POLÍTICAMENTE (IN)CORRECTO
Carlos Alberto Boga
Hace pocos días me tocó vivir un hecho ‘’incómodo’’. En la calle 8 de octubre de Montevideo, fui a una farmacia. Este comercio – de muy buen nivel estético – con 7 jóvenes mujeres trabajadoras y 3 varones ‘’security’’. Compré un medicamento de $ 340.-. Con una muy buena atención, una joven mujer me dijo que debería pasar por la caja a abonar el importe correspondiente.
Delante de mí había 3 personas y detrás de mí 5 personas. A todas y todos les solicitaban – muy amablemente – ‘’5 pesitos para Dolores’’. Cuando llegó mi turno de pagar, hicieron lo mismo, ¿5 pesitos para Dolores?. Estando en la fila, pensaba y pensaba, ¿Qué hago?. Es muy ‘’grosero’’ decir que ‘’no’’, y es muy hipócrita ‘’lavar mi conciencia aportando 5 pesitos, que en realidad, nada cambia mi vida, ni el valor, ya de por sí muy elevado del medicamento. En definitiva 5 pesitos más o menos no cambia nada.
En ese momento le dije a las 3 chicas que estaban en las cajas: ¿puedo explicar mis razones?, me dijeron: ‘’no, hay gente en la cola y no podemos perder el tiempo, o los ‘’dona’’ o no, no hay ningún problema’’. A pesar de la aclaración de las chicas, me tomé el atrevimiento de explicar mis razones.
Y expliqué: ‘’me parece grosero decir que no y me parece hipócrita decir que sí, por lo tanto pienso, que si el Ministro Astori, logró conseguir 250 millones de dólares del Banco Mundial para la inclusión financiera, y el presidente Vázquez dijo que la ‘’recomposición’’ de Dolores rondaba los 25 millones de dólares, debería ser posible que el ministro de economía designara el 10% de ese préstamo para designar a la grave situación de Dolores’’. ‘’de cualquier manera ese endeudamiento – sea para lo que sea – lo pagaremos bien oneroso entre todos los trabajadores’’. Antes de terminar mi planteo, ya me rodeaban los 3 ‘’security’’ exhortándome a que pagara y me retirara.
Luego me retiré y me quedé afuera de la farmacia por espacio de unos 15 minutos, hasta que salieran las personas que estaban en la fila detrás de mí. Esperando algún comentario. Aunque más no fuera una ‘’puteada’’ por ‘’insensible e insolidario’’. Nada. Salieron todos y nadie siquiera me saludó. Casi ni me miraron. Totalmente ignorado.
SOLIDARIDAD
Por esos mismos días, me llama un viejo amigo de la escuela desde un pueblo del interior para saber cómo habíamos pasado durante esos días de temporal. Este ‘’viejo’’ amigo, sabía de las grandes dificultades que habíamos pasado con las inundaciones en los años 2000, el 23 de agosto de 2005, (temporal devastador para miles de personas), en setiembre de 2010 y en febrero de 2014. En estos 4 episodios, difundimos, nos movilizamos, recolectamos firmas, pusimos pasacalles, volanteamos, cortamos ruta, nos reunimos con autoridades, exigimos soluciones por ‘’todas las vías posibles’’.
Cabe acotar que las inundaciones del año 2000 fueron bajo el gobierno de Hackembruch del Partido Colorado, las otras 3 fueron bajo administraciones del FA. Estamos hablando de Ciudad de la Costa, Canelones. O como dijimos en su momento la ‘’Costa de Lodo’’
Este amigo, preocupado por nosotros, y alegrándose de que en esta instancia no hubiera pasado nada importante o ‘’grave’’ en esta zona, nos manifestó su acción solidaria. ‘’hablando con ‘’aquella’’, resolvimos ‘’donar’’ para Dolores un montón de ‘’cascarrias’’ que tenemos en el galpón del fondo y que están rotas o ya no usamos, para esta ‘’pobre gente’’ que la está pasando mal’’. Otra vez volví a ser ‘’políticamente incorrecto’’.
Tuve que expresar mi disconformidad sobre el concepto de solidaridad, de ‘’pobre gente’’ y trabajo voluntario. A un amigo que me ‘’banca’’ pero considera que estoy ‘’loco’’, ya que ricos y pobres hubo siempre y los seguirá habiendo’’.
POBRE GENTE NO ES LO MISMO QUE GENTE POBRE
No voy abundar en detalles que muchos de los que leen estos artículos ya conocen. Además hemos leído aportes muy interesantes de otros compañeros en la Posta con respecto a este tema. Pero ‘’lo que abunda no daña’’ (a veces). Lo preocupante es – a nuestro juicio – el erróneo concepto de solidaridad y de ‘’gente’’. Y el tema de fondo sigue siendo el mismo. Los pobres pagamos las consecuencias. Los pobres somos los que sufrimos. Los pobres ‘’pagamos’’ siempre las cagadas de los ricos. Ahora con el grave problema del medio ambiente.
Que nos dicen son desastres naturales que vinieron para quedarse.
¿Y los modos de producción capitalista no tienen nada que ver con los desastres climáticos? ¿Por qué vinieron para quedarse?
¿Es que no se ve un horizonte de producción que no sea salvaje y depredador del medio ambiente?. Estos progrecapitalistas están condenados a desaparecer de la faz de la tierra.
En el Departamento de Durazno, Carmelo Vidalín, fue electo Intendente por tres veces. Del 2000 al 2005, del 2005 al 2010 y ahora del 2015 al 2020.
En decenas de oportunidades vimos, leímos y escuchamos a Vidalín plantear políticas de viviendas para las zonas inundables. Siempre el mismo discurso y siempre el mismo resultado. Nada. Cada vez que hay lluvias, aparece Vidalín solicitando ayuda para los damnificados.
En setiembre de 2009 el gobierno nacional presentó una denuncia contra el Comité Departamental de Emergencia por el destino de las donaciones enviadas como ayuda a los damnificados por las inundaciones de mayo de 2007. Vidalín, que integraba dicho Comité, fue citado a declarar en el caso.
Luego de dar su versión de los hechos, así como varios de los asesores municipales, se amparó en sus fueros parlamentarios y no volvió declarar dada la arista política que revestía la denuncia, lo que habría difundir después el exdirector de Hacienda de su gobierno, Crio. Insp. José Pedro Rodríguez.
Estos son los hechos, cuando llueve mucho.
Los pobres sufrimos una y otra vez las consecuencias. Siempre se repite la misma historia. Plata para los bancos y los banqueros y ‘’la solidaridad del pueblo para ‘’ayudar’’ a los pobres’’. Y ‘’trabajo voluntario’’
Esta penosa y triste situación que cada vez con más frecuencia se repite, