Número 1702 | mier 7 dic 2016 | Año 11
"El MPP tiene cosas para ocultar" : HÉCTOR AMODIO PÉREZ
Leonardo Luzzi El Observador 7/12/16El extupamaro viaja mañana a España y anuncio que demandará al Estado uruguayo que lo procesó, según entiende, en forma "indebida"
El extupamaro, Héctor Amodio Pérez, finalmente dejará Uruguay, al menos por unos cuantos días. Se irá mañana a España con permiso de la Suprema Corte de Justicia y viajará con el pasaporte europeo que este año le renovó la embajada española.
Ese país le sigue reconociendo la identidad con la cual dejó Uruguay en 1973, luego de pactar con la dictadura. En su pasaporte figura el nombre de su otra identidad: Walter Salvador Correa Barboza.
"Del pacto (con los militares) no me puedo arrepentir. Ese pacto me salvó la vida, yo estaba condenado por un hecho falso. A mí no me quedaba otra alternativa", dijo Amodio Pérez ayer El Observador TV.
Luego de 40 años en el anonimato, el exdirigente Tupamaro llegó a Uruguay en agosto de 2015 con la intención presentar su libro y "limpiar su nombre" ante el relato construido por sus excamaradas que lo califican de "traidor"
"Pensaba estar tres días", contó ayer en su domicilio del Buceo antes de la entrevista. Cuando llegó al país fue detenido, la Justicia lo procesó, estuvo en Cárcel Central y luego en prisión domiciliaria por lo que se fue a vivir con su hermana.
"Para ella debió ser bravo encontrarse con esta situación", agregó. "Nos costó reencontrarnos, pero somos hermanos", respondió. Así volvió a la casa de la calle Regimiento 9, en Brazo Oriental, donde se crió. Después se mudó al Buceo donde está hoy.
¿Confía en la justicia uruguaya?, le preguntó el periodista Leandro Gómez. "Plenamente" respondió.
De todas formas, afirmó que "un sector de la justicia se dejó presionar por el ambiente periodístico y político" cuando él volvió.
¿Va a demandar al Estado?. "No me queda otra". "Tuve una prisión indebida. Y un procesamiento indebido. Me ha costado a mí y a mi familia.
Yo no le estoy costando al Estado uruguayo un solo peso. Pago los gastos de donde vivo", remarcó.
Amodio no responde cuando le preguntan si teme que lo maten., pero aclara que tomó "algunas precauciones".
Amodio Pérez dice que a pesar que el MLN lo había sentenciado a muerte, no cree que lo hayan ido a buscar a Europa. Es más, piensa que capaz dijeron eso para ocultar "muchísimos gastos" que no se podían justificar en las cuentas de la organización guerrillera.
En el camino en auto desde su casa mientras va a la entrevista con El Observador TV, Amodio Pérez recordó que en avenida Uruguay y Fernández Crespo, (que antes se llamaba Sierra), había un almacén Manzanares que en época de vender bacalao no se podía pasar por el olor que había.
También por esa zona iba a comprar a una quesería que hoy tampoco existe.
Retorno
Luego de terminar el proceso judicial al que está sometido, tiene previsto armar una ONG con un grupo de "excompañeros" para trabajar con niños y madres solteras.
Ese proyecto lo mantendrá viajando entre Montevideo y Madrid.
Asegura que no tiene dinero y que lo mantiene su familia.
"¿Se arrepiente de haber venido?". "No, bueno, al principio si, cuando vi que esto llevaba mal color.
Pero visto los resultados obtenidos estoy plenamente satisfecho, he reivindicado mi nombre, estoy dando vuelta la historia oficial del MLN y poco a poco se irán conociendo más datos para que se compruebe que la historia de los últimos 60 años de Uruguay es una tramoya increíble".
Que el documento suyo con el sello de Migración lo haya publicado ayer el diario La República puede ser "una maniobra de distracción" reflexionó.
En ese medio, el senador Ernesto Agazzi (Frente Amplio) opinó que "es grave" el criterio utilizado por la Suprema Corte de permitirle salir del país con otro nombre. "Es bastante ridículo esto para la historia jurídica del país", afirmó.
Amodio Pérez no la dejó pasar y dijo que el senador del MPP "está señalado por mucha gente del MLN" y sin querer entrar en detalles sobre ese particular, comentó que Agazzi está acusado de haber hecho lo mismo de lo que se le acusa a él.
Amodio Pérez fue acusado de "señalar" gente en la dictadura para ser detenida por los militares.Eso lo negó y reconoció que "marcó" lugares que ya habían sido allanados.
En este año que estuvo en Uruguay, Amodio Pérez envió varios mensajes a la vieja cúpula tupamara para debatir en público pero nadie se le acercó.
La senadora Lucía Topolansky había dicho que para ella, Amodio "es un hombre muerto".
Tampoco ningún militar se le arrimó, porque "se queman" dijo el extupamaro
En la charla insiste en que no traicionó a nadie. "El traicionado fui yo". "Fui acusado falsamente, pero como era el disidente máximo era necesario liquidarme políticamente", opinó.
Espionaje
El Observador TV le consultó sobre los archivos Castiglioni y la actividad de inteligencia en años de democracia. El ex guerrillero no se inmutó al responder que "ese el trabajo de los servicios, sino, no tendrían razón de existir".
Afirmó que los servicios de inteligencia "no se rigen por las leyes generales del Estado, se rigen por la conveniencia política de los gobiernos de turno".
"Por lo general son autónomos, aunque duela y aunque sea peligroso", afirmó quien comandó una de las columnas más activas del MLN.
El MPP se opuso a investigar en el Parlamento el trabajo de inteligencia de las Fuerzas Armadas a partir de 1985.
Amodio Pérez no dudo en afirmar que "el MPP tiene cosas para ocultar en democracia" Luego explicó que "se pretendió montar en democracia una organización armada, pero ya no era el MLN. Se formó otro grupito que se llamaba coloquialmente la Micro, y que respondía a la vieja cúpula del MLN".
Además, aseguró que "hay muchas personas que podrían aportar datos, gente que está en actividad a nivel sindical y político"
Actualmente, Amodio Pérez está leyendo el libro "Sangre y Barro", del autor Leonardo Borges, que según dijo refiere a "cómo los uruguayos nos cortamos el cuello mutuamente desde antes de la independencia para acá".
"Eso también termina con el mito de que somos todos civilizados en Uruguay", dijo el extupamaro, que apronta las valijas para irse a España a pasar las fiestas con su familia.
VEA video
http://www.elobservadortv.uy/v9269146
Sobre él QUIEN es QUIEN ¿?
opinan dos integrantes de
la barra grande
"Una mano lava la otra y las dos lavan la cara"
Extractos de la nota en La República del 6/12/16La Suprema Corte de Justicia (SCJ) autorizó al ex tupamaro Héctor Amodio Pérez a salir del país con destino a España con pasaporte español en el que figura con nombre falso.
El abogado había hecho la solicitud para que Amodio pudiese pasar su cumpleaños y Navidad con su familia en España. La resolución fue adoptada el pasado 24 de noviembre (día de su cumpleaños) y fue comunicada el viernes a la Dirección Nacional de Migración.
Amodio Pérez, quien mantiene aun causas abiertas ante la justicia, fue procesado con prisión por reiterados delitos de privación de libertad especialmente agravados en régimen de reiteración real. El caso está a estudio de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
La fiscal Stella Llorente había apelado en setiembre pasado la decisión del Tribunal de Apelaciones de 4° Turno que revocó la decisión de la jueza penal Julia Staricco de procesar a Amodio Pérez. La autorización de salida del país, fundada por la Corte en “criterios corrientes” generó sorpresa y malestar en medios políticos cercanos al MLN-T. El senador Ernesto Agazzi calificó de “grave” y “ridículo” el criterio adoptado por la Corte.
Afirmó que “esto no tiene que nada ver con el señor Amodio Pérez y sí tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia que conciente esta salida de quien tiene una usurpación de identidad y permite salir a otra persona”.”¿O la Suprema Corte de Justicia no sabe quién es Amodio Pérez?”, agregó.
“En realidad, yo creo que la Corte hace una negociación política con la realidad y le permite salir con un nombre falso. Es bastante grave y ridículo esto para la historia jurídica del país. Si lo quiere dejar salir que lo dejan salir, pero tiene que autorizar a Amodio Pérez y no a Walter Barboza.
Esto es una cosa rarísima.
Lo que me interesaría saber es si El País ( el diario) le va a pagar el hotel adonde él va a ir, medio éste que fue el que hizo toda la movida para traerlo y le salió el tiro por la culata y les sigue saliendo el tiro por la culata”.
El parlamentario del FA consideró que los criterios jurídicos tienen una cosa básica que es que tienen que tener una relación con la realidad, “si no el criterio jurídico puede disparar cualquier absurdo como es éste el caso”.
Para Agazzi, Amodio “ya murió porque, lo mató la realidad, al igual que a los que lo trajeron que después agarraron para otro lado, para el lado de Bonomi”
( NdeR: a quien se refiere al periodista y escritor Leicht ¿? Y si Amodio está muerto … ahhhh claro por eso no se animan al debate público, y lo mandaron al petiso Fasano)
Por su parte, el dirigente del MPP y exsenador de la República, Héctor Tajam señaló ayer que Amodio Pérez “puede tener algún problema cuando quiera ingresar a España con un documento que es falso”.
Señaló que la Justicia investigó “bastante bien” el caso de esta persona que llevó a su procesamiento, “porque se dieron cuenta de cómo venía la mano”.
Por otra parte, Tajam consideró que la presunta “maniobra” que quiso hacer Amodio Pérez para perjudicar al MLN, “le salió mal”.
Agregó que este extupamaro “no tuvo ningún eco en Uruguay, porque ni la derecha se subió a esta maniobra ya que se dieron cuenta que venía con poco asidero.
No encontró el anclaje político ni ideológico que se le quiso dar”. Dijo que lo hecho por “esta persona no sirvió para sumarse a la campaña que hace la derecha en sus diferentes tópicos”.
Amodio Pérez fue uno de los dirigentes de la cúpula del MLN-T y fue acusado por el propio movimiento de ser un traidor que colaboró con las Fuerzas Armadas en los años previos al golpe de Estado de 1973. Posee pasaporte español con el nombre falso de Walter Correa Barboza, proporcionado por el general Esteban Christi, entonces jefe de la Región Militar Nº1. Con ese nombre, pudo huir del Uruguay junto a su compañera, Alicia Rey Morales, en octubre de 1973.
Y fue la identidad que utilizó en España durante cuatro décadas y con la que se presentó ante las autoridades uruguayas, en agosto de 2015, al retornar al país para presentar el libro “Palabra de Amodio: la otra historia de los tupamaros”. Ante la oficina migratoria del aeropuerto de Carrasco, Amodio Pérez se presentó como Walter Salvador Correa Barboza, de nacionalidad española. En el documento, figuraba como nacido el 24 de enero de 1937 en “Valparaíso (Uruguay)”.
El nombre falso, en realidad, correspondía al de un ciudadano uruguayo –que aún vive, según comprobó tiempo atrás LA REPÚBLICA- y a quien la dictadura militar usurpó su identidad.
“Corte utilizó mismo criterio de autorización”
La Suprema Corte de Justicia no modificó su criterio y adoptó el mismo “tipo tradicional” de autorización para salir del país que se aplica ante requerimiento similares, más allá de la notoriedad de la persona en cuestión. Fuentes de la Suprema Corte de Justicia, señalaron a LA REPÚBLICA que la decisión se fundó en el derecho que asiste a cualquier encausado a viajar fuera del país por un tiempo determinado (hasta el 15 de enero)
“La Corte no varió de criterio; estos pedidos,- agregó la fuente- “se dan incluso en situaciones donde existe condena, porque quien tiene condena y todavía no cumplió en libertad la totalidad de la condena, también muchas veces, solicita por ejemplo para pasar las fiestas con la familia y pide autorización para salir del país”.
O sea que es en el mismo tenor que se suele dar este tipo de salidas por un tiempo determinado. Sobre el nombre falso, la Suprema Corte de Justicia entiende que Amodio Pérez “ingresó al país con ese pasaporte y aparentemente es un pasaporte válido otorgado por el reino de España”. Por tanto, “quien emite y quien es responsable de esa documentación es otro país soberano, y sobre eso, como República Oriental del Uruguay, tenemos responsabilidad solo sobre la documentación que emitimos nosotros”.
“Todo lo que pueda objetarse respecto de su identidad es un tema en principio del reino de España”. “Si bien tenemos esta situación de doble identidad, la República Oriental del Uruguay tiene muy claro quién es Amodio Pérez.
El problema de la segunda identidad es un tema del reino de España. Cualquier eventualidad, que pueda surgir respecto a la identidad que figura en el pasaporte lo resolverán las autoridades pertinentes del país emisor”, indicó el informante.
“El lo que solicitó, porque todavía no están concluidas las causas, fue una salida temporal como lo puede hacer cualquier encausado que esté gozando de libertad anticipada o libertad condicional y se otorga o no por la autoridad judicial. En general se otorga, depende de las circunstancias concretas”, agregó la fuente. La Corte utilizó en este caso “los mismos criterios que utiliza desde siempre para el otorgamiento de este tipo de salidas”.
Para este tipo de situaciones, en general, “cuando la investigación está concluida, cuando hay auto de procesamiento o no, cuando hay sentencia o no, es el otorgamiento lo que puede variar, es la caución ya que en algunos casos se pide caución juratoria, caución personal o el depósito de una suma de dinero.
En este caso, se solicitó una suma de dinero que es la misma desde hace años y que ronda los 50 UR”.
Quiere decir, que para este caso, “no se cambiaron los criterios” y lo pedido por Amodio Pérez “está dentro de los cánones normales”.
- postaporteñ@ 1702 - 2016-12-07
'Para el kirchnerismo y el macrismo,
la ecología es un tema menor'
Por Daniel Díaz Romero 3/12/16Entrevista con Antonio Elio Brailovsky (69), el pionero de la ecología argentina. Cuando nadie hablaba de estas temáticas, asomaba su voz que, hoy tiene una tonalidad serena y pausada, con la cadencia de antiguos humanistas. Su currículum lo define como Licenciado en Economía Política, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires y, desde hace 40 años, es pionero en instalar el tema ecológico en los medios de comunicación, en universidades e institutos de investigación científica
Ha escrito unos 17 libros relacionados con la temática, entre ellos “El negocio de envenenar”, ensayo sobre sustancias tóxicas e industrias peligrosas, allá por 1988 cuando pocos advertían la seriedad de este tema; “Memoria verde:
historia ecológica de la Argentina”, una investigación sobre la historia ambiental que recorre la ecología de nuestro país desde la época de la colonia. “Verde contra Verde: las difíciles relaciones entre economía y ecología”, “La ecología en la Biblia”, investigación sobre historia ambiental e “Historia ecológica de Iberoamérica: De los mayas al Quijote”, entre otras publicaciones.
Pero también, es un apasionado del arte y un prolífico escritor; ha editado libros referidos a temas de economía e historia económica, de narrativa y es autor de obras de teatro y publicaciones para educación ambiental de niños, además de narrativa infantil.
Sus obras y pensamientos han sido objeto de estudio en los círculos académicos del mundo.
Pero además, Brailovsky es un intelectual comprometido: Fue demandante en el juicio que llevó a la prohibición en la Argentina del defoliante 2, 4,5-T (triclorofenoxiacético). Gracias a él, el tristemente famoso “Agente Naranja” (usado en la guerra de Vietnam) dejó de ser utilizado en nuestro país en 1983.
En un mano a mano con Sala de Prensa Ambiental dialogamos con este hombre imprescindible de la ecología argentina.
- ¿Cuáles son los principales problemas ambientales de Argentina?
- El hilo conductor de los problemas ecológicos es el tema del agua.
El cambio climático es el resultado de que se hayan potenciado todos los errores cometidos por el ser humano y, en especial, los desmanejos vinculados con la utilización de los recursos hídricos.
En Buenos Aires, no se puede admitir que sigan utilizando el Río de la Plata como tanque de agua e inodoro, a la vez. En el resto del país tenemos problemas por falta o por exceso, es decir, mala gestión del agua, partiendo de ideas como desarrollar countries sobre los humedales del río Luján, lo que se convierte en un acto criminal en la provincia de Buenos Aires.
“En Córdoba, que es una zona semiárida, es absurdo que haya proyectos para instalar canchas de golf que requieren de un consumo de agua enorme”, afirma Brailovsky refiriéndose al emprendimiento El Terrón de Mendiolaza y agrega que “ustedes habitan una provincia que tendría que tener el agua absolutamente regulada y obsesivamente controlada. Córdoba, debería estar en emergencias hídricas permanentes y no de vez en cuando. Este criterio de emergencia debería condicionar todo lo que se hace. Pareciera que las autoridades gestionaran el agua como si fuera una región húmeda”.
- ¿Cuál es la relación entre la problemática del agua y la megaminería en nuestro país?
- Siguiendo ese hilo conductor que es el agua, la megaminería indudablemente pone en riesgo el recurso hídrico y no sólo me refiero a los derrames que produjo la Barrick Gold en San Juan (derrames de más de un millón de litros de agua cianurada en la mina Veladero); apunto a que mientras la empresa esté en el lugar, algo puede solucionar de los problemas que genera, pero cuando se vayan van a dejar un pasivo ambiental extraordinario: diques de cola que son inmensos lagos de barros contaminados que serán peligrosos mientras haya vida en la Tierra y que, cuando haya un movimiento sísmico, van a ir a parar a las cuencas hídricas de una provincia como San Juan que, a diferencia de Córdoba, es un territorio árido.
De modo que no hay ninguna previsión acerca de que va a pasar con ese pasivo ambiental ni que sucederá con el riesgo que contaminen las fuentes de agua potable en esa provincia, porque esa contaminación con metales pesados será eterna. Todo proyecto minero deja cianuro, que es lo de menos, porque se degrada con el tiempo. Lo más grave es que dejarán un conjunto de metales pesados que permanecerán para siempre.
- ¿La política de manejo del agua es errática en nuestro país?
- Por un lado, están sobre exigiendo los recursos hídricos en sitios en que son escasos (Córdoba y San Juan) y, por otro lado, están gestionando de manera irresponsable los asentamientos humanos en las zonas húmedas (Buenos Aires). En nuestro país, las zonas húmedas han descendido hacia el agua: uno tiene la fantasía – porque vemos los mapas sólo en dos dimensiones- que las ciudades se extienden horizontalmente, pero en realidad se amplifican verticalmente para abajo, hacia los cursos de agua.
Las ciudades se fundan en el alto, en zona segura y cuando esas áreas se saturan, la urbanización comienza a bajar y, por el cambio climático, cuando las ciudades bajan y los ríos suben, la gente se encuentra adentro del agua sin ninguna previsión responsable por parte de las autoridades. Por eso, creo que el tema del agua, en sus infinitas facetas, es el principal tema ambiental del país ahora y en los años venideros. El cambio climático no aporta nada nuevo a la Argentina, simplemente profundiza las consecuencias de los errores anteriores que han sido innumerables.
- ¿Cuál es su opinión del rol de las ONGs que están participando del gobierno nacional?
- Siempre pasa lo mismo con las ONGs tradicionales, al igual que con las organizaciones políticas que aparecen lejos y contrastando con el Estado: a medida que pasa el tiempo, se van haciendo más grandes y poderosas y, a la vez, más influenciadas por los gobiernos o por los intereses empresarios internacionales, con lo cual dejan vacante un espacio para que aparezcan otras mucho mas contestatarias y así viene sucediendo eso desde la Revolución Francesa.
- ¿Cómo analiza la gestión de políticas ambientales del macrismo?
- Igual que la del kirchnerismo. No han incorporado el ambiente a la agenda política y, por lo tanto, lo consideran un tema menor.
- ¿La creación de un Ministerio como una de las primeras medidas del gobierno ha sido un dato positivo?
- Un nuevo Ministerio a cargo de un hombre que no tiene la menor idea del ambiente. Lo mejor que se puede decir de Sergio Bergman es que es un buen tipo; no podemos decir que estuvo involucrado en Panamá Papers pero no tiene la menor idea de la temática de la ecología.
¿Creamos un ministerio y llamamos a una persona que no entiende nada del tema? Claramente esa es una respuesta política porque cuando se trata de manejar el capital de un país ponemos a un tipo que entiende de economía y cuando hablamos de ambiente ponemos a un tipo que es bueno pero que no entiende nada del tema.
Esto indica una prioridad.
Ponemos gente idónea cuando se trata de manejar plata y ponemos a cualquiera para figurar cuando se trata de ambiente. Es un indicador de prioridades.
- ¿En la historia argentina hubo alguna etapa que se ha valorado el ambiente?
- Cada etapa ha tenido su aporte, desde el modo en que los indígenas y los jesuitas manejaron la selva, de cómo los pueblos andinos cultivaron en terrazas, Belgrano y su preocupación por el cuidado del suelo, Sarmiento con la forestación y Florentino Ameghino con la gestión de cuencas. En la época de Sarmiento, incluso el saneamiento del riachuelo, erradicando las industrias contaminantes que eran los saladeros. El problema fue la falta de continuidad y una visión integradora. Cada uno hizo sus aportes valiosos y otros que no hicieron nada, claro.
- ¿De estos personajes históricos a quien destacaría?
- En Argentina, sin dudas, a Florentino Ameghino. Fue el primero en plantear una visión integral de las cuencas hídricas. En América Latina, a Alexander Von Humboldt que no era americano pero recorrió gran parte del continente con una visión muy interesante integrando las Ciencias Naturales y Sociales. Fue el primero que viajó acompañado de un dibujante, un artista con la idea no solo de describir ecosistemas sino de mostrarlos, digamos que fue el precursor de la National Geographic y por supuesto con una opinión muy jugada -en la época colonial- en contra de la esclavitud y a favor de la independencia de los países latinoamericanos. El que convenció a Simón Bolívar de cuál era su lugar en el mundo fue Humboldt.
- ¿Existe una verdadera preocupación por el medio ambiente en nuestra sociedad?
- En la sociedad sí y en la clase política no. Es uno de los muchos abismos que hay entre los que son votados y los que los votamos. La sociedad reacciona frente a problemas ambientales que se ven, un desmonte, por ejemplo. Pero todas las ciudades de la zona agropecuaria están tomando el agua que viene desde abajo de los campos fumigados.
Nadie está haciendo un análisis de los plaguicidas en el agua de la red y esto debería estar volviéndonos más o menos locos, pero el sector político mira para otro lado.
- ¿Monsanto es responsable de muerte y envenenamiento en Argentina?
- Siempre ha habido un esfuerzo por esconder las consecuencias del accionar de estas empresas: cuando el Dr. Andrés Carrasco demostró empíricamente que el Glifosato afectaba a los embriones, el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) lo desautorizó, incluido el Ministro de Ciencia y Tecnología, utilizando argumentos nada científicos. Necesitamos investigaciones en serio de los plaguicidas. Lo de Monsanto no pasa por discutir un producto, sino un paquete de productos porque el Glifosato nunca se usa solo, se utilizan otros de peor fama, incluso muchos de ellos entran de contrabando.
Entre ellos, el Endosulfán prohibido en Argentina que lo mezclan con glifosato. La cuestión de fondo es que cuando el gobierno aprueba el uso de un plaguicida se le cree todo lo que dice la empresa que lo fabrica: el uso de Glifosato fue aprobado en 24 horas y después solo se atiende el riesgo de intoxicación aguda. Es decir, cuantos ratones mueren con cuantas gotas del producto.
Yo creo que hay que analizar efectos sobre la salud humana y el ecosistema a largo plazo y esto no lo están haciendo. La carpeta que presenta una empresa es un punto de vista, hay que ver los otros, antes de aprobar el uso de un plaguicida.
- ¿Hoy, es consultado o le piden asesoramiento las autoridades?
- No, porque saben lo primero que voy a decir: el negocio privado no debe anteponerse al interés público. Entonces, ni me consultan
(*) Artículo publicado en Sala de Prensa Ambiental (*) / Fuente: ECOS Córdoba
Ecoportal.net
- postaporteñ@ 1702 - 2016-12-07
VNZL | BARLOVENTO: CLAVES DE UNA MASACRE
MASACRE EN BARLOVENTO:
ESTADO DE EXCEPCIÓN Y MILITARIZACIÓN MANTIENEN
EN JAQUE A LOS DERECHOS HUMANOS
En las mismas se encontraban los cadáveres de 12 jóvenes habitantes de localidades cercanas, quienes había sido detenidos por efectivos militares el 15.10.2016 durante la ejecución del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP) en el sector, y que se encontraban desaparecidos desde el 18.10.2016. Los detenidos-desaparecidos-asesinados, eran jóvenes campesinos quienes fueron acusados por los militares de formar parte de bandas delictivas.
El Ministerio Público anunció el inicio de una investigación y la privativa de libertad contra 10 efectivos del Ejército involucrados en la autoría material de los hechos. Por su parte, el Ejecutivo Nacional y la Asamblea Nacional, rechazaron lo ocurrido. El Alto Mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), informó que los militares involucrados serían expulsados de la institución y afirmó que los sucesos eran un hecho aislado que no se correspondía con la actuación general de la FANB.
Los hechos conocidos como la masacre de Barlovento no son una actuación aislada.
En opinión de Provea, son la consecuencia de la institucionalización del uso excesivo de la fuerza y las ejecuciones extrajudiciales en el marco de la actuación policial y militar en labores de seguridad ciudadana. Desde el inicio del OLP el pasado 13.07.2015, Provea alertó los riesgos que esta medida representaba para los derechos humanos en el país.
Desde entonces, hemos registrado un incremento exponencial de los abusos cometidos por los funcionarios policiales y militares actuantes en estos operativos.
En la mayoría de los operativos realizados en distintas comunidades pobres del país, las cifras oficiales de personas asesinadas por funcionarios policiales y militares, varían entre las 4 y las 12 personas “abatidas en enfrentamientos”, en circunstancias no aclaradas por las autoridades y en medio de numerosas denuncias de los familiares de las víctimas.
En opinión de Provea hay tres circunstancias que propician este y otros hechos violatorios del derecho a la vida en el marco de este operativo de seguridad ciudadana.
1. Militarización de la seguridad ciudadana
Provea, y el resto de las organizaciones de derechos humanos del país, han rechazado la participación de funcionarios militares en operativos de seguridad ciudadana y control del orden público. La sentencia contra Venezuela por el caso “El Caracazo”, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instaba al país a utilizar a los funcionarios militares solamente en situaciones extraordinarias, donde hayan sido sobrepasados los cuerpos policiales. Los miembros de las Fuerzas Armadas no han sido capacitados para realizar labores de seguridad ciudadana.
Al contrario, están entrenados física y psicológicamente para la guerra y para el exterminio del otro al que perciben como “enemigo”.
La militarización de la seguridad ciudadana amparada en la doctrina de seguridad nacional, conlleva graves riesgos para las garantías personales toda vez que implica la ocupación militar del territorio nacional para la “defensa” contra un “enemigo interno” que resulta ser el propio ciudadano, indistintamente si se trata de campesinos, presuntos delincuentes, obreros, dirigentes políticos, activistas de derechos humanos, o cualquier otro.
2. Estado de Excepción
En la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.272 publicada el 13 de noviembre de 2016, el Presidente de la República Nicolás Maduro, oficializó la inconstitucional prórroga del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica que rige en el país desde el pasado 16 de mayo de 2016, por 60 días más. Desde la aprobación de este Decreto se han desconocido las facultades legislativas y contraloras de la Asamblea Nacional; se profundizó la militarización de la seguridad ciudadana y el control del orden público bajo la excusa de la defensa nacional; se militarizó la cadena de producción de alimentos; se creó la inconstitucional figura de los CLAP y se otorgó competencias en materia de seguridad ciudadana a civiles y agrupaciones paraestatales; y se impusieron serios obstáculos a las garantías constitucionales para los derechos a libre asociación, reunión, expresión, información y manifestación pacíficas, supeditando los derechos ciudadanos a los intereses del Estado y la seguridad nacional.
Esta medida que debía ser suficientemente justificada y limitada en el tiempo, y debería poseer un carácter de defensa y amparo de la dignidad humana, ha tenido una connotación abiertamente represiva generando el aumento de los abusos contra habitantes de comunidades populares en el marco de operativos de seguridad y contra manifestantes pacíficos y activistas políticos y sociales.
3. Aliento a la comisión de abusos
“A la violencia y el terrorismo se le debe golpear antes de que actúen… nuestra mayor victoria es un golpe preventivo, neutralizarlos, desconfigurarlos, desarmarlos, desarticularlos, abatirlos…”
Estas palabras fueron pronunciadas por el Presidente de la República durante el acto de juramentación de la II Promoción de efectivos del “Comando Antiterrorista” del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), realizado el pasado 25.08.16 en Barlovento, el Presidente Maduro extendió una felicitación vía telefónica a los graduandos, en la que alentó abiertamente a la comisión de abusos y ejecuciones policiales por parte de los funcionarios del referido cuerpo policial. Maduro afirmó que las bandas delictivas en Venezuela están vinculadas y dirigidas por sectores de la oposición venezolana, “Vayan desde ya a obtener victorias… en Venezuela el terrorismo tiene nombre y apellido, son estos grupos parásitos, vende patria de la derecha… que se han aliado con las bandas criminales de asesinos y secuestradores”.
Desde el lanzamiento del OLP, los altos funcionarios del Estado venezolano, han alentado permanentemente la comisión de abusos por parte de los agentes de la fuerza pública. Tanto el ex Ministro Gustavo González López como el actual director de la cartera, Nestor Reverol, presentan constantemente “partes de guerra” a la opinión pública, en el que reivindican como un éxito el asesinato de personas, las detenciones arbitrarias de cientos de ciudadanos, el allanamiento masivo e ilegal de viviendas en comunidades pobres e incluso el derribo de viviendas.
4. Impunidad estructural
Provea ha afirmado numerosas veces que la impunidad en Venezuela es estructural.
La propia Fiscal General de la República ha reconocido que la cifra de impunidad en materia de delitos comunes alcanza el 92% de los casos y en violaciones de derechos humanos, se sitúa en 98%. El irregular funcionamiento del Sistema de Administración de Justicia y el copamiento de la institucionalidad por parte del Poder Ejecutivo, garantiza impunidad para la mayoría de los delitos y violaciones de derechos humanos. De esta manera se generan condiciones favorables para la ocurrencia de abusos, los cuales no son sancionados.
Esta situación afecta especialmente a los más pobres
PROVEA - postaporteñ@ 1702 - 2016-12-07
POSTALINAS
Comisión Memoria, Justicia y contra la impunidad de Soriano
Un espacio de encuentro y reflexión en recuerdo de las personas detenidas-desaparecidas por la dictadura.
Nos siguen faltando los compañeros y la compañera, nos sigue faltando la verdad, nos sigue faltando la justicia.
Hacer memoria es necesario para que nunca más nuestro pueblo tenga que sufrir el terror de Estado.
Hacer memoria es necesario para combatir la impunidad.
Sábado 10 de diciembre a las 18.30 hrs
RAMBLA CARLOS FEDERICO SÁEZ (FRENTE AL CLUB AYUÍ) MERCEDES –SORIANO
Abel Garcia / Diego Kuropatwa / Ezequiel Fascioli Sosa /Laura González Cabezudo / Lavanda /Alejandro Luzardo quinteto
Venite con tu silla playera
TEORÍAS PROTESTAS Y PROPUESTAS
Opinión Rogelio Snaiderrevista Punto a Punto n° 103/dic. 2016
Como uruguayos, no podemos negarlo, somos muy propensos a las teorías para explicar la realidad, o recurrir a lo más fácil que es la protesta permanente, y digo protesta y no crítica, que debe asociarse a lo constructivo, cuando ella lleva consigo una propuesta, porque siempre fue y es más fácil protestar que hacer oír nuestra voz como comunidad, consciente de nuestra responsabilidad social. Las teorías tienen su razón de ser, explican situaciones, pero si no somos capaces de instrumentarlas como propuesta, quedan en simples teorías.
La protesta se asocia más a la queja de algo que no nos gusta, con predisposición al rechazo de todo, pero sin razonamiento previo, casi siempre llevado por un acto poco racional. Aunque sabemos que si la razón suprime a la pasión, da lugar a la rigidez mental y a la tiranía del orden.
Ni una cosa ni la otra. La pasión tiene razón de ser cuando se vuelve propuesta y no sólo sentimiento, que termina ahogado por el propio sistema.
Quizás los siguientes ejemplos de la vida política cotidiana ayuden a entender este razonamiento: nos quejamos del calor en verano y ahora en invierno del frío; de los cambios climáticos, pero no pensamos ni buscamos las razones del porqué han tenido lugar estos cambios y tampoco contribuimos en mejorar nuestro propio ambiente.
Nos lamentamos que nuestras aguas están contaminadas, pero estamos de acuerdo con la extranjerización de nuestras tierras e inversiones extranjeras para la siembra del monocultivo de la soja y la forestación indiscriminada, que para mantenerlas requieren del uso de los agroquímicos que contaminan suelo, tierra, agua y aire.
Nos quejamos de los impuestos, del alza de los precios, de los pobres sueldos y peores jubilaciones que tenemos, pero echamos las culpas al gobierno, y no nos atrevemos a preguntarnos del porqué ni a qué se debe esta situación y seguimos ignorando que estamos sometidos a un SISTEMA, que debemos cambiar para vivir mejor.
Gritamos contra algunos “chetos” cuando tratan de ayudar a las familias pobres pero estamos de acuerdo con un “techo para mi país”, que no soluciona el problema de la vivienda, porque el problema no pasa por ahí, el problema VIVIENDA es un problema de políticas de Gobierno. Vemos pasar delante de nuestros ojos la destrucción de nuestras escuelas y liceos, la falta de horas docentes que cubran las necesidades, lo que también genera una deserción y exclusión de nuestros niños y adolescentes nunca antes visto en nuestro país, debido a los fuertes recortes financieros para la educación, la salud y la vivienda. Mientras tanto hartos ya de protestar y de quejarnos, cerramos los ojos para no ver lo que pasa a nuestro alrededor.
Escuchamos que, cada vez aumenta la gente que mandan al seguro de paro porque las empresas se cierran y ni hablemos de la informalidad existente en el trabajo generando miseria y el hambre que nos rodea, el aumento de cantegriles, a pequeños propietarios que deben abandonar sus predios en el campo. Asistimos a actos denunciados como corrupción, de mala administración de nuestras empresas públicas, como si todo fuera normal.
Nos quejamos de la justicia, dependiente de los gobiernos de turno… Y así podríamos seguir enumerando hechos al infinito…
Y nuestros opinólogos siguen en sus discusiones y enfrentamientos personales estériles, como si por allí pasara la solución de los problemas que afectan a nuestra sociedad, mientras todo sigue igual o peor. Es fácil echar y repartir culpas al que no piensa como uno, a los países vecinos, a la detracción del comercio internacional y no asumir nuestras propias responsabilidades ciudadanas.
Punto a Punto intentó salir de este intrincado camino que no conduce a nada y sólo son simples eyaculaciones mentales de los tecnócratas, donde prima el yo y nunca la sociedad.
En el N° 85 ofrecimos una propuesta de salida posible para cambiar este giro equivocado hacia donde se nos lleva al País.
Quizá como una salida quijotesca, si se quiere, pero única vía para cambiar este sistema perverso que es sostenido por nuestro gobierno y avalado por los partidos políticos creemos que debemos:
Cambiar nuestra actual constitución burguesa, hecha a imagen y semejanza de los intereses partidarios, a partir de una asamblea constituyente donde sea nuestra gente que decida su destino.
36 ° MARCHA DE LA RESISTENCIA
Con saludo de Mirta Baravalle
Será posible compartir vivencias?Cómo me gustaría que fuera posible !!!
Con todo cariño y saludo militante
Mirta Baravalle
36ª MARCHA DE LA RESISTENCIA1981 – 2016
.
En memoria de los 30000 detenidos desaparecidos, durante la última dictadura cívicos militar, los esperamos el jueves 8 de diciembre, de 12 a 20 horas, en la Plaza de Mayo, el lugar emblemático en el que rendimos homenaje a nuestros hijos y a nuestras hijas detenidos, secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos.
Jueves 8 de diciembre, de 12 a 20, en la Plaza de Mayo:
MADRES DE PLAZA DE MAYO LÍNEA FUNDADORA
Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia accederá a los
archivos de inteligencia del Ejército y la Fuerza Aérea
Felipe Michelini, coordinador del Grupo de trabajo por Verdad y Justicia (GVJ), se reunió en la tarde de ayer con el comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, quien le expresó su “total disposición a colaborar” en la apertura de los archivos del Ejército y en las acciones vinculadas a las excavaciones en busca de restos de detenidos desaparecidos. Hoy Michelini se reunirá con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Alberto Zanelli, para conversar sobre los mismos temas. “Lo descontábamos [la buena disposición], porque el Ministerio de Defensa [Nacional, MDN] está en esa línea”, dijo Michelini, en entrevista con la diaria.
El GVJ presentó un plan de trabajo en marzo. ¿Cuáles fueron los principales avances este año?
-El plan de trabajo fue un esfuerzo importante; es la primera vez que el Estado uruguayo tiene un conjunto de ejes por los cuales avanzar; desde esa perspectiva estamos muy orgullosos. Tenemos dos elementos adversos, difíciles de sortear. Por un lado, el paso del tiempo ha jugado como un elemento negativo, porque se pierde evidencia, fallecen los testigos, o bien recuerdan un poco menos, las causas judiciales avanzan con lentitud. Por otro lado, el pacto mafioso de impunidad es parte de una estrategia de negar los hechos y tratar de evadir todas las responsabilidades que sea posible. La acción del grupo de trabajo, por ejemplo, con el ingreso a los archivos del FUSNA [Fusileros Navales], pero también con el plan de digitalización de todos los archivos, va en la buena dirección. ¿Qué tenemos que hacer mucho más? Sin duda.
En diciembre se vence el convenio con la UdelaR. ¿Va a haber cambios en ese acuerdo?
-La forma en que se trabajó estos primeros diez años ya está agotada, por lo tanto hay que darle un cierre. Además, hay que proyectar un nuevo convenio para nuevas tareas; entre ellas, una recopilación de testimonios en forma masiva y el seguimiento de cada una de las causas de los detenidos desaparecidos, dentro y fuera del país.
¿La recepción de testimonios, que era parte del plan, no se ha hecho todavía?
-No, lamentablemente no se pudo hacer, pero se hará el año que viene, en convenio con la UdelaR. La idea es que a partir del 1º de marzo estos equipos de antropólogos e historiadores permanezcan. Se reestructurarán mínimamente y se clarificará su línea de dependencia jerárquica y administrativa; dejarán de ser grupos universitarios, lo que tiene cierto sentido, porque el trabajo mediante grupos universitarios en clave de extensión puede ser viable para un proyecto corto, pero no para una actividad permanente
Los archivos del FUSNA siguen en poder de la Armada. ¿Deberían pasar a la órbita civil, entregarse al Archivo General de la Nación (AGN), por ejemplo?
-Los archivos del MDN y de cada una de sus fuerzas siguen estando en esas instituciones. La clave está en poder acceder, poder identificar qué relación tienen con las violaciones a los derechos humanos en dictadura, y por lo tanto tener un acceso rápido y oportuno.
Pero imagínese que cambie la voluntad política de acceder a esos archivos...
-Nosotros hicimos un convenio de digitalización con la Armada con respecto a lo del FUSNA, que establece que el formato papel quedará en la institución que está abriendo sus puertas, mientras que el formato digital quedará en ambas instituciones, en la Armada y en el GVJ. En realidad, ninguna entidad del Estado puede negarse a brindar información vinculada a crímenes de lesa humanidad. La restricción no es dónde están los archivos, sino que esa información pueda ser recuperada y entregada rápidamente al área administrativa o judicial que corresponda. Desde el punto de vista jurídico, no habría posibilidad de que ningún administrador se negara a brindar documentación en causas de lesa humanidad, incluso los documentos reservados o secretos.
Quizá para un investigador el AGN sea más accesible.
-Nosotros hemos facilitado el acceso a toda la documentación que tenemos. Por ejemplo, colaboramos con todos aquellos que tuvieron una participación en el juicio por el Plan Cóndor en Italia. Hemos sido una fuente importante de orientación de dónde puede estar la documentación. Los investigadores que se han acercado al grupo de trabajo no han tenido dificultad de acceso.
Hace tres años se firmó un convenio con el Ministerio del Interior para la digitalización de los archivos policiales. ¿Cuándo se estima que finalizará ese proceso?
-Ese proceso está muy avanzado; en los próximos días va a haber una entrega importante de documentación. Ahí hubo una redefinición de por dónde empezar, porque se había empezado por 1940, y ahora se fue por 1968, y en ese sentido se agilizó. La idea es llegar hasta 1985. Nuestra idea es avanzar también con el archivo de inteligencia del Ejército y el de la Fuerza Aérea; estamos haciendo todo para que allí se pueda proceder.
¿Hay voluntad del MDN de abrir esos archivos?
-Sin duda, hay voluntad del MDN, y eso se traslada a las voluntades de los principales jerarcas de estas dependencias. A su vez, se están realizando tareas de excavación en el [Batallón de Infantería Nº] 13, se colabora con el Poder Judicial en La Montañesa. Estamos haciendo todo lo humanamente posible.
¿Existen testimonios sobre enterramientos que se hayan desestimado por entender que no tenían fundamento
-Todos los testimonios se reciben, y se intenta compatibilizarlos con otros testimonios. Es una tarea dificultosa. Hay un balance de costo-beneficio. Por ejemplo, nos pasó con los galpones del Servicio de Material y Armamento del Ejército. Hay uno o dos testimonios que indican que en esa área había un operativo ilegal. Ahora, nosotros trajimos a la gente del equipo de antropología forense de Argentina, que es a nivel mundial y regional lo más selecto en esta materia, y el informe que nos dan por georradar es que no da la impresión de que se justifique continuar una intervención allí.
Entonces, lo razonable no es hacerla. No se puede estar generando expectativas de cosas que no... Nosotros sí queremos realizar excavaciones. Los primeros que queremos encontrar más restos de detenidos desaparecidos somos nosotros, pero no se puede hacer eso como una cuestión fundamentalista. Desde esa perspectiva, tratamos de orientar los recursos y las prioridades en el mejor sentido, bajo el asesoramiento de los equipos que han estado funcionando y con asesoramiento internacional.
Otro de los componentes del plan del grupo era trabajar en un plan de reparación y un plan de memoria
-Nosotros creemos que en materia de memoria hay mucha iniciativa ya desarrollada; por lo tanto, esa no fue una prioridad del grupo, más allá de acompañar en la medida de lo posible distintas iniciativas que iban en ese sentido. En materia reparatoria, el grupo de trabajo tiene un cometido establecido por decreto de presentar sugerencias. Estamos terminando un informe, basado fuertemente en las recomendaciones hechas por la INDDHH [Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo] y el relator especial de Naciones Unidas sobre el tema. La línea es coincidente; el problema es cómo desenganchamos adecuadamente lo que ha sido una ley Reparatoria que estaba incluida en una norma de previsión social.
El grupo tiene una posición muy firme de que lo reparatorio tiene una naturaleza particular y autónoma de las leyes de seguridad social, y deberían tener sistemas distintos.
Uno de los reclamos es que la reparación es un derecho que les corresponde a las víctimas, independientemente de su situación en materia de ingresos.
-Creo que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la sociedad en términos reparatorios simbólicos y monetarios. Esto no excusa el abordaje, que efectivamente es cierto: quien fue objeto de un daño de manera ilegítima, tiene derecho a una reparación. Yo comparto -y todo el grupo de trabajo comparte- que la reparación no debería estar condicionada a si tengo un buen trabajo o una buena jubilación.
¿Ese criterio puede llegar a cambiarse, entonces?
-Nosotros esperamos que sí, que se acepten las recomendaciones nacionales e internacionales y que se pueda cambiar. Hay que convencer para, efectivamente, llegar a una solución en este sentido.
¿Hasta qué punto ha permeado el concepto del “nunca más”, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas?
-La peculiaridad de nuestro proceso histórico es que el régimen militar se instaló y tuvo legitimidad en un país que pudo categorizar a su ciudadanía en letras A, B y C, que mantuvo las formas y que estableció un férreo control basado en la tortura y en la persecución de los opositores. Eso es lo que tenemos que asumir como parte de nuestro proceso histórico.
Acá no hubo una fuerza que nos invadió; acá hubo un proceso político muy complejo, en el que la tortura se justificó, se justificó la ejecución extrajudicial, se justificaron todos los medios, con tal de generar la paz social, y eso tuvo un cambio cualitativo cuando se consideró que ya el Parlamento estorbaba, y se instaló el terrorismo de Estado. En la recuperación democrática, la Concertación Nacional Programática estableció que quienes tenían denuncias por derechos humanos iban a ir al Poder Judicial, sin detenerse en que el Poder Judicial estaba tan viciado como otras instituciones por el accionar del terrorismo de Estado. Eso tuvo como expresión la ley de caducidad, que marcó todo el discurso. Hoy nadie reivindica la aplicación de la ley de impunidad, y ahí hay un gran logro. Hoy hay otros debates.
Un retirado militar dijo recientemente en la radio El Espectador que durante la dictadura hubo delincuentes comunes, no presos políticos. ¿Por qué subsisten estos discursos en las Fuerzas Armadas? ¿El Frente Amplio (FA) podría haber hecho más en este sentido?
-Con la llegada del gobierno del FA, la sociedad uruguaya cambió un poco, pero no cambió del todo. Cuando hoy uno escucha discursos sobre cómo abordar la seguridad ciudadana, ve reflejos que realmente sorprenden y preocupan, porque hay un costado autoritario que trasciende transversalmente a toda la sociedad uruguaya, más allá de a quién vota. La tarea del GVJ no es indicarle al Ejecutivo cuál debe ser su política hacia las Fuerzas Armadas; su tarea es cumplir lo que se le pidió y exigirle al propio Poder Ejecutivo que aporte todos los elementos para que esa tarea se pueda llevar adelante. Y lo ha hecho.
Tal vez lo que haya que hacer es saber preguntar con más detalle, preguntar mejor, a los efectos de clarificar. Pero bueno, estamos en el FUSNA, todo lo que hemos pedido a las Fuerzas Armadas por intermedio del MDN se nos ha entregado. Eso no soslaya que hay un debate ciudadano acerca de qué rol deben tener las Fuerzas Armadas y qué discurso deben llevar adelante en materia de derechos humanos.
¿El GVJ tiene información que dé cuenta de la existencia de espionaje militar en democracia?
-Si efectivamente hubo espionaje de los servicios de inteligencia del MDN durante los gobiernos democráticos, sin duda es muy preocupante, y es legítimo que el Poder Legislativo pueda preguntarse si eso pasó y en qué condiciones. Si hubiese aquí algún elemento que vaya en esa dirección, no tendríamos ningún problema en aportarlo. Y si identificamos que podría ser indicio de algún delito, lo denunciaremos ante el Poder Judicial. Pero nosotros no tenemos el archivo [Castiglioni].
Detectado
El ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, informó ayer en el Comité Ejecutivo del Partido Socialista que, por orden del presidente Tabaré Vázquez, el archivo incautado en dependencias militares durante la gestión de Azucena Berrutti al frente de esa cartera está ahora en poder del GVJ.
Designan a Pedro Buonomo como presidente ejecutivo del
Banco del Sur
Ex asesor de Mujica será presidente ejecutivo
Iniciará su operativa abriendo cuentas en Sudamérica que captarán U$S 90 millones. Está integrado por Uruguay, Venezuela, Ecuador y Bolivia.
· EFE - 1/12/16
El uruguayo Pedro Buonomo fue designado como presidente ejecutivo del Banco del Sur, en una reunión realizada esta semana en la sede de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), en Quito, informó hoy la Cancillería del país andino.
En un comunicado, apuntó que el resultado más relevante de la instalación del Directorio Ejecutivo del Banco del Sur (BdS), con los representantes de Venezuela, Uruguay, Ecuador y Bolivia, fue la designación de Buonomo, que ejercerá el cargo de manera interina mientras pone en marcha la operación inicial de la institución.
"De esta manera, el banco inicia su fase preoperativa abriendo sus cuentas en Suramérica, las cuales captarán -al término del primer año- USD 90 millones de capital en efectivo", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en el comunicado.
Detalló que Buonomo es un economista con más de 25 años de experiencia en gestión financiera pública y privada y realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de Harvard.
Añadió que fue asesor del exmandatario uruguayo José Mujica, presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, y también se desempeñó como viceministro de Economía y Finanzas de Uruguay.
Durante la cita en la sede de UNASUR se aprobó el Reglamento del Directorio que contiene sus responsabilidades y normas operativas.
El directorio pretende constituir al Banco del Sur como un puntal de la nueva arquitectura financiera regional "que enfrentará las restricciones externas con alianzas con otros bloques regionales y bancos de desarrollo a nivel global", finalizó
posta - postaporteñ@ 1702 - 2016-12-07
La maldición de la hipercorrección en América Latina
Por JAVIER CORRALES3 de diciembre de 2016
The New York Times en Español
BOGOTÁ —
A finales de la década de los años 2000, los políticos de izquierda dominaban la política en América Latina. Hoy en día la mayoría de ellos se encuentran en retirada, desafiados por una nueva camada de líderes que prometen arreglar los problemas creados por la izquierda. En Argentina, Paraguay y Perú, estos adversarios han ganado elecciones. En Brasil, tomaron el poder este año como resultado de un juicio de destitución presidencial y, como en Chile, han ganado terreno en las elecciones municipales. En Colombia, México y Venezuela, están ganando fuerza electoral.
En Cuba, a pesar de que no hay elecciones,
se dice que con la muerte de Fidel Castro se abre más espacio para los
menos ortodoxos. Y hasta en los EE. UU., con el ascenso de Donald Trump,
se vislumbra un desmantelamiento de las políticas de centro-izquierda
impulsadas por Obama.
Puesto que estos nuevos líderes desafían a la izquierda, es tentador decir que pertenecen a la derecha.
Algunos, como el presidente de Argentina, Mauricio Macri, y el de
Brasil, Michel Temer, no necesariamente repudiarían dicha etiqueta. Sin
embargo, otra forma de describirlos es llamarles hipercorrectores. Se
ven a sí mismos inmersos en la misión de limpiar los desastres que sus
predecesores dejaron atrás.
¿Tendrán éxito? Hay razones para sentirse
optimista, pero también para preocuparse. En algunas zonas, podrían
repetir los errores del pasado debido a que la hipercorrección, sin
importar las políticas que se adopten, tiende a aspirar a demasiado.
Concentrarse en las grandes crisis provoca que los políticos se vayan a
los extremos, improvisen demasiado e ignoren otras cuestiones.
La hipercorrección ha sido la esencia de la política latinoamericana desde los ochenta.
Entonces,
América Latina transitaba hacia la democracia. Los presidentes
asumieron el poder con el mandato de terminar con la crisis de
violaciones a los derechos humanos y las prácticas autoritarias de sus
predecesores.
En respuesta, a menudo los presidentes fueron demasiado
lejos en la descentralización de la autoridad gubernamental, lo que
condujo a gobiernos inestables. Se obsesionaron con quitar poder al
Ejército y no pusieron la suficiente atención a la economía, lo cual
desembocó en inflaciones disparadas.
Luego vino la era neoliberal.
Los
defensores de este enfoque aparecieron a finales de los ochenta también
con una ambiciosa agenda. Tuvieron sus aciertos: rectificaron los
desequilibrios macroeconómicos. Pero también tuvieron sus excesos,
tales como privatizaciones y liberalizaciones en extremo, que en
algunos casos dejaron legados de monopolios, altos precios y fragilidad
financiera. También pusieron poca atención a la pobreza, lo que llevó a
una creciente desigualdad.
A finales de los noventa, llegaron líderes
de izquierda dispuestos a corregir los problemas de la era neoliberal.
También muchos de ellos respondieron pasándose de la raya. Para
enfrentar la desigualdad de ingresos, expandieron el alcance del Estado y reforzaron la dependencia económica en la exportación de recursos naturales,
lo que condujo a una corrupción rampante, poco ahorro y sectarismo
político. En algunos casos hicieron de lado la disciplina fiscal, con lo
cual provocaron endeudamientos y déficits fiscales.
Ahora le toca gobernar a los presidentes
posizquierda. Me temo que nos encontramos ante la posibilidad de una
repetición de compensaciones excesivas y negligencia.
Comencemos con la economía. Lo positivo es
que los reformadores de hoy tienen menos razones que en el pasado para
sobrecorregir.
A excepción de Venezuela y Brasil, los países
latinoamericanos no están frente a una caída económica brutal. Así que
hay una menor necesidad de las llamadas reformas big bang del pasado que tantos errores y dolores ocasionan.
El verdadero riesgo es errar el tiro: es decir, ir tras el objetivo equivocado. El problema económico clave de la región es la exagerada dependencia de sus recursos naturales, pero
la mayoría de los nuevos hipercorrectores parece ignorar esta
situación.
En Perú, el presidente Pedro Pablo Kuczynski fue a China en
su primer viaje al extranjero, una rara elección si se toma en cuenta la
contribución de China para mantener a Perú dependiente de la minería.
La solución que ofrecen los nuevos
reformadores es atraer la inversión extrajera mediante el relajamiento
de las reglas sobre exportaciones. Es posible que tal liberalización
aumente la inversión, pero como política para minimizar la dependencia
de la exportación de recursos naturales, sin duda, falla. Si acaso logra
algo, es aumentar la dependencia de socios extranjeros.
Reducir tal dependencia requiere
establecer fondos para la estabilización, mejorar la educación para que
los trabajadores puedan adquirir más capacidades y crear una economía de
servicio más diversificada. Tristemente, los presidentes de hoy en día
casi nunca hablan de estas tareas.
Un segundo asunto importante de la agenda para la reforma es la corrupción. Ningún otro asunto
parece movilizar mejor al electorado que el disgusto que les provoca la
corrupción.
Las acusaciones de corrupción destrozaron la fuerza
electoral de los presidentes izquierdistas alguna vez populares, como
Dilma Rousseff en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina,
Mauricio Funes en El Salvador y Evo Morales en Bolivia.
Con los presidentes de izquierda, la estrategia preferida fue castigar a los partidos y expandir la “democracia participativa”, con la esperanza de que dar al ciudadano común mayor poder para tomar decisiones lo convertiría en un guardián eficaz.
Como antídotos contra la corrupción,
ninguno de estos enfoques funcionó. Reducir la presencia del Estado a
través de privatizaciones produjo nuevas oportunidades para coludirse
con el sector privado y hacer que la vigilancia fuera más difícil.
La
democracia participativa tampoco dio el resultado esperado: muchos
grupos que se sumaron terminaron siendo cooptados y se coludieron con
funcionarios corruptos.
En la Venezuela de Hugo Chávez se crearon más de
70.000 consejos comunales para ayudar con proyectos para las
comunidades, y recibieron cerca de ocho mil millones de dólares por
parte del Estado, según Reuters.
Hoy en día hay muy poco que mostrar
como resultado de todo este dinero gastado.
Ahora, más que reducir el tamaño del Estado, los presidentes deben construir Estados basados en reglas. En
lugar de confiar solo en la participación ciudadana, deben dar más
poder a una circunscripción más estrecha: la de los tribunales.
Hay obstáculos. Hacer que el Estado se
rija más por reglas y dar más poder a los tribunales limita el poder de
decisión del ejecutivo, lo que desagrada a los presidentes.
A veces,
como en Brasil, los partidos que apoyan esos cambios están teñidos de
escándalos de corrupción. Los hipercorrectores, en especial, piensan que
las revisiones judiciales los atan de manos en su esfuerzo por reparar
una situación disfuncional.
Por último, los reformadores de hoy en día también han heredado el problema del sectarismo político: la tendencia de los partidos en el poder a otorgar favores a quienes les son leales, mientras marginan a sus opositores.
Este tipo de sectarismo es la razón de una
de las paradojas latinoamericanas más notables desde finales de la
década de los años 2000: la pobreza y la desigualdad se redujeron, pero
las tensiones políticas aumentaron: no tanto porque los programas
sociales se basaran en la redistribución (cuyos fondos de hecho
provenían de las exportaciones más que de aumentos fiscales), sino por
el favoritismo.
Esto produjo un círculo vicioso: los programas sociales
hacían que un presidente fuera popular, y su popularidad los empujaba a
crear más oportunidades reglas y prácticas adversas para sus opositores,
lo que llevaba a la polarización.
Los reformistas de hoy enfrentan el reto
de cambiar esta dinámica para disminuir la polarización. Sin embargo, no
está claro que los hipercorrectores actuales puedan hacerlo; sus
coaliciones políticas quizá se lo impidan.
En algunos países, como Argentina o Perú,
estas coaliciones consisten en un típico frente antipopulista: empresas,
tecnócratas y votantes de clase media, todos alineados en contra del
ineficiente gasto gubernamental. Exigen un enfoque exclusivo en la
disciplina macroeconómica. Si estas coaliciones no se amplían para
incluir otros sectores, terminarán también desembocando en sectarismo.
En otros casos, la coalición electoral
detrás de los reformistas de hoy es más religiosa, como en el caso de
Donald Trump en Estados Unidos. Está tomando forma una alianza entre los
evangélicos y los católicos en el continente americano, la cual busca
adelantar una agenda muy conservadora en temas de sexualidad y
seguridad.
Esta nueva coalición, que es más fuerte en
Brasil, Colombia, México y Centroamérica, quiere que los presidentes se
comprometan con políticas restrictivas en cuanto el aborto, los
derechos de los homosexuales, la drogadicción y el crimen.
Uno de sus
últimos blancos es la “ideología de género”, la idea de que la identidad
de género se construye socialmente en lugar de estar determinada por la
biología. Estos grupos sostienen que la ideología de género va en
contra de la Biblia y se oponen a las políticas que protegen a las
personas homosexuales y transgénero, a los defensores de la
planificación familiar y a las familias no tradicionales.
Coaliciones como esta ayudaron a dar el
poder a Temer en Brasil y Jimmy Morales en Guatemala. En México
presionaron al congreso para que diera carpetazo a un proyecto de ley de
matrimonio entre parejas del mismo sexo.
En Colombia ayudaron a la
derecha a bloquear, mediante un plebiscito, el acuerdo de paz entre el
gobierno y la guerrilla de las FARC.
En Nicaragua empujaron al
presidente Daniel Ortega, un antiguo marxista, a adoptar una postura
contraria al aborto. En Chile ayudaron a la elección de una cantidad
importante de alcaldes en las elecciones municipales más recientes.
