuelto en notas escandalosas, acusaciones insostenibles, títulos de enchastre.
Colegas capaces de escribir sobre uno sin siquiera detenerse un segundo a pensar si lo que están escribiendo puede sostenerse mínimamente. Sin levantar siquiera el tubo del teléfono para preguntarte si tenés algo que decir al respecto
Otra vez -como cuando el libro de Víctor Hugo Morales- caí en la grieta argentina. Del otro lado del Plata ya no hay grises. La era K dinamitó los matices. Todo es black or white. Todo es veloz, histérico, tajante, furtivo, excitado. Se lo hacen a Messi, imaginate a un periodista cualunquen. Juicio sumario y pena capital.
Lo peor, con todo, vino desde Miami.
El productor de un programa de la CNN en español me escribió por mensaje de Twitter:
- Soy productor de CNN en Miami. Un programa llamado Camilo entrevistas.
¿Pasas por Miami con frecuencia? Me gustaría invitarte al programa y entrevistarte.
No. No paso por Miami con frecuencia.
Poco después vi que el conductor de ese programa, un periodista llamado Camilo Egaña había escrito un artículo sobre mí en la web de CNN. Como me habían invitado al programa, lo leí. El artículo mezclaba (lo pueden visitar, aunque no lo recomiendo) una serie de sucesos difíciles de asociar: desde el cáncer a mi renuncia pasando por Susan Sontag. No lo entendí. Él tampoco me entendió a mí. Decía, en forma totalmente equivocada, que yo reniego de las redes sociales.
Le escribí entonces a su productor. Le dije que no era así. Le mandé un par de enlaces a artículos que ya tienen varios meses y que están vinculados al artículo original, donde aclaraba ese punto.
El productor acusó recibo. Me dijo que se lo mostraría al tal Camilo.
¿Ustedes creen que se corrigió?
No, por supuesto.
El enrevesado camelo de Camilo sigue allí, en la web de CNN, presentándome como lo que no soy, haciéndome decir lo que nunca dije, dando información errada.
A sabiendas.
Luego nos preguntamos por qué cae la confianza en los medios.
Es el periodismo viral. La enfermedad del periodismo.
LH - postaporteñ@ 1671 - 2016-09-28
Venezuela: Hacia los 15 millones (de pobres)
Luego de varios años sin publicar estadísticas sobre exclusión, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó recientemente la cifra oficial de hogares en situación de pobreza por Línea de Ingreso (LI) correspondiente al primer semestre de 2015. En estos números oficiales se admite un nuevo incremento de la pobreza en Venezuela, situando en 33,1% el porcentaje de hogares pobres para ese momento.
Según la información revelada por el INE 2.434.035 hogares venezolanos se encontraban en situación de pobreza hasta junio de 2015, siendo los anteriores datos oficiales suministrados por el ente correspondieron al año 2013. De acuerdo a la data oficial, entre enero de 2013 y junio de 2015 la cantidad de 950.771 hogares ingresaron a la línea de pobreza por ingreso
Aunque el INE suprimió de su portal web la información referida al número de personas en situación de pobreza, esta cifra indica que 12.170.175 venezolanos se encontraban en condición de penuria, pues tradicionalmente se ha establecido como promedio 5 integrantes por familia para las mediciones oficiales estadísticas. La cantidad de más de 12 millones de personas pobres abarcaría al 39,7% de la población
En promedio,4.791.917 venezolanos pasaron a ser pobres en los primeros 2 años y medio de gestión de Nicolás Maduro.
Ante esta realidad, lamentablemente, hemos calificado a la actual gestión gubernamental como una verdadera fábrica de pobreza. Sacando el cálculo de cuántas personas diariamente son incluidas en el umbral de la exclusión bajo el mandato de Nicolás Maduro la cifra es de 5.254 personas.
Haciendo una proyección, estimando que el crecimiento de la pobreza se ha mantenido igual desde junio de 2015 –un cálculo conservador debido al deterioro de todos los indicadores económicos- para el 1 de septiembre de 2016 tendríamos la cantidad de 14.403.125 personas pobres en nuestro país.
Recordemos los números oficiales.
En los primeros dos años y medio de gobierno de Nicolás Maduro el porcentaje de hogares en condición de pobreza ascendió de 21,2%, en enero de 2013, a 33.1% en junio de 2015, incrementándose en un 11,9%. Sin embargo, en el número de personas pobres el repunte se sitúa en 64.94%, pasando de 7.378.258 personas en situación de marginación para diciembre de 2012 a 12.170.175 personas pobres en junio de 2015.
En este período la cesta petrolera venezolana promedió los 79,29 dólares por barril y se obtuvieron cuantiosos ingresos por recaudación fiscal y préstamos internacionales, lo cual desmiente el argumento oficial de la llamada guerra económica y la caída de los precios petroleros como causas del actual aumento de la pobreza en el país.
La ineficiencia y la corrupción en la gestión de gobierno han dilapidado cuantiosos recursos que hubiesen permitido hacer sostenible la reducción de la pobreza en Venezuela, independientemente de la caída del ingreso. Hoy, en números totales, existen más pobres en Venezuela que lo registrado en 1997 cuando el INE contabilizó a 11.950.111 personas en condición de pobreza.
El total de nuevos pobres en Venezuela entre 2013 y el primer semestre de 2015 superaría la población total de Uruguay, que según su último censo oficial situó su población en 3.323.906 habitantes. Entre 2006 y 2016 se perdió una década en la lucha contra la pobreza.
La gestión de Maduro está generando un impacto más negativo para los derechos sociales, que el ocasionado durante la aplicación de medidas antipopulares en la llamada ofensiva neoliberal de los años 90.
Su gestión se ha convertido en una gran maquila de pobreza y exclusión social. Paradójicamente, el “Presidente Obrero” ha hecho más pobres a los trabajadores.
Esta dramática situación debería motivar una profunda reflexión entre los altos funcionarios del gobierno para implementar la rectificación de las políticas que, lejos de generar los resultados esperados, está llevando a más familias venezolanas a una situación de desesperanza e incertidumbre.
Y según coinciden diferentes analistas, la situación del año 2017 sería más dramática, remontando la tasa de inflación en el país a cuatro dígitos.
En primer lugar el Ejecutivo debería convocar a todos los sectores de buena voluntad que deseen sumar esfuerzos para aumentar la producción y disponibilidad de alimentos.
Seguidamente, reconocer que por sí mismo no es capaz, a corto plazo, de garantizar los medicamentos para el disfrute del derecho a la salud, permitiendo que los organismos internacionales remitan ayuda humanitaria, la cual sería distribuida por los propios canales estatales.
En tercer lugar volver a impulsar el diálogo tripartito entre los funcionarios estatales, representantes de los empresarios y, especialmente voceros de los trabajadores, para aprobar una serie de medidas para proteger el salario y la capacidad adquisitiva de los venezolanos. Los próceres del socialismo bolivariano deben salir del aire acondicionado y conectarse con los padecimientos y angustias de la gente común, no continuar dándoles la espalda
EL PESO FINANCIERO DEL
LEGADO ECONÓMICODEL PRESIDENTE CHÁVEZ
Presidente de PDVSA anunció
un canje de bonos de 7000 millones de dólares
A pesar de la retórica antiimperialista el gobierno chavista sigue estrechando sus relaciones con el capital financiero mundial, iniciando un canje de bonos de PDVSA sin informar al país la tasa de interés.
El pasado martes 13 de septiembre, en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, se desarrolló la reunión número 32 del Consejo Nacional de Economía Productiva. Al finalizar el encuentro entre altos funcionarios estatales, empresarios locales, gerentes de transnacionales y dirigentes sindicales gubernamentales, el Presidente de PDVSA Eulogio del Pino anunció que “hoy ya estamos haciendo pública la oferta oficial de Petróleos de Venezuela de un canje de nuestros bonos con vencimiento en octubre y noviembre de 2016 y abril y noviembre de 2017”.
Del Pino especificaba posteriormente en sus palabras que “el volumen total de bonos que estamos ofreciendo de canje es de 7000 mil millones de dólares y estamos cambiando por un bono que tendrá vencimiento en 2017, 2018 y 2020”.
La operación financiera que desarrolla el gobierno nacional del Presidente Nicolás Maduro sin informar al país de manera pública la tasa de interés de los nuevos bonos, intenta postergar el pago de vencimientos de los bonos de la deuda de PDVSA, que vencen en fechas tan cercanas como los dos próximos meses del año y en el transcurso del 2017, ante la ausencia de divisas con las cuales cancelar esos compromisos económicos con el capital financiero mundial y local, producto de la reducción del precio del petróleo y de los obstáculos políticos para continuar disminuyendo de manera unilateral los recursos destinados a las importaciones.
En la misma declaración el Presidente de PDVSA invitó a los bonistas al canje señalando que los bonos ofertados “tienen una rentabilidad bastante atractiva y una garantía colateral también bastante atractiva, un porcentaje de acciones de nuestra empresa Citgo en Estados Unidos”, reafirmando “que como parte de esa responsabilidad que siempre ha tenido Petróleos de Venezuela con sus tenedores de bonos, estamos ofreciendo un instrumento atractivo que ofrece el mantenimiento de esa rentabilidad hasta el año 2020”.
Además, en contraposición de la retórica de los altos jerarcas chavistas orientada a sus bases donde constantemente efectúan afirmaciones acerca de una supuesta “guerra económica”, el Presidente de Pdvsa concluyó precisando que los bonos ofrecidos en el canje “han sido explicados a las calificadoras de riesgo”, en ese sentido “la mayoría de ellas lo han calificado como positivo”.
La situación financiera de PDVSA es un factor central de la crisis económica que actualmente padecen las clases populares del país, en el año 2009 la reducción del precio del petróleo fue respondida por el Presidente Hugo Chávez con un incremento grosero del endeudamiento de la principal empresa estatal.
Recursos económicos que aunque hipotecaron el futuro del pueblo trabajador venezolano permitieron al gobierno chavista conservar dos de sus pilares burgueses: a través de un tipo de cambio sobrevaluado el subsidio a las importaciones de la burguesía transnacional y local y a su vez la estructura tributaria regresiva de Venezuela, que se encuentra caracterizada por sostenerse en un impuesto indirecto como el IVA que cancelamos todos los consumidores con la misma alícuota.
Según los Estados Financieros Consolidados de Pdvsa del 2012 la industria petrolera estatal en el año 2010 tenía un pasivo total de 76.451 millones de dólares, en cambio para el año 2012 el pasivo total había ascendido a los 142.596 millones de dólares, representando un aumento en solamente dos años de 66.145 millones de dólares, es decir, un 46,38%.
Esa realidad financiera de Pdvsa es heredada por el Presidente Nicolás Maduro en el año 2013, cuando asume como sucesor gubernamental de Hugo Chávez.
El llamado primer Presidente chavista descarga la deuda de la principal empresa estatal en las espaldas, estómagos y bolsillos del pueblo trabajador venezolano, creando las condiciones que posibilitaron el aumento de la inflación y de la escasez mediante la contracción unilateral del monto de dólares destinado a las importaciones, con la finalidad de ahorrar divisas con las cuales asumir la cancelación de los pasivos de Pdvsa.
Según datos del Banco Central de Venezuela en el año 2012 los recursos destinados a las importaciones alcanzaron la cifra tope de 71.083 millones de dólares, al contrario en los tres primeros semestres del año 2015 los dólares destinados a las importaciones solo fueron 30.216 millones. En cambio, el pago al capital financiero mundial y local de las deudas contraídas por PDVSA es convertido en el objetivo central del gobierno chavista bajo la dirección del Presidente Nicolás Maduro, en su llamado “compromiso patrio”.
Según los Estados Financieros Consolidados de Pdvsa del 2015 la industria petrolera estatal en el año 2013 tenía un pasivo total de 146.634 millones de dólares, pasivo total que en el año 2015 finalizó en solo 111.064 millones de dólares, implicando una disminución en solo dos años de 35.570 millones de dólares.
En pocas palabras, en medio de toda la farsa estatal de la “guerra económica”, el gobierno chavista canceló solamente en pasivos de Pdvsa 35.570 millones de dólares
En la actualidad, cuando el gobierno nacional y la MUD juegan a la falsa polarización con marchas y contramarchas, realizando supuestas “negociaciones de paz” que solo buscan definir una transición gubernamental que garantice la coexistencia partidista y la impunidad de los corruptos, se sigue evidenciando que en medio de la crisis económica padecida por las clases populares del país los dos grandes bloques partidistas tienen respuestas reaccionarias y conservadoras ante la deuda estatal.
Por eso, es necesario levantar desde el pueblo trabajador una alternativa política que con independencia de clase plantee la suspensión del pago, la auditoría y el repudio de la deuda externa.
Edgardo Lander:
“En Venezuela, sencillamente, la gente está harta”
En la casa de Edgardo Lander hay trazos de su estadía en México y varios países de África. Su cara es conocida en los movimientos sociales de América Latina y otros continentes.
Su pensamiento es de izquierda, acendrado en la academia y en un estudio continuo. Recientemente, escribió un "paper" para la Fundación Rosa Luxemburgo que retrata, con severidad de investigador, el momento actual que vive Venezuela.
Esta entrevista propone abordar ése y otros temas. Uno de ellos es el referéndum revocatorio. Pero antes, y esto es absolutamente necesario, Edgardo Lander habla sobre la profunda crisis de la sociedad venezolana, sobre la cual está montada la crisis política coyuntural que tiene en vilo al país.
Los problemas son dilemáticos y de un calado estremecedor. El conflicto llegó para quedarse y el gran desafío que tiene la sociedad venezolana pasa por resolverlo mediante las vías que ofrece la democracia.
El costo para la izquierda y para el movimiento popular venezolano, simplemente, es terrible.
Podríamos empezar por una pregunta obvia. ¿Cuál es la evaluación política que hace de este momento?
Bueno, una obviedad decir que estamos en una profunda crisis en este momento. Yo creo que es importante, no sólo para pensar la situación actual, las del año que viene, las posibles salidas, si hay transición o no, esas cosas, que sería útil reconocer que la crisis política está montada sobre una crisis mucho más profunda, que es la crisis de un patrón de acumulación, de un patrón de organización del conjunto de la sociedad, cuyo soporte es la renta petrolera. No se puede abordar el debate y las posibles salidas a la crisis política, si hay o no referendo, si se logra o no en 2016, digamos, las opciones que hay en el debate político, si uno simultáneamente no está pensando hacia dónde va esta sociedad. ¿Qué significado tendría que hubiese un cambio de gobierno si las condiciones básicas de la organización de la sociedad no están siendo cuestionadas y la lógica va a seguir siendo la misma? ¿Se va a tener la pretensión de que como ya no es posible sostener la economía sobre la base de la renta petrolera, entonces, vamos a optar por la renta minera?
¿Vamos a traer grandes inversiones en el Arco Minero y vamos a seguir, como sociedad, en esa misma lógica de un asalto permanente de la naturaleza, de la devastación del ecosistema y todo eso para que el Estado tenga suficientes recursos para poder mantener su legitimidad sobre la base de políticas clientelares?
Mientras estas cosas no se cuestionen, creo que hablar de la crisis política es atenerse a la ceguera, a la falta de dirección de hacia dónde debería ir esta sociedad.
Sí, la obviedad no es tal. Podríamos preguntarnos: ¿qué es lo que viene aquí? ¿Una restauración? ¿Eso es todo? ¿A eso se reduce la elipsis del chavismo? A estas alturas, no quisiera ser peyorativo con lo que había antes en Venezuela, porque creo que en el tema del debate, de la democracia e incluso de la organización social, era superior a lo que hay actualmente. Pero si tengo que decir que lo que había no era suficiente. ¿Cuál es su visión?
Para pensar en lo que había, hay que ubicarse en los tiempos, del 58 en adelante. Una cosa fueron los primeros 20 años, donde hubo, efectivamente, políticas públicas, que permitieron el acceso de la gente a la educación, a la salud, hubo una movilidad social importante. Hubo cambios en la sociedad. Pero a partir de mediados de la década del 70, empezó un proceso de declive muy marcado. Durante el segundo mandato de Pérez hubo una aplicación tardía del ajuste neoliberal —con respecto a América Latina— que llevó a un deterioro de las condiciones de vida de la población, a un incremento de la pobreza medido estadísticamente y se fue produciendo un divorcio creciente entre los partidos de origen popular (Acción Democrática, principalmente), que tenía estructuras organizativas, una casa en cada pueblo, a procesos en los cuales los partidos se fueron convirtiendo en maquinarias electorales, corruptas también, de manera que había una ruptura entre el mundo popular venezolano, que ya estaba desencantado y la actividad política.
El Caracazo es la expresión de que efectivamente había un inmenso malestar ahí. Pero sin dirección, sin salida. No creo que sea deseable regresar a esa cosa. Pero por otra parte está el imaginario de que somos ricos y el Estado proveerá. Es algo que está profundamente instalado en esta sociedad, entre otras cosas, porque son 100 años de explotación petrolera.
¿No cree que sería absolutamente novedoso, no sé si revolucionario, que el libro de Fernando Coronil El Estado Mágico se reedite masivamente en Venezuela? Lo pregunto porque allí están todas las claves de la relación que hay entre el rentismo petrolero y el sistema político venezolano. Ese fenómeno está allí expuesto como una fractura abierta de la sociedad venezolana, que deja ver el hueso. Y, sin embargo, no pasa nada.
Inclusive la naturalidad con que se incorpora al discurso político una cosa que todo el mundo dice "tenemos que salir del rentismo". Es una especie de cliché obligatorio, pero que no tiene consecuencias. De ahí no se deriva nada, ninguna propuesta concreta. Y para ejemplo, un botón: en el programa de gobierno, tanto de la oposición como del chavismo (elecciones de 2012 y en las que se realizaron en 2013, debido a la muerte de Chávez), no había nada, nada, nada, en común, excepto una sola cosa. Ofrecían llevar la producción de petróleo de 3 millones de barriles a 6 millones de barriles para el año 2019, en esa lógica de que somos un país rico y que el Estado va a tener mucho dinero. La verdad es que eso no está cuestionado
Hay razones sólidas para advertir que en este momento no estamos ante una caída coyuntural del precio del petróleo, sino que estamos en un punto cualitativamente diferente con relación al tema del petróleo. Y esto por dos razones. En primer lugar, si hace algunos años se hablaba del "Peak oil" (Una influyente teoría acerca del agotamiento a largo plazo del petróleo, en la que resalta el hecho de que el factor limitador de la extracción de petróleo es la energía requerida y no su costo económico), pues resulta que eso ya no es cierto
Las transformaciones tecnológicas permiten explotar hidrocarburos en el fondo del Ártico; en el presal, en Brasil; en las arenas bituminosas, en Canadá, el Fraking, no sólo en Estados Unidos, sino en otros países, hace que hoy exista una sobreabundancia de hidrocarburos y eso no va a cambiar. Hay un segundo factor estructural muy importante
Los peligros que encierra el cambio climático hacen que sea absolutamente indispensable, por un problema de sobrevivencia de la humanidad en el planeta, que la mayor parte de los hidrocarburos ya detectados, explorados y cuantificados permanezcan bajo tierra. Eso nos coloca en otra situación. Por más petróleo que haya en Venezuela, la mayor parte de ese petróleo no va a poder ser extraída.
Cambió la realidad, cambió el mundo, hay una nueva matriz energética en los países ricos, pero nosotros no hemos cambiado absolutamente nada. Entonces, ¿nosotros nos vamos a quedar como el petróleo, bajo la tierra?
Estamos en un momento de crisis de patrón civilizatorio completo. No es sólo el patrón energético. La sobreutilización de la capacidad de carga del planeta, en su conjunto, en términos de agua, bosques, pesca, de todo, ya está sobrepasando la capacidad de reposición que tiene el planeta Tierra. Entonces, la posibilidad de construcción de una sociedad más igualitaria, más equitativa e, inclusive, la capacidad de sobrevivencia, pasa por un reconocimiento de esa realidad y un redireccionamiento de qué es lo que aspiramos como vida digna
Tiene que ser en otras condiciones.
Pretender que los patrones de consumo de los países del norte tienen que ser los patrones imitables del sur, que es la lógica con la cual se está trabajando todo el tiempo, digamos aspirar a vivir como en Estados Unidos o Europa o el aceleradísimo proceso de expansión del consumo chino, es una cosa que no lleva sino a la destrucción. Reconocer eso es extremadamente complejo, porque forma parte de la lógica del capitalismo, de la lógica de crecimiento sin fin, de la lógica de 500 años de modernidad y de la lógica de sistemas políticos, cuya legitimidad está basada sobre el crecimiento continuo del PIB y de la capacidad clientelar del Estado. Son demasiadas fuerzas de inercia que apuntan en esa dirección. Pero esa dirección apunta al suicidio colectivo. Si eso no se incorpora a lo que tenemos que pensar en América Latina y en Venezuela, estamos, simplemente, ignorando la realidad.
Pero volvamos al tema de la democracia y la elipsis del chavismo. Ciertamente, hubo un retroceso que se inicia a mediados de los años 70, eso es cuantificable, medible, y políticamente contrastable, porque eso fue lo que nos llevó a Chávez, ¿no?
Pero vamos a lo siguiente: en los inicios de la democracia, la mayor preocupación, el objetivo principal, era la estabilidad y Chávez puso en escena el tema de la participación, el tema de la soberanía popular. Pero lo que estamos añorando ahora es un poco de estabilidad. No sé si Edgardo Lander sueña, de día o de noche, con vivir en un país cuya estabilidad le permita enfrentarse a una vida cotidiana, menos inquietante, menos azarosa
Obviamente, la vida cotidiana de los venezolanos hoy es extraordinariamente difícil. Vivimos en una sensación de inseguridad permanente. No sólo de inseguridad física, que es algo que está presente en los venezolanos día a día, no sabes si cuando alguien sale va regresar a su casa, esa frase, "por favor, llámeme cuando llegues", es una cosa que está ahí, instalada, y eso es terrible, esa cosa de la supresión del espacio público como un lugar de encuentro, la reducción del horario de la vida, cómo a partir de una hora, simplemente no sales, eso, obviamente, es un empobrecimiento de la vida y si a eso se le agrega esta dimensión, absolutamente compleja, que tiene que ver con la escasez y la inflación, eso hace que la vida cotidiana sea insoportable. Tener una sensación de "normalidad" es una aspiración que recorre a la sociedad venezolana.
Sí, estamos encerrados en una crisis más profunda, que tiene que ver con el petróleo, con la viabilidad económica de Venezuela, con los grandes dilemas sociales. Pero también estamos sumergidos en una crisis que tiene que ver con un conflicto de poderes, con el Referendo Revocatorio. Hay una lucha descarnada por el poder, pero no hay una compaginación de procesos, de propuestas.
A no ser la curiosa coincidencia alrededor de los 6 millones de barriles de petróleo. Pero nada de esto se puede enfrentar sin un mínimo de estabilidad política
Es muy difícil lograr la estabilidad política en esta transición de una sociedad supuestamente rica a reconocer los niveles realmente existentes de producción. (Un dato, cortesía del economista Asdrúbal Baptista.
Sin la renta petrolera, el tamaño de la economía venezolana es similar a la de Chile, pero nosotros tenemos una población de 30 millones de habitantes y ellos de 10 millones)
Venezuela, de lejos, no produce suficientes productos para alimentarse, el componente importado es absolutamente elevado para producir cualquier cosa, eso hace extraordinariamente compleja la situación. Y si a eso le agregas el imaginario que atravesaba los proyectos de la IV República pero también la Constitución Bolivariana, que no es otra cosa que el Estado del bienestar europeo, que ya ni siquiera es así en Europa, es decir, una sociedad donde todo el mundo tenía acceso a la educación, a la salud, a la seguridad social y a niveles de consumo elevados, en Venezuela, ese imaginario, se alimentó con el petróleo. Darse cuenta de que no estamos en una crisis económica coyuntural, porque coyunturalmente bajaron los precios del petróleo, sino porque la sociedad está montada sobre una ficción, de que el precio del barril iba a subir indefinidamente, por encima de 100 dólares, y que esa era la característica estructural de la sociedad venezolana o advertir que las importaciones no petroleras pasaron de 80.000 millones de dólares a 15.000 millones de dólares, significa que la sociedad está cambiando, está cambiando profundamente. Eso genera, inevitablemente, condiciones de inestabilidad, que no tiene posibilidad, ni institucional ni política de resolverse, porque si se convocase a elecciones y llega un gobierno de la MUD, las condiciones estructurales de la sociedad son las mismas.
El conflicto llegó para quedarse. En Venezuela hay una serie de ajustes pendientes. Hay sectores, vinculados a los servicios que presta el Estado —electricidad, telefonía, transporte—, cuyo costo nada tiene que ver ni con la producción real de esta economía, ni con la paridad cambiaria del llamado dólar Dicom, hacia donde se han movido muchas de las importaciones
¡Ah! Esos ajustes, inevitablemente, tienen que pasar. El problema es cómo pasan. Si pasan negociados democráticamente, si pasan de alguna forma equitativos, en que haya la posibilidad de que a cada quien le toque su parte, en una forma de capacidad política, de procesamiento democrático. ¿O va a hacer una política a rajatablas? Porque si es el caso, obviamente esa política no conduce a la estabilidad, sino a una protesta permanente.
Hay sociedades que han resuelto esos conflictos, unas mejor que otras, claro. El problema es que si no pudimos aprovechar 100 años de explotación petrolera, pues uno se queda pensando
Ese es el reto que tenemos como sociedad. Pero es un reto que pasa, repito lo que dije al principio, por reconocer la situación en la cual estamos. Yo creo que eso, todavía, no forma parte del debate. Porque estas situaciones de inestabilidad no conducen necesariamente a procesos de violencia, pero sí a reacomodos que son muy difíciles, porque los venezolanos tenemos grandes expectativas de cuáles son nuestros derechos y a que cosas aspiramos que sean redimensionadas. Porque esas aspiraciones, ese imaginario que tenemos no es sostenible.
¿Esto tiene que ver fundamentalmente, digamos, con el rentismo petrolero?
Tiene que ver con eso. Pero la salida que pretende darle el gobierno a esto es, como se está agotando la posibilidad de seguir con esta lógica del rentismo petrolero, vamos a pasar entonces a un gran megaproyecto que es el Arco Minero, vamos a traer masivas inyecciones de capital, y eso entonces nos va a permitir vivir… del rentismo minero, sin cuestionar la lógica del Estado proveedor, la lógica de la legitimidad montada sobre la capacidad del Estado de responder a las expectativas de la población, sin reconocer la situación en la cual estamos. Creo que estamos en una coyuntura extremadamente crítica, en el sentido de que si no entendemos, como sociedad, qué nos pasó con el petróleo, qué le pasó al Lago de Maracaibo con el petróleo, estamos dejando que se tomen decisiones en nuestro nombre que van a afectar cómo va a ser Venezuela en el próximo siglo
No sé si el Referendo Revocatorio se está planteando como una vía para solucionar los problemas de la sociedad venezolana, que son además dilemáticos, de una enorme complejidad. Pero la sensación es que el proyecto chavista fracasó en la gestión gubernamental y uno, como elector, teóricamente, tiene la posibilidad de darle la oportunidad a otras fuerzas políticas a las cuales no se les puede endosar la responsabilidad de lo que aquí ha ocurrido en los últimos 18 años. ¿Cómo ve el Referendo Revocatorio en esa perspectiva?
Yo entiendo perfectamente que en la sociedad venezolana hay hoy un rechazo extraordinariamente elevado a la gestión de gobierno, las encuestas más recientes apuntan al 80%. Y es obvio que hay, en una proporción importante de la sociedad, un sentido de que esto fracasó.
¿Cómo se interpreta esto? Hay interpretaciones de que el fracaso es del gobierno de Maduro, salvando la herencia de Chávez. Digamos, hay diferentes formas de verlo, pero hoy no queda la menor duda de que el gobierno actual está siendo rechazado por la mayoría de la población
Es un gobierno que es ineficiente, es un gobierno que es corrupto, que, además, es crecientemente autoritario. Entonces, la aspiración de la gente es salir de esto. Y no necesariamente porque desde una opción le estén hablando de los problemas reales. Sencillamente, la gente está harta. Hay una noción, casi mágica, "vamos a salir de esto y después veremos". Pero obviamente, la sociedad llegó al límite en que la continuidad de este gobierno es intolerable.
El problema es si se va a apelar a los mecanismos establecidos constitucionalmente. O si eso, sencillamente, está cancelado
Lo que está contemplado en la Constitución es que si un sector importante de la población considera que hay razones para someter a evaluación al Presidente, se hace todo el procedimiento para el Referendo Revocatorio, el 20% de las firmas, etc., etc., y la sociedad tienen la posibilidad de evaluar la gestión. El hecho de que se haga el Referendo Revocatorio no quiere decir que se revoca el mandato. Se hace una evaluación y cuando se hace una consulta puede ser a favor o en contra. Eso no está predeterminado. En el juego democrático, la gente tiene derecho a decidir. Obviamente, este gobierno ha tomado la decisión de bloquear el Referendo Revocatorio
¿Por qué sabe que lo va a perder?
