Número 1042 | octubre 10 de 2013 | Año VIII
|
Vida y milagros del APARATO
|
QUÉ DIRÍAS, ERNESTO?
¿Qué dirías Comandante, si fueses testigo de este presente dónde los que se dicen "populares" gobiernan para llenarle aún más los bolsillos a los patrones?
¿Qué, ante la soberbia que atropella al pobrerío y los echa de sus pedacitos de tierra, para entregárselos a las corporaciones multinacionales de la soja, de la minería, del gas y del petróleo?
¿Qué, ante los que pagan una "deuda" al poder financiero que la provocó, y dicen que "eso" es "soberanía"?
¿Qué, ante los que le ponen techo a los sueños proletarios, y procesan y encarcelan y reprimen a los que no se conforman y protestan?
¿Qué, ante los que se regocijan con Harvard y denostan a La Matanza?
¿Qué, ante los traidores que mancillando la enseña roja, las hoces y los martillos, apoyan y aplauden semejantes desatinos?
Cuarenta y seis años después, esa coherencia que fue tu estandarte, no encuentra espacio en nuestra tierra.
Habrá que construirlo, Comandante, enterneciéndonos sin perder la dureza necesaria, para lograr hacer realidad el sueño por el que luchaste y entregaste tu sangre y tu vida generosas
Ése será nuestro mejor homenaje, hermano, camarada
Gustavo Robles
La Frase del día
"Todos los comunicados del MPP terminan ‘por la liberación nacional y el socialismo’
¡Es mentira, no jodamos más con esas cosas!
Por suerte, y para bien, tenemos hoy a Mujica en Nueva York, tenemos a Vázquez que más o menos sabemos cómo piensa, no armemos un mapa tramposo del sistema político"
(Diputado colorado Fernando Amado en la sección
"Las 40", Montevideo Portal, martes 8
@PostaPortenia - postaporteñ@ 1042 - 2013-10-10
EN HOMENAJE A MIS 14 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS
DE MERCEDES BENZ ARGENTINA"
En el año 1971 ingrese como operario en la multinacional Mercedes BENZ, gobernaba el país la dictadura cívico-militar que tenía al mando al general Alejandro Lanusse, en el sindicato SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor) estaba como secretario general Dirk Kloosterman y José Rodríguez como secretario adjunto, fundadores de la lista verde, Kloosterman era también vicepresidente de la FITIM (Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica) desde el año 1969.
Al poco tiempo de ingresar fui conociendo a compañeros que como yo tenían idea de trabajar sindicalmente, cosa que era bastante difícil por el poder que la lista verde pudo desarrollar a partir del despido de una comisión interna honesta, representativa y clasista en el año 1969.
En el desarrollo de la lucha que emprendimos de la que formaba parte un abanico de distintos partidos políticos con los que acordamos que lo importante no era la pertenencia partidaria, y si que fuera un movimiento democrático, plural y clasista.
Así fuimos avanzando hasta llegar a las elecciones de delegados y comisión interna en el año 1973, este triunfo se logro después de una lucha que tuvimos que realizar con el tema de adonde se abrirían las urnas para hacer el conteo de votos.
Para este momento ya manejaba al sindicato José Rodríguez ya que Kloosterman fue muerto en un atentado.
Hasta esa elección los burócratas del SMATA se llevaban las urnas y traían los resultados otro día, por supuesto siempre eran elegidos sus candidatos, en esta oportunidad los obligamos a abrir las urnas una vez finalizado el acto eleccionario en cada sección, les ganamos en todos los sectores por amplia mayoría.
A partir de ese momento la lista verde comenzó a trabajar para desacreditar, perseguir, amenazar a los compañeros elegidos, esta comisión interna le presento a la empresa 50 puntos para discutir y resolver, la empresa que no tenía ningún interés de manejarse con trabajadores a los que no podía manejar se puso de acuerdo con los burócratas para descabezar al movimiento de los trabajadores que avanzaba a pasos agigantados.
Este accionar de los burócratas y la empresa les dio sus frutos, y para fines de 1974 nos dejaron sin comisión interna, a partir de ahí nombraron dos interventores, Aguiar y Selles para representarnos, demás está decir que no servían para nada, eran verdaderos burócratas que representaban y defendían los intereses de la empresa.
Gobernaba el país el justicialismo que en el año 1973 había firmado con la CGT y la CGE (Confederación General Económica) el pacto social que básicamente suspendía por dos años los aumentos de precios y los salarios, esto se cumplió a medias ya que lo único que no se aumento fueron justamente los salarios.
Así arribamos al año 1975, para Junio y Julio que finalizaba el plazo del pacto social y se abrían nuevamente las discusiones paritarias, nosotros seguíamos intervenidos, para la discusión con la empresa propusimos a los compañeros que nos representarían pero no solo que no fueron aceptados sino que la empresa los despidió con los dos interventores que ni se dieron por enterados.