Al igual que los izquierdistas
radicales de la década de los años 2000, estos grupos religiosos han
adoptado posturas intransigentes en los asuntos que les interesan.
Los presidentes que deben su victoria a los conservadores religiosos
pueden sentirse en deuda con estos grupos, lo que constituye una receta
para un mayor sectarismo. El reto para estos presidentes es establecer
lo que podríamos llamar una separación de la Iglesia y el partido. Si
insisten en excluir a los sectores siempre crecientes del electorado,
que son más seculares, se arriesgan a incrementar la polarización.
Hay dos formas de interpretar este momento
en América Latina. Una es verlo como un cambio en el péndulo ideológico
de la izquierda hacia la derecha.
La otra es verlo como un
ciclo repetido de hipercorrección, crisis de gobierno que de nuevo
producen megarreformistas.
La hipercorrección se deriva de las crisis y
tiende a las crisis.
Las posibilidades de romper con este
desafortunado ciclo parecen desiguales.
En cuanto a la economía, las
oportunidades se ven mejor que en el pasado pero, en cuanto a corrupción
y sectarismo, se avizoran problemas en el futuro.
envióH.A.P. - postaporteñ@ 1702 - 2016-12-07
Parece que por fin podría haber una Corea post-capitalista
Corea del Sur:
Mientras millones de personas salen a la calle,
el gobierno se tambalea al borde del colapso
LINKS, Revista Internacional por la Renovación Socialista, 30 de noviembre
Por: International Strategy Center
Los índices de apoyo de la Presidente Park [Park Geun-hye, mujer, presidente de Corea del Sur desde el 25 de febrero de 2013 ganando las elecciones de 2012, hija de Park Chung-hee militar y "presidente" entre 1961 y 1979 después de un golpe de estado, "primera dama" entre 1974 y 1979 después del asesinato de su madre] han descendido a 3% en todo el país y 0% en el suroeste, así como 0% en las personas de entre 20 y 30 años.
La indignación pública ha obligado a los principales partidos de la oposición, así como treinta y dos diputados del partido oficialista, completar el voto necesario para la los dos tercios e iniciar la acusación contra la presidente.
Entre el pueblo, el escándalo ha provocado protestas con cifras de cientos de miles de manifestantes cada fin de semana. El 19 de noviembre, 1,2 millones de personas se presentaron en el corazón de Seúl para pedir la destitución de Park, igual que las protestas de 1987 que pusieron fin a la dictadura del país.
El 26 de noviembre hubo un acto de 1,6 millones en Seúl y 2 millones en total a nivel nacional, lo que lo convierte en la mayor concentración de la historia de Corea. Los manifestantes iban desde niños pequeños con padres hasta estudiantes de educación media, universitarios, e incluso ancianos.
La naturaleza espontánea de este movimiento ha llevado incluso a la acuñación de un nuevo término para los individuos que salen a protestar por su cuenta: honchamro - el que come solo.
Nuevas pruebas continúan apareciendo de la corrupción y abuso de poder cometidos por Park. Mientras su presidencia se desmorona bajo el peso de la presión popular, ¿qué significará esta crisis para quienes buscan una transformación social más profunda?
Los llamamientos al juicio político de la Presidente Park comenzaron poco después de que ella asumiera el cargo en 2013 cuando se reveló que el Servicio Nacional de Inteligencia había intervenido en las elecciones por orden suya [porque como presidente del partido GPN controlaba esos resortes de poder], un crimen de igual magnitud que el que causó el escándalo Watergate para el presidente Nixon.
Crecieron mucho cuando el rescate fallido del transbordador Sewol. [Abril 2014, hundido frente a la costa, 306 personas, en su gran mayoría estudiantes, murieron ahogadas y el gobierno no logró rescatarlas pese al mensaje de auxilio enviado, la investigación reveló que tenía una carga tres veces superior al máximo que podía llevar]
El dolor se volvió a la ira y la ira furia cuando la presidente evitó y bloqueó todos los intentos de descubrir la verdad y castigar a los responsables de la tragedia. [Luego de más de dos años el transbordador -pieza clave para recuperar algunos de los cuerpos aún desaparecidos y descubrir la verdad- todavía no se ha recuperado del fondo del océano]
El coro de protestas creció con la privatización de empresas públicas hecha por la presidente Park y el deterioro de sus condiciones laborales. Se intensificó aún más con la muerte de un agricultor de 70 años, Baek Nam Ki, por el disparo de un cañón de agua de la policía durante las protestas por el precio del arroz coreano. Siempre había habido un sector de la sociedad directamente afectado por la presidente y que se sentía profundamente descontento con (incluso traicionado) por ella.
Sin embargo, fue el escándalo de Choi Soon Sil lo que convirtió a Park de presidente impopular en ilegítima.
El primer golpe a su legitimidad se inició con las sospechas de que había ayudado a un amigo cercano [Choi Soon Sil] a recaudar fondos de las corporaciones para obtener fondos para sí, luego la corte entró en un abismo cuando nuevas investigaciones descubrieron que la presidente había ayudado a la hija de Choi a recibir trato preferencial en una universidad de élite de mujeres. Investigaciones más profundas mostraron que tan estrecha era la conexión en todos los terrenos entre Choi y la presidente Park.
Nada parecía estar libre de la influencia de Choi, ya fueran políticas, secretos, puestos gubernamentales o favores para corporaciones e individuos. A medida que se revelaba el alcance total de la corrupción y el abuso de poder, el público, inicialmente irritado por el olor a la corrupción que aparecía en las noticias, se quedó asombrado y luego avergonzado por las grandes profundidades del escándalo.
Un fin de semana 200.000 personas salieron a protestar en Seúl. La vergüenza pronto se mezcló con la ira por la traición de la Presidente Park a la democracia representativa de Corea: la presidente debía representar al pueblo, no a Choi y a su séquito. Las disculpas y mentiras de la presidente solo sirvieron para alimentar la ira y la indignación popular. El siguiente fin de semana, 1,2 millones salieron a protestar en Seúl.
La resistencia de la presidente a ser investigada a pesar de sus anteriores promesas de transparencia total llevó a la protesta a otros 950.000 a nivel nacional. Impulsados ??por lo que retumbaba en sus conciencias, respaldados por asegurar el carácter pacífico de las protestas, cada vez más personas salieron a la calle cada fin de semana a pesar del frío y la nieve.
Las protestas se han convertido en un cóctel de ágora, concierto de k-pop y micrófono abierto.
El impase de una presidente claramente ilegítima que no está dispuesta a dimitir y un partido de oposición demasiado tímido para acusarla, ha impulsado el deber moral del pueblo por seguir empujando a los partidos de la oposición a la acción para desalojar a la presidente de su cargo.
La última manifestación del 26 de noviembre sumó unos 2 millones de personas (el 4% de la población) que salieron a las calles por todo el país.
¿Puede esta movilización masiva de la sociedad coreana conducir a profundos y fundamentales cambios? Indudablemente, incluso si la presidente Park renuncia o es acusada, muchas preguntas todavía deberán ser contestadas:
¿Qué pasa con empresas como Samsung, que contribuyó con fondos a las fundaciones de Choi y obtuvo unas excesivas condonaciones de cargas de seguridad social?
O aún peor, ¿había alguna relación entre estas contribuciones y el anuncio de la Presidente Park de reformas laborales favorables a las corporaciones y destructivas para los trabajadores? ¿Qué pasa con las siete horas de demora por las que 306 personas se ahogaban en el ferry Sewol? ¿La Presidente Park realmente recibió tratamientos de belleza con Choi Soon Sil? ¿El descontento público se propagará a otras políticas y estructuras que hace miserable la vida de la gente?
En la actualidad, la atención del público y la presión se concentra como un láser sobre la Presidente Park y su renuncia. La renuncia o la destitución serán seguidas por convocatorias a reformas constitucionales para prevenir la repetición de incidentes parecidos.
Sin embargo, para aquellos de nosotros que nos organizamos, esta lucha es más que simplemente el impeachment de Park - se trata de la creación de una mejor sociedad coreana.
Esta crisis política ofrece espacio para vincularse con las familias, los trabajadores informales, los agricultores, los jóvenes trabajadores de tiempo parcial, los estudiantes, las mujeres, los artistas y los extraños en las calles, y la oportunidad de organizarlos.
Una cosa es cierta: la expulsión de una presidente, lograda por el poder del pueblo, será como el momento en que la gente se dio cuenta de que los reyes eran solamente hombres , y podían ser derrocados
envióF.MOYANO - postaporteñ@ 1702 - 2016-12-07
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