El Referendo Revocatorio no es una cosa fácil. Primero hay que pasar por recoger casi cuatro millones de firmas (el 20% del padrón electoral) y en el momento en que se haga, como tal, no es sólo ganar, sino que tiene que tiene que sacar más de 7,5 millones de votos. Ese es un reto que no es fácil. Ahora, si el gobierno está tan sistemáticamente oponiéndose y bloqueando la posibilidad es porque tiene las encuestas en mano y sabe que si se lleva a cabo el Referendo Revocatorio, lo va a perder, porque otra reacción hubiese sido la reacción de Chávez en el referendo anterior. Vamos pa’lante con el referendo y empezar a reaccionar políticamente. Porque una de las cosas que yo creo que caracteriza al gobierno actual, crecientemente, es que ha sustituido la acción política por la acción de poder estatal. Es decir, en lugar de tener capacidad de organización de políticas públicas, de legitimación, de actuar y de confrontarse en el terreno propiamente político, lo que hace es ejercer el poder autoritario del Estado. Y eso es lo que está haciendo.
¿Está hablando claramente de la represión?
Sí, sí. Estoy hablando de represión y eso es no hacer política. Eso es sustituir la política por "yo tengo el poder y por tanto yo decido".
Se murió el que ganaba elecciones, se murió el que hacía política. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el chavismo? ¿Qué nos queda?
Algunas de las cosas que ha declarado el gobierno como respuesta a la exigencia del Referendo Revocatorio son realmente de unos niveles delirantes. Por ejemplo, Elías Jaua afirmó que "el revocatorio es para revocar a gobiernos oligárquicos, no gobiernos populares". Entonces, el gobierno decide qué es un gobierno popular y qué es un gobierno oligárquico y, como este es un gobierno popular, no hay Referendo. Son argumentos absolutamente halados por los cabellos. Un desconocimiento absoluto de la noción básica de que se supone que el pueblo es soberano y que tiene derecho a decidir. Es simplemente, tirarle una patada a la mesa y decir: "Bueno, nosotros nos quedamos aquí a como dé lugar"
Eso suele pasar cuando se apela a un silogismo
(Ríe). Efectivamente. Lo que contempla la Constitución es que la gente tiene ese derecho y el gobierno anda, sistemáticamente, bloqueando ese derecho. Algo similar está ocurriendo con las elecciones de gobernadores, que no es una cosa que se hace o no se hace, según le parezca o no al CNE. Los plazos de gestión de los gobernadores están establecidos taxativamente en la Constitución. Cuando se termina el período tiene que haber elecciones que permita la sustitución. El no realizar la elección de gobernadores es nuevamente entrar en un estado de facto, en una situación en la cual el funcionamiento fundamental de la estructura democrática del Estado —que no es otra que la que ejerce la representación electa por la población— está siendo desconocida.
Habías dicho que de no realizarse el Referendo Revocatorio era entrar en un estado de facto. Lo planteas, igualmente, si eso ocurre con las elecciones de gobernadores. ¿El gobierno se va a jugar esa carta?
De hecho se la está jugando, porque se supone que las elecciones de gobernadores tendrían que realizarse, a más tardar, en diciembre. Y no hay la menor señal de que se esté organizando ese proceso.
¿Cuál podría ser la lectura que haga la comunidad internacional? ¿Venezuela va a seguir siendo un interlocutor válido en organismos internacionales? ¿Qué va a pasar en ese ámbito?
El gobierno venezolano está inmerso en un proceso de aislamiento internacional creciente. Al crear mecanismos de integración como UNASUR, la CELAC, Petro Caribe, el gobierno venezolano ha enfrentado una oposición muy fuerte de Estados Unidos. No ha sido una oposición discursiva solamente. Obviamente, apoyaron el golpe de Estado en abril de 2002. El decreto de Obama califica a Venezuela como una amenaza severa a la seguridad estadounidense. En la región ha habido un viraje fuerte a la derecha, en el caso de Argentina, legítimo, en el caso de Brasil con visos golpistas. Venezuela, prácticamente, está siendo expulsada del Mercosur. No ha cumplido con una serie de regulaciones en cuatro años y, de aquí a diciembre, obviamente, no las va a cumplir. Prácticamente va a quedar fuera de ese mecanismo de integración. Entonces hay un aislamiento creciente. La investigación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y la protesta creciente, porque el gobierno no autoriza la presencia de sus funcionarios para saber lo qué está pasando. El gobierno, con su improvisación y la prepotencia con la cual está ejerciendo el poder, está perdiendo el reconocimiento y desconociendo las implicaciones de lo que está haciendo. Esas implicaciones no son sólo nacionales, sino también internacionales. Ese aislamiento creciente tiene costos y, por lo tanto, no es prolongable en el tiempo.
Una incógnita es el papel que podría jugar el factor militar
Lo militar siempre tiene un aspecto de caja negra. Uno no termina de saber lo que pasa en la Fuerza Armada. Pero por las cosas que llegan, por diferentes vías, creo que está claro que hay un descontento creciente. Por una parte, el mundo militar está viviendo las mismas cosas que vive el resto de la población (inseguridad, inflación, escasez), esa información de coroneles que en su tiempo libre trabajan como taxistas. Los militares son parte de la vida nacional y enfrentan las mismas dificultades. Esa idea de que había un sólido respaldo militar al gobierno, ya no corresponde a la realidad. Hasta qué punto eso se expresa en divisiones orgánicas claras, de quienes están a favor o en contra, en términos de una posible ruptura del hilo constitucional o de un golpe es una cosa más difícil de saber, entre otras cosas, porque el funcionamiento político al interior de las Fuerzas Armadas, siempre es conspirativo. Hasta que no ocurra un hecho, no se sabe quiénes están involucrados y quienes no lo están. Pero si es bastante claro, creo yo, que no pueda darse la noción de un autogolpe, por parte de Maduro, con apoyo militar. Esa me parece una hipótesis descartable, porque si Maduro se lo propusiese, eso llevaría, por lo menos, a una división profunda de las Fuerzas Armadas.