El movimiento siguió trabajando, publicábamos volantes firmados como C.R.O.E.M.B.A (Cuerpo de Representantes de Obreros y Empleados de MBA), el malestar en la base aumentaba permanentemente porque los problemas en la planta no se solucionaban, el salario caía sin descanso y para rematar el SMATA firmo el convenio colectivo con MBA (Mercedes BENZ Argentina) a nuestras espaldas.
El trabajo nuestro que era por demás peligroso ya que funcionaba libremente la AAA (Alianza Anticomunista Argentina) que con la burocracia sindical y otro grupo que se llamaba Comando de Organización (CDO), eran la mano de obra que usaban las empresas pera perseguir a los trabajadores enrolados en el clasismo, grupos que estaban infiltrados en la mayoría de las grandes empresas, sumados a los de las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas y el servicio de inteligencia del ejército, batallón 601, (todas las empresas tenían a algún miembro de los represores entre sus empleados (Generalmente en sus directorios o como jefes de seguridad como por ejemplo MBA, su jefe de seguridad se llamaba Lavallen, apropiador de Paula Logares, la primer nieta recuperada por Abuelas, a cargo de la Sub-Comisaría de San Justo, lugar por el que pasaron nuestros 14 compañeros detenidos- desaparecidos).
Este convenio acordado entre la burocracia del SMATA y MBA decía en el artículo 29 que la empresa le daba al SMATA el 1% de su facturación a las concesionarias para entre otras cosas, "Eliminar a los elementos negativos", esto es prueba fehaciente de que las empresas comenzaron a financiar a los represores mucho antes de producir el golpe cívico-militar de Marzo de 1976.
Con estos problemas llegamos a Octubre de 1975, firma del convenio sin consultar a la base, despido de los compañeros elegidos como paritarios, sin cuerpo de delegados ni comisión interna, libre accionar de los grupos antes mencionados (AAA, CDO, Fuerzas Armadas y de seguridad etc.), persecución de activistas, delegados y comisiones internas clasistas.
El 8 de Octubre (Fecha que no fue elegida al azar, ya que un 8 de Octubre había caído herido en combate Ernesto Che Guevara en Bolivia, y era para nosotros como que caído El Che levantábamos su bandera de lucha para llegar al socialismo en nuestra Latino-América, para eso se luchaba en aquellos años) realizamos una asamblea para exigirle a los interventores elecciones, al mismo tiempo se decide la huelga de brazos caídos y hasta tanto el gremio de elecciones nombrar a una comisión interna de 9 miembros que represente al personal.
La respuesta del gremio como era de esperar fue negativa y por supuesto no reconocer a la comisión elegida en asamblea.
La comisión interna de 9 miembros estaba formada por los compañeros:
Barreiro, José -Cano, Alfredo - Crosatto, Hugo -Estivill, Eduardo - Ferro, Telmo - Hernandez, Pablo - Mazzuco, Daniel - Portnoit, Daniel - Ventura, Víctor
Durante los primeros días de huelga podíamos ingresar a las plantas, pero el día 15 a 117 trabajadores la empresa nos impidió el ingreso, estábamos despedidos, el personal ingresado decidió que la lucha era con los 4000 adentro, o los 4000 afuera, y comenzaron a salir hasta no quedar nadie adentro, como los que estábamos afuera éramos del turno mañana se nos agregaron con el correr de las horas los del turno intermedio y turno tarde.
A partir de ese día nos quedamos en un terreno enfrente de fábrica y comenzó otra lucha, se organizo un fondo de huelga que llevaron adelante las compañeras de los trabajadores y compañeras trabajadoras, se organizaron movilizaciones al Ministerio de Trabajo comandado por Carlos Ruckauf (con el paso del tiempo nos enteramos que este fascista le exigía a la empresa despedir entre 350 y 400 trabajadores en complicidad con el SMATA), tuvimos el día 22 el apoyo del comercio de Cañuelas y González Catan que cerraron sus puertas en apoyo a la huelga, tuvimos reuniones en el Congreso con diferentes políticos que no dieron resultado alguno, en una reunión con Victorio Calabró en ese momento gobernador de la provincia ( La AAA bajo amenaza de muerte había provocado la renuncia de Bidegain al cargo de gobernador, así fue que asumió Calabró que era el vice), Cala bró nos manifestó que no podía intervenir para resolver el conflicto, solo nos prometió que no nos iba a mandar a las "fuerzas policiales para cagarnos a palos" (Textual), cumplió.
Como el gremio no se hacía cargo de nada y además nos quito la cobertura social (Nos dejo sin cobertura de salud) decidimos ir nosotros, fuimos recibidos por Amín que nos dijo textualmente, "así como a ustedes los apoya la izquierda, a nosotros nos apoya la derecha, si yo levanto el teléfono mañana ustedes son todos boleta, pero en esa no vamos a entrar ya que si tocamos a uno de ustedes nos van a tocar a uno de nosotros", de la única manera que podemos hacernos cargo, es que vuelvan a trabajar y dejar sin efecto a la comisión que además no está reconocida por el gremio y tampoco la puede reconocer la empresa.
Nos retiramos con la firme convicción que la lucha sería encarnizada como lo suponíamos, volvimos a fábrica y la Asamblea decidió por unanimidad continuar la medida de fuerza a pesar de la declaración de ilegalidad impuesta por el facho Ruckauf.
Recibimos un apoyo total de diferentes fábricas con las cuales conformamos la Coordinadora de Zona Oeste, y del interior del país como de la lista Marrón clasista de Córdoba (Con la que teníamos total afinidad).
El día 30 de Octubre fuimos en manifestación a la casa central de MBA, estaba en esos años en Av. Del Libertador 2400, en la reunión que realizamos con D'Elias que era el presidente del directorio, le ganamos la lucha, le arrancamos la reincorporación de todos los despedidos, el pago de los días de huelga, el reconocimiento de "Los 9" y el cuerpo de delegados, un adelanto de una suma importante y la garantía de no producir despidos.
Como el grupo los 9 comenzamos a trabajar en los puntos que no se resolvieron con la anterior comisión interna, uno que era muy importante para los compañeros se refería a la recategorización de todos los puestos de trabajo, concluido este se cobro la diferencia a partir del año 1974 que fue adonde dejo la discusión la CIR de ese año, pasamos a todo el personal fuera de convenio a pertenecer a MBA, leche y barbijos a los sectores que podían contraer Saturnismo, bajamos las horas de tratamiento térmicos por ser trabajo insalubre, mas micros para el personal, comedor a cargo de fábrica, examen médico a todo el personal, etc.
Para Enero-Febrero del 76 debido a que la inflación se devoraba los salarios, le pedimos una reunión al directorio para discutir un aumento salarial, la empresa nos pidió discutir el tema en base a un aumento de la producción, nuestra respuesta fue que, si querían más producción nosotros podíamos pensarlo sobre la base de tener participación en las ganancias.
Se sucedieron las reuniones para resolver el problema, antes de poder llegar a lograr un acuerdo se produce el golpe cívico-militar de Marzo.
Hay un hecho que se puede catalogar de heroico y no esta difundido como debería, en Abril de 1976 (Ya producido el golpe) entran militares a planta y se llevan a un compañero, Juan José Martin, como comisión interna hacemos responsable a la empresa por lo que le pudiera suceder al compañero y salimos a buscarlo, recorrimos comisarias de González Catan, Cañuelas, San Justo sin resultados, decidimos entonces ir al regimiento 3 de La Tablada, salimos de la reunión con el coronel que nos atendió que nos dijo que no había orden alguna de ningún organismo del gobierno de detener a trabajador alguno.
Por supuesto no le creímos, ya que por datos de los compañeros del sector de Martín no había duda, eran milicos, al volver a fábrica y consultar a la base se resolvió ir en manifestación al regimiento 3, así lo hicimos y a los pocos días Martín fue liberado.
Debido a que la empresa quiso imponer como aumento de salario que solicitamos un premio a la producción (Nos costó mucha lucha eliminar todo premio en el salario) dejando en el olvido las reuniones de Enero-Febrero, y como la situación en todo el país era de una sangrienta represión, no nos quedo margen para resistir el embate empresarial sin poner en riesgo a los compañeros.
La propuesta de la empresa la rechazamos sin dudar y los emplazamos a retirar esa forma de resolver el problema salarial.
Debido a que los golpistas prohibieron todas las actividades sindicales y como no íbamos a firmar un acuerdo sobre el aumento de la producción, renunciamos, esto fue en Mayo del 76. Para Julio de ese año junto a dos compañeros, renunciamos a fábrica.
Lo que vino después fue la represión que termino con 14 compañeros detenidos desaparecidos.
Este es un pequeño resumen de la lucha que llevamos a cabo en la Mercedes Benz, hay muchísimos datos que por no hacer tan extenso y cansador al relato los deje al margen para otra oportunidad.
Hoy muchos compañer@s estamos agrupados en "Trabajadores y Delegados de Los Años 70" para seguir impulsando los juicios contra todos los aparatos represivos y los civiles que a través de las empresas fueron en conjunto quienes secuestraron, asesinaron, robaron, apropiaron a l@s nacid@s en cautiverio en Campo de Mayo, por donde pasaron nuestros 14 compañeros que forman parte de la terrible cifra de 5.000 que desaparecieron en ese campo de concentración.
Las fábricas multinacionales se enriquecieron tomando préstamos a la banca internacional y la está pagando el pueblo argentino como parte de la deuda externa.
Como reflexión final quiero dejar claro que las trabajadoras y los trabajadores de aquellos años sabíamos porque luchábamos, luchábamos contra la explotación, por la defensa de los recursos, por reforma agraria, nacionalizar la banca, por derechos humanos que tengan en cuenta la niñez, salud, educación, vivienda, atención a los mayores, etc., y por el Socialismo
COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS DE
MERCEDES BENZ PRESENTES!!!
30.000 COMPAÑER@S DETENIDOS DESAPARECIDOS PRESENTES!!!
@PostaPortenia - postaporteñ@ 1042 - 2013-10-10
El problema de la vivienda en la Cuidad de Buenos Aires
SI A LA VIVIENDA DIGNA
NO AL PLAN MAESTRO EN LA COMUNA 8
NO AL PACTO PRO-K
Mientras se otorgan permisos
para construir en cada vez más metros cuadrados de la Capital Federal, el
déficit habitacional creció casi un 26% pasando de 86.185 a 108.225 de familias
sin hogar digno.A su vez, el 62% de los metros cuadrados construidos se destinaron para barrios como Puerto Madero, Retiro, Palermo, Caballito y Belgrano.
La población en villas o asentamientos paso de 108.000 personas en el 2001 a 164.000 en el 2010 (un incremento del 54%). 144.000 familias habitan en inquilinatos, hoteles familiares, pensiones y casas tomadas. Más de 15.000 personas viven en situación de calle.
Alrededor de 350.000 familias deben alquilar, por la imposibilidad cada vez más grande de comprar una casa.
Después de que la crisis habitacional estallará a fines del 2010, coronada por la Masacre del Indoamericano, la política del macrismo sigue promoviendo la construcción de una ciudad para pocos. El porcentaje correspondiente a la vivienda dentro del presupuesto de la Cuidad ha disminuido en los últimos años de manera drástica.
Esta situación se combina con la cotidiana política de desalojos, privatizaciones y ninguneos dirigidos a los sectores más pauperizados de la Ciudad para crear un panorama sofocante.
Asimismo, la respuesta del Estado Nacional tampoco ha sido satisfactoria. Ante la organización popular en reclamo por vivienda digna lo primero fue gestionar una represión coordinada entre la Gendarmería y la Federal y la creación de un nuevo Ministerio.
El Ministerio de Seguridad. Un ente cuya principal medida hasta el día de hoy ha sido la coordinación e impulso de la militarización de las barriadas populares del sur de la Ciudad y el Gran Buenos Aires
¿Y las leyes 1769 y 1770?
En el año 2005 se sancionaron tres leyes que afectaban a la Comuna 8, en particular a las intersecciones de Cruz y Escalada.
La 1769 que dictaminaba la construcción de un Hospital General de Agudos, dejándolo a criterio del Ejecutivo de turno.
En Noviembre de 2010 el Jefe de Gobierno Mauricio Macri firmo el decreto 849 que, en base a un “estudio”, determino que no era necesaria la construcción de un hospital de la complejidad que se había proyectado.
Dejando la estructura ya construida hasta el momento para dicho establecimiento pero con la (poca) capacidad de cualquier salita de barrio.
La 1770 prometía la urbanización con radicación de toda la Villa 20 de Lugano utilizando para dicha labor los terrenos aledaños a la misma (hoy amenazados), ordenando el saneamiento de la tierra, la construcción de 1600 nuevas viviendas, y espacios verde recreativos. La ley 1770 no avanzó en nada, desde el año 2005 en que fue sancionada.
No fue así con la tercera Ley: la 1768 que ponía en marcha la construcción del Polo Farmacéutico, el cual permite el incremento de ganancias de los negociados del sector farmacológico.
Curiosamente, esta es la única Ley que ha avanzado de las tres.
La toma del Parque Indoamericano, un reclamo por vivienda digna
En Diciembre del 2010 más de 3000 familias mujeres, niños y ancianos ocuparon el Parque Indoamericano de la Comuna 8, movilizados por la terrible problemática habitacional que padecen diariamente desde hace décadas, y como medida de lucha ante el abandono y la desidia del Estado porteño y nacional, para exigir que se respete el derecho a una vivienda digna.
El 7 de Diciembre el Gobierno de la Cuidad denuncio dicha situación y comenzó un operativo para desalojar a los vecinos.
La Federal, la Gendarmería y la Metropolitana dispararon con gases, balas de goma y de plomo, sumándose también la represión para-policial de las patotas enviadas por el funcionariado del Estado.
El desalojo y la represión durante esos tres días dejo como saldo 3 muertos pobres, trabajadores, y sin vivienda: Bernardo Salgueiro, Rosemary Puña y Emilio Canaviri Alvarez.
Los únicos procesados penalmente luego de esta masacre fueron nuestros compañeros Diosnel Pérez (FPDS) y el Tano Nardulli (CCC) acusados de ser supuestos instigadores de la ocupación, mientras que los asesinos y responsables políticos de estos crímenes siguen impunes.
El pacto PRO-K y como afecta a la Comuna 8
A fines del año pasado los legisladores porteños del macrismo y del Kirchnerismo formaron parte de un acuerdo que se caracterizó por la sanción de un paquete de leyes en las que se encontraba el Plan Maestro para la Comuna 8.
El mismo propone la concesión de grandes porciones de tierras (Parque Indoamericano, Parque Roca, Parque de la Victoria, Parque de la Cuidad) destinadas al negociado inmobiliario.
Con este gran negocio que beneficia principalmente a las grandes corporaciones (algunas de las empresas involucradas son Monsanto, el Grupo Roggio, IIRSA, etc.), los legisladores del PRO y del Kirchnerismo quisieron hacernos creer que las ganancias que de ello se obtenga serán destinadas a la urbanización de las Villas de la Comuna , entre ellas las de la Villa 20 de Lugano.
Estos días, nuevamente los legisladores están tratando dicha ley, pero ahora el destino de estas tierras será directamente para la venta.
A pesar de los reclamos que vecinos, vecinas y organizaciones de la Comuna 8 (y también de otras comunas) hicimos, tanto el año pasado, como este año, nuestros gobernantes de siempre parecen hacer oídos sordos e interesarse más por las ganancias que el negocio inmobiliario les promete, antes que por las necesidades de los trabajadores y de los sectores populares.
Solo gracias a la lucha popular se sanciono la Ley de urbanización de la Villa 20, después de 8 años no hay ningún avance para su cumplimiento.
Lo que los vecinos y vecinas de la 20 tienen, es un Polo Farmacéutico que solo colabora con la contaminación de sus suelos y también cuentan con la promesa de los funcionarios que dicen que con la venta de grandes porciones de tierras, que podrían ser utilizadas para urbanizar a los barrios carenciados de la Ciudad, van a poder hacer lo que en realidad deberían haber hecho hace 8 años.
No a los negociados millonarios de los de siempre, SI A LA VIVIENDA PARA LOS SECTORES POPULARES.
Vivimos en una sociedad injusta que pone en primer plano las ganancias y la rentabilidad, antes que a las personas y sus necesidades económicas, sociales, y culturales.
Denunciamos la impunidad de las corporaciones económicas, y la complicidad de los legisladores porteños PRO - K al servicio de los intereses empresariales, quienes están impulsando de manera vertiginosa un paquete de medidas, preocupados en sus propios beneficios económicos, mientras grandes sectores de la sociedad no pueden acceder a una vivienda digna, y ni siquiera satisfacer sus necesidades básicas.
Exigimos el cumplimiento e instrumentalización de las leyes 1769 y 1770.
El desprocesamiento de los luchadores populares, justicia para las víctimas del Parque Indoamericano, y la urbanización con radicación de todas las Villas de la Ciudad.
Sigamos luchando, sigamos organizados, que es la única manera de que la voz de los sectores populares sea escuchada.
CONVOCAMOS ESTE JUEVES 10/10 A LAS 12 HS EN LA LEGISLATURA PORTEÑA!!
(ESTACIÓN BOLÍVAR DE LA LÍNEA E DE SUBTE)
Frente de Organizaciones en Lucha (FOL)
Movimiento Cultural Hagamos Lo Imposible (HLI)
Corriente de Organizaciones de Base - La Brecha
cob-labrecha - postaporteñ@
1042 - 2013-10-10 Sin desperdicio:
Observaciones preliminares del
Relator Especial de la ONU
al final de su visita
Miembros de la prensa, señoras y señores,
Me satisface mucho estar con ustedes hoy para compartir observaciones preliminares al final de mi visita oficial a la República del Uruguay
Permítanme comenzar agradeciendo cordialmente al Gobierno del Uruguay por haberme invitado a llevar a cabo esta misión oficial y por haber facilitado un programa de reuniones extremamente interesantes respetando al mismo tiempo la independencia de mi mandato.
Durante mi visita, tuve el privilegio de reunirme con el Presidente de la República, Su Excelencia José Mujica.
Asimismo, me reuní con distintas instituciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, incluyendo el Ministro de Defensa Nacional, el Ministro del Interior y el Equipo especial auxiliar de la justicia en crímenes de terrorismo de Estado, altos representantes en los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Educación y Cultura, el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, el Comisionado Parlamentario Penitenciario, la Suprema Corte de Justicia, así como con diversos sectores de la sociedad civil, incluyendo asociaciones de víctimas, académicos y abogados
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos aquellos que me han dado de su tiempo para compartir sus opiniones y perspectivas, en muchos casos, recordando experiencias dolorosas.
Quiero también agradecer a la oficina de las Naciones Unidas en Montevideo por su amable y efectiva colaboración
El propósito de la visita fue evaluar las medidas adoptadas por las autoridades en relación con las serias violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico- militar en las áreas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, los cuatro pilares de mi mandato
El informe final sobre la visita se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2014, me limitaré ahora a presentar algunas observaciones y recomendaciones preliminares.
Observaciones preliminares
Uruguay es parte de una comunidad internacional de derecho y valores. El país se encuentra comprometido con los derechos humanos y el derecho internacional y está haciendo noticia en el mundo por sus avances en materia de reconocimiento de derechos a diversos colectivos.
Sin embargo tiene aún un capítulo importante de su pasado reciente sin resolver adecuadamente. Avanzar realmente hacia el futuro y continuar en el camino del desarrollo supone necesariamente que la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición sean cumplidas.
No se trata de revanchismo ni de mirar solo el pasado sino que se trata de crear bases sólidas para una sociedad justa, equitativa y que permita a las nuevas generaciones abordar los retos del futuro
Las violaciones masivas a los derechos humanos ocurridas en el Uruguay durante la dictadura cívico-militar y en el período inmediatamente precedente ya distan más de treinta años en el tiempo.
Durante una buena parte de este período, a pesar de que los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil no cesaron, hubo poco progreso (y en todo caso no constante) en cada una de las áreas de este mandato.
Desde hace menos de 10 años al presente, el paso de estas iniciativas ha acelerado – en algunas áreas más que otras – pero la pregunta es si de forma suficiente, y si las medidas tienen suficiente alcance
Uruguay es un país con instituciones históricamente fuertes; lo fueron antes de la dictadura, como expresión de un estado garantista que buscó activamente el bienestar de sus ciudadanos.
La dictadura hizo uso de la fortaleza de esas instituciones para promover lo que sin exageración los uruguayos mismos llaman terrorismo de estado, que llevó a decenas de miles de Uruguayos a dejar el país, a la mayor población per-cápita de detenidos y de torturados de todas las dictaduras del Cono Sur, y a más de doscientas desapariciones.
Estos son los legados que el país intenta superar, como muchos otros con experiencias similares, mediante la implementación de medidas de verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición, entre otras.
Hoy Uruguay es un país sólidamente instalado en la democracia
En cada una de estas áreas ha de reconocerse que se han logrado ciertos avances que merecen reconocimiento.
Intentaré en lo que sigue dar cuenta de algunos de estos avances, así como también de señalar retos pendientes
Reparación
Uruguay cuenta hoy con dos principales leyes de reparación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Los beneficios materiales estipulados por estas leyes se han distribuido. Estas leyes incluyen pensiones indemnizatorias, restitución de beneficios pensionales, y acceso a servicios de salud.
Estos son logros significativos que contribuyen a satisfacer derechos de las víctimas y a mejorar sus condiciones de vida, lo cual es de suma importancia teniendo en cuenta la gravedad de las secuelas que las violaciones a los derechos humanos dejan tras de sí.
Parte de los retos pendientes en esta área se desprenden de las leyes mismas que crean estos programas; las leyes adolecen de una cierta confusión entre los derechos que atañen a las víctimas en tanto víctimas de violaciones a sus derechos humanos, y derechos laborales, incluyendo derechos pensionales, obligándolas a escoger entre beneficios de reparación y los pensionales; las leyes no incluyen a todas las categorías relevantes de víctimas y los procedimientos de calificación han terminado excluyendo a muchos beneficiarios potenciales, aparte de que, según informes al Relator, el proceso es administrado por personal que no siempre tiene la capacitación o la sensibilidad necesaria para tratar con víctimas y evitar formas innecesarias de re-victimización.
Justicia
El área de la justicia ha concentrado más atención en el Uruguay que cualquiera de las otras.
Es alrededor de este tema que la mayor parte de los debates se han dado y la que ha canalizado, de hecho la mayor parte de los esfuerzos, incluyendo las movilizaciones alrededor de un referéndum y un plebiscito.
Dejando a un lado la cuestión a nivel popular, es alrededor de causas judiciales – de la posibilidad de iniciarlas, si iniciadas de su ritmo y curso, y de su desenlace final – que giran una buena parte de los esfuerzos de las víctimas, sus asociaciones, y sus representantes.
Es bien sabido que entre otras razones, debido a la adopción de la llamada ‘Ley de Caducidad de las Pretensiones Punitivas del Estado’, las aspiraciones de justicia de las víctimas se vieron frustradas casi en su totalidad hasta recién, cuando algunas causas comenzaron a moverse.
La adopción de la ley que restablece la pretensión punitiva del Estado se pensó que establecería las condiciones que permitirían mayores progresos.
De nuevo, me interesa enfatizar que aún en el área de la justicia se han conseguido ciertos avances. En Uruguay se procesó penalmente a un ex Presidente electo y uno ex Presidente de facto, a un ex ministro, y algunos miembros de alto rango de las Fuerzas Armadas. Hay un número importante de causas abiertas, alrededor de 140.
De momento, sin embargo, nada parece amenazar más las posibilidades de progreso en el área de la justicia que decisiones recientes de la Suprema Corte de Justicia.
Estas decisiones han despertado alarma tanto en el Uruguay como en la comunidad internacional.
Parecen representar un cambio de rumbo por parte de una Corte que había, en el 2009 en el caso Sabalsagaray, encontrado inconstitucional la aplicación de la ley de Caducidad.
En las decisiones recientes la Corte encuentra inconstitucionales los artículos 2, 3 y 4 de la ley que restablece la pretensión punitiva del Estado y en el curso de la decisión adopta posiciones que claramente no coinciden con tendencias jurisprudenciales actuales manifiestas por decisiones de cortes en diferentes partes del mundo, las cuales, enfrentando cuestiones similares a las que consideró la Corte Uruguaya, han llegado a conclusiones diferentes.
Esto incluye temas tan básicos como la forma de integrar obligaciones internacionales, el uso de tipos criminales comunes en el derecho internacional como los crímenes de lesa humanidad, y en últimas, la forma de dar cumplimiento a sentencias de tribunales regionales con cuya jurisdicción Uruguay se ha comprometido.
Lo que está en juego no es poco. En últimas, estas son obligaciones del Estado de Uruguay y la Corte, es por supuesto parte de ese Estado
El efecto que estas decisiones recientes tendrán sobre los casos en curso, y sobre la posibilidad de iniciar nuevas causas está por verse todavía.
En opinión de muchos, incluyendo algunos operadores judiciales, las causas continuarán, a pesar de que las señales que envía la Corte – y no sólo a través de sus sentencias – no son particularmente alentadoras.
Es de esperarse que la Corte Uruguaya vuelva a unirse a la corriente de cortes en lugares diversos del mundo donde se han enfrentado violaciones masivas a los derechos humanos y las cortes han tomado en consideración tanto las garantías debidas siempre a los imputados, como también los derechos de las víctimas
Aun en ausencia de cualquier obstáculo impuesto por decisiones particulares de la Corte Suprema, el proceso judicial en Uruguay, sin embargo, merecería algunos comentarios para solucionar su lentitud, la debilidad de la capacidad investigativa, y la casi nula participación de las víctimas en el proceso penal
– a pesar de que por la misma debilidad de la capacidad investigativa del sistema de las víctimas se espera prácticamente todo lo que permite iniciar las causas.
Al final de mi intervención hoy, y de forma más extensa y sistemática en mi reporte, haré algunas recomendaciones al respecto
Verdad
En el campo de la verdad también se han logrado ciertos avances, particularmente con respecto a las víctimas desaparecidas, comenzando desde el establecimiento de la Comisión para la Paz, la Comisión de Seguimiento, hasta la conformación de la Secretaría de derechos humanos para el pasado reciente bajo la Presidencia de la República que ahora integra trabajo valioso tanto de historiadores como de antropólogos forenses de la Universidad de la República.
Todo esto ha de celebrarse. Además se ha dado también movimiento con respecto a la recuperación, organización y reglamentación de acceso a archivos, una pieza clave en cualquier esfuerzo por develar la verdad de lo ocurrido.
Queda todavía camino por recorrer en este último campo, pues no se cuenta todavía con todos los archivos relevantes especialmente de las Fuerzas Armadas, que, vale decirlo, como todos los otros, son propiedad y deberían estar bajo el control de la Nación
El reto fundamental en el área de la verdad, sin embargo, desde mi punto de vista, aparte del hecho de que la mayor parte de los casos de desaparición no acaban de ser resueltos del todo, tiene que ver con el enfoque mismo de los esfuerzos.
Desde el punto de vista de la experiencia internacional comparada resulta llamativo que la mayor parte de los esfuerzos con respecto al pasado en Uruguay se han concentrado en el universo de casos de desaparecidos.
El universo mucho mayor de víctimas de detención (muchas veces prolongada) y de tortura (sistemática), ha recibido, comparativamente hablando, menos atención.
Vale la pena recordar lo que se ha apuntado ya, que Uruguay llegó a tener el número de detenidos per cápita más alto de cualquier país de la región, sumida como estaba bajo regímenes autoritarios.
Mi punto por supuesto, no es que los casos de los desaparecidos merecen menos atención de la que han recibido. Por el contrario, merecen más y mejor atención.
Pero el país no debe darle la espalda a la manifestación más clara del modus operandi del control social ejercido por la dictadura, que en este país no fue predominantemente la desaparición o la ejecución sino la detención y la tortura.
Ese universo inmenso de víctimas merece ser escuchado y reconocido.
Y la sociedad merece los beneficios que puedan derivarse del esclarecimiento de los hechos en términos del fortalecimiento y reforma de las instituciones.
Si es cierto que la verdad, por sí sola no reforma las instituciones, la verdad, aparte de ser también asunto de derecho de las víctimas, contribuye a catalizar y a guiar procesos de reformas tendientes a superar los vicios y déficits de instituciones que se supone que protegen los derechos de los ciudadanos, en particular los servicios de seguridad y el poder judicial. Dada la avanzada edad de las víctimas, esta es una tarea que no debe postergarse
Garantías de no repetición
El cuarto pilar del mandato que tengo el honor de ocupar, las garantías de no repetición, es una categoría especialmente amplia, pues hace referencia no a medidas particulares solamente, como verdad, justicia, y reparación, sino a una función.
Bajo esta categoría podría hacerse referencia a medidas de diversa índole, que van, por ejemplo, desde la efectiva incorporación de temas relacionados con la educación sobre el pasado, en la educación formal a niveles tanto medios como profesionales, a la capacitación continuada de operadores judiciales y de las fuerzas de seguridad a todos los niveles, como a reformas institucionales de diferente envergadura, tendientes, por ejemplo, a reforzar la efectividad en las investigaciones judiciales, a la definición de competencias y a la coordinación de entidades involucradas en la formulación de políticas sobre derechos humanos, y al mejoramiento y modernización del poder judicial, entre otras.