¿Cómo afectaría la negación del Referendo Revocatorio a las fuerzas de izquierda en Venezuela?
Desde el punto del movimiento popular que aspira a una sociedad más justa, más igualitaria, más democrática, de quienes creen en la necesidad y posibilidad de otro mundo, la prolongación de este gobierno, es la prolongación de un largo proceso de desgaste. El mundo popular que se politizó, que se organizó en estos años no tiene por que cargar con el peso de un gobierno no sólo ineficiente, sino extraordinariamente corrupto. Prolongar la presidencia de Maduro es contribuir a liquidar las ilusiones de otro mundo posible, es contribuir a instalar en el pueblo venezolano la idea de que nada puede cambiar. De que, como ha afirmado, por tanto tiempo el neoliberalismo, lo público necesariamente es ineficiente y corrupto. El gobierno de Maduro pareciera haber dejado atrás toda pretensión de democracia y estar más interesado en preservas sus posiciones de poder y sus privilegios económicos, sin importarle el costo que ello tenga para el movimiento popular venezolano.
Para terminar, como inicié, con una obviedad. ¿Qué cree usted que va a pasar si no hay Referendo Revocatorio?
Creo que pasamos a una situación de profundización de la crisis. Pasamos, efectivamente, a que el gobierno actúa como un gobierno de facto, entre otras cosas, porque está dejando de lado un derecho fundamental de la Constitución, que es el derecho de la gente a decidir, en las condiciones contempladas en la propia Constitución.
El aislamiento internacional sería creciente. Creo que los sectores de la derecha más radical, que han estado más o menos contenidos por los sectores más o menos socialdemócratas de la MUD, dejarían de operar porque ya no habría argumentos. La posibilidad de pasar a situaciones de violencia de diversa índole, creo que se acelerarían. Y esto llevaría a una situación tremendamente peligrosa, porque esta sociedad, entre otras cosas, tiene una cantidad de armas, extendida entre la población, extremadamente vasta.
Yo no veo en el horizonte una guerra civil, pero el hecho de que eso sea una posibilidad de la cual se habla, me parece una cosa absolutamente aterradora.
- postaporteñ@ 1671 - 2016-09-28
Brasil / Crímenes de Lula.
Con pruebas
Correio da Cidadania, 24-9-2016
Traducción de Ernesto Herrera – Correspondencia de Prensa
Lula no debería ser juzgado por poseer un apartamento triplex que nadie probó que es de él. Hay cosas mucho más graves.
El 13 de setiembre, Joaci Cunha, profesor de la Universidad Católica de Salvador, presentó la conferencia “Finaciarización y efectos sobre la estructura agraria brasilera”, durante el coloquio del Instituto Humanitas Unisinos.
Según él, en los últimos 50 años, la ampliación latifundista en el Brasil ocurrió en dos momentos principales: Durante la dictadura militar de 1964 y, vean sólo, bajo los gobiernos petistas
De 1967 a 1977, lo generales ampliaron el área ocupada por grandes propiedades en el Brasil en cerca de 70 millones de hectáreas. Durante los gobiernos Lula, ocurrió una concentración latifundista de más de 104 millones de hectáreas, afirma el profesor.
Citando datos del Ipea (Instituto de Investigación Económica Aplicada), Cunha afirma que solamente las exportaciones del complejo de soja se apropiaron de 129 millones cúbicos (m³) de agua, en 2013. Un volumen equivalente al consumo anual de las poblaciones chinas y latinoamericanas juntas.
Mientras la agricultura familiar, responde por 70% de la producción de alimentos y emplea 74% de la fuerza de trabajo rural del país. Pero recibe apenas 14% del crédito agrícola nacional y ocupa 24% de las tierras agro-cultivables.
Hubo avances, admite el conferencista, pero fueron sectorizados y particularizados, aumentando la diferenciación entre los campesinos
La agricultura familiar llega a superar la producción del agro-negocio en la producción de café, arroz y maíz.
Pero en otros sectores, 80% de los campesinos apenas consiguen generar ingreso para mantener a su familia. Y en ciertas regiones, 20% de ellos no generan ingreso alguno.
Estos son los verdaderos crímenes por los cuales Lula y sus dirigidos deben responder ante los tribunales de la Historia. Y mucho más...
Más pruebas
Esta visión se tradujo en una política de enorme desprecio por las causas indígenas. En cuanto a la homologación de sus tierras, por ejemplo, los gobiernos petistas perdieron con los del PSDB por el resultado de 84 a 148, según la Fundación Nacional del Indio (FUNAI).
El otro lado de esa política fue la entrega y destrucción de territorios indígenas a los grandes proyectos como Belo Monte y el Complejo Tapajós. Obras que hacían parte del Programa de Aceleración de Crecimiento (PAC), utilizado abundantemente por Lula para elegir su sucesora.
Pero lo más grave son los siguientes números divulgados por el Consejo Indigenista Misionero (CIMI)...fueron registrados 167 asesinatos de indígenas en el gobierno FHC (Fernando Henrique Cardoso), media de 20,8 muertes por año. Mientras en el gobierno Lula el número subió a 452 asesinatos, 56,5 de media por año, un crecimiento de 271%. En 2011, primer año del gobierno Dilma, fueron contabilizados 51 asesinatos de indígenas por el CIMI y en 2012 otras 57 muertes, de acuerdo con la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), media de 54 muertes por año, próxima a la del gobierno Lula y 260% mayor de que el gobierno tucano (NdT: del PSDB).
Esos datos vergonzosos son el producto directo de la apuesta de los gobiernos petistas en complejo empresarial “agro-minero” dominado por los gigantes del sector
Son esos los crímenes que Lula realmente cometió mientras ocupó o frecuentó el Palacio del Planalto. Y por ellos debería responder
Son ellos que debemos recordarse para que la lucha por derribar a Temer, jamás se confunda con movilizaciones por la vuelta del PT al poder
EH - postaporteñ@ 1671 - 2016-09-28
Si Esto No Es Neoliberalismo...