En el reporte que presentaré al Consejo de Derechos Humanos ampliaré este tema
Recomendaciones preliminares
Paso ahora a derivar algunas recomendaciones de carácter preliminar de las observaciones hechas anteriormente
En el área de las reparaciones, llamo a la revisión de la legislación existente de forma que se aumente la cobertura de los programas, se eliminen las incompatibilidades entre los derechos a la reparación por un lado y a los derechos de otra naturaleza, incluyendo los pensionales que esta legislación genera, y que elimine también procesos de calificación que arriesgan la re-victimización de algunos de sus beneficiarios, incluyendo a las víctimas de abusos sexuales, especial pero no exclusivamente, las mujeres.
En el área de la justicia, hago un llamado especial a la Suprema Corte, respetando su apreciable celo por el concepto de independencia judicial, y consistente con la idea de que tal independencia es un concepto normativamente demarcado, marco que incluye por supuesto las obligaciones internacionales contraídas por el Estado, a hacer esfuerzos para asegurar que en sus decisiones se presta tanta atención a los derechos de las víctimas como a los derechos de los imputados
En esta misma área, aplaudo las iniciativas tendientes a la modernización del Código Penal para ponerlo al día con estándares internacionales, incluyendo en términos de tipificación de delitos, como de aquellas iniciativas tendientes a introducir reformas al Código de Procedimiento Penal para darle mayor participación a las víctimas en todas las etapas del proceso penal
Así mismo aplaudo iniciativas para la adopción de una Ley de Fiscalía que aumente la autonomía y fortalezca el rol de los fiscales.
La Fiscalía debe tener la autonomía para establecer directrices generales y para establecer unidades especializadas, que, compatible con la autonomía de los fiscales permita formular estrategias de investigación que correspondan a la naturaleza sistemática del terrorismo de estado, fenómeno que no queda exhaustivamente comprendido mediante la investigación aislada de casos particulares, como si fueran asunto de crimen común.
Aplaudo la formación del Equipo Especial auxiliar de la justicia en crímenes de terrorismo de Estado bajo el Ministerio del Interior, por razones similares, y como forma de enfrentar los déficits en materia de investigación del aparato judicial en general, pero hago un llamado para dotar a esta y a otras instancias similares de los recursos tanto humanos como materiales necesarios para que puedan hacer una contribución significativa
En el área de la verdad, hago un llamado a que todas las instituciones del Estado, incluyendo las Fuerzas de Seguridad satisfagan su obligación de hacer valer los derechos de todas las víctimas.
Esto incluye tanto presentar la información requerida como cumplir con las obligaciones legales que le correspondan.
Eso debe cubrir tanto los casos no resueltos de desaparición forzada (la mayoría), como también los casos de detención y tortura, a los que debe prestársele una atención mucho más decidida.
Cuál es la forma institucional más adecuada para cumplir este objetivo debe ser asunto de debate
Pero no cabe duda de que los testimonios de estas víctimas han de ser recogidos, que información acerca de todas las dimensiones que dieron lugar a ese cúmulo inmenso de violaciones debe ser recolectada, sistematizada, y diseminada.
Las víctimas lo merecen, pero también lo merece la sociedad.
El precio de no hacerlo es no sólo incumplir los derechos de las víctimas sino también dejar instalada lo que puede decirse que es la ‘naturalización’ de la tortura, como por ejemplo, el precio de la protesta, que una sociedad democrática y comprometida con los derechos humanos no debe consentir.
Mencioné ya algunas de las medidas que pienso que pueden hacer una contribución a las garantías de no repetición y dije que en el reporte las elaboraría en detalle y agregaría las de mayor envergadura que requieren más espacio del que tengo ahora.
Sólo menciono, por el momento, dos puntos: no recibí información suficientemente detallada acerca de los planes concretos de las reformas que se han hecho a las fuerzas de seguridad y a aquellas todavía en desarrollo para asegurar que las violaciones pasadas no se repetirán
Hago un llamado especial a formular y discutir públicamente proyectos tendientes a ese objetivo. De la misma forma hago un llamado especial a invertir recursos humanos y materiales en la capacitación efectiva de jueces y fiscales en materia de derechos humanos
Finalmente, recomiendo darle todo el apoyo que sea necesario a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, uno de los grandes logros en materia de protección de los últimos años.
Esta institución merece no sólo las herramientas y recursos necesarios para su buen desempeño, sino que sus conceptos y directrices merecen ser tomadas con la máxima seriedad.
Y como siempre en procesos transicionales celebro a los grupos de sociedad civil que a pesar de todo han seguido luchando por la justicia en Uruguay. Hago un llamado especial para que esos grupos reciban no sólo el reconocimiento merecido sino el apoyo de todas las instancias del Estado.
En el reporte haré algunas sugerencias concretas al respecto también.
Muchas gracias
CRYSOL
- postaporteñ@ 1042 - 2013-10-10
No hay comentarios:
Publicar un comentario