Por Pedro CamposHAVANA TIMES 17/9/16
El gobierno cubano acaba de tomar dos medidas económicas clásicas de la economía política del capitalismo: imponer impuestos a los salarios de los trabajadores estatales y congelar los salarios de los maestros. Pero no solo se han tomado esas disposiciones, también se han reducido los gastos de la seguridad social, la salud y la educación.
Si esto no es liberalismo… que alguien explique qué nombre ponerle.
¿Y saben por qué pasa eso en el estatal-socialismo, neo-capitalista de corte estalinista, pero adaptado a los intereses y circunstancias del fidelismo?
Porque la economía del Estado cubano se sigue sustentando en el trabajo asalariado mal pagado, orientada a la obtención de ganancias para el estado poseedor y muy gastador, debido a lo cual, esencialmente se trata de una economía de corte capitalista, solo que no privada, sino estatal y monopolista.
Y en todos los países capitalistas cuyas economías se sustentan en el trabajo asalariado, cuando el aparato burocrático del estado demanda recursos, necesita dinero, las vías para obtenerlo son precisamente esas: aumentar los impuestos, congelar o reducir los salarios estatales y los gastos sociales
Mientras haya salarios, como en el capitalismo, se podrán congelar y bajar. Cuando haya distribución de ganancias entre los trabajadores, ningún estado podrá bajar salarios.
Si tuviéramos una sociedad donde predominen los trabajadores libres, individuales, asociados, autogestionarios, cooperativistas, mutualistas, etc., a la que hemos propuesto avanzar los socialistas democráticos en Cuba, el estado sería mínimo y necesitaría poco para sostenerse y no tendría el papel del estado poderoso del estatal-socialismo
Hay países en los que predomina el sistema capitalista, pero donde muchas empresas de todo tipo funcionan de acuerdo con las normas del trabajo libre, privado o asociado.
A estas empresas también les suben los impuestos, pero el sistema interno empresarial no funciona sobre bases capitalistas asalariadas y no se ven obligadas a expulsar trabajadores ni a reducir salarios.
Tienen otros mecanismos para evitar los despidos y las reducciones sustanciales de salarios.
Muchas de estas empresas se relacionan con las comunidades de múltiples formas y sus aportes en esta dirección, que generalmente se transforman en beneficios indirectos para sus propios trabajadores, por ley no pagan impuestos por su carácter social.
De manera que sus activos y ganancias son gravados con menos impuestos.
Por lo general, como son empresas donde los mismos dueños-trabajadores determinan sus ingresos salariales, el estado no puede gravarlos directamente o cuando lo hace, ellos acuden a fondos de pensiones, de ayuda, créditos, cooperativas de autoconsumo, reducción en inversiones y otros mecanismos para tratar de que no afecten sustancialmente el nivel de vida de sus trabajadores.
Esta es una de las ventajas concretas que hoy se aprecia dentro del propio capitalismo, de las empresas de trabajo libre en relación con las que explotan trabajo asalariado, muchas de las cuales también están obligadas a mecanismos de responsabilidad social con el área donde están enclavadas.
Cuanto más grande sea la inversión de esas empresas en acciones de compromiso social (dígase cuidado del medio ambiente, aportes a planes regionales sociales de educación y recreación, ayuda para los pobres, donaciones a iglesias, a ONG y otros) menos impuestos pagan.
En Cuba no es el caso, como casi todo es estatal, el obrero asalariado estatal está obligado a acatar la decisión gubernamental y no tiene escape ni mecanismos de defensa, pues como se sabe, los sindicatos responden al Partido-Estado-Gobierno. Los pocos negocios por cuenta propia o cooperativa que se permiten, generalmente son gravados con altos impuestos que casi todos están obligados a violar
Cuando el capitalismo es estatal monopolista, la burocracia tiene mejores condiciones para imponer sus políticas neoliberales de impuestos y salariales que en el capitalismo privado, donde hay muchos dueños.
Por eso se trata del peor de todos los capitalismos que como en el caso de Cuba, le ha permitido a los dueños de todo el capital hacer y deshacer, violar las leyes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no pagar la fuerza de trabajo por su valor, impedir la libre contratación por empresas extranjeras, apropiarse de la mayor parte de los salarios de los profesionales cubanos que prestan servicios en otros países y mantener plantillas infladas para proclamar internacionalmente que en Cuba “no hay desempleo”, precisamente a costa de deprimir el salario de los que aportan
Y esa es una de las razones económicas directas del fracaso de ese modelo estatal-socialista, que de socialista solo tiene el nombre: no se paga la fuerza de trabajo. Al no pagarse la fuerza de trabajo, no hay manera de garantizar la reproducción del capital constante en forma eficiente ni de la fuerza de trabajo, pues se disminuye constantemente el salario real, aumentan los precios de los productos, disminuye la producción y la gente termina yéndose a otros sectores mejor pagados o emigrando.
Y no pagar la fuerza de trabajo es la gran primera violación de los derechos humanos, que empobrece a los trabajadores, quienes no pueden mantener sus familias, sus viviendas ni sus propiedades y cada vez tienen menos capital para poder intentar una empresa independiente auto-gestionada que los libere del trabajo asalariado.
Y mientras los trabajadores no puedan crear por ellos mismos o con ayuda crediticia estatal o privada, sus propias empresas asociadas, cooperativas o individuales, no habrá manera de potenciar el desarrollo de una sociedad post-capitalista, verdaderamente democrática, humana y de amplio contenido social. Póngale cada cual el nombre que quiera.
En cualquier país capitalista desarrollado o medianamente desarrollado, las posibilidades para la expansión de esa otra sociedad son superiores que en Cuba por ese aferramiento al capitalismo de estado de la cúpula gobernante y su oposición al desarrollo del trabajo libre, individual o asociado.
Solución: un cambio de gobierno, pues los cuadros del fidelismo ha demostrado su incapacidad, que posibilite abrir ampliamente la democratización de la política y la socialización de la economía
HT - postaporteñ@ 1671 - 2016-09-28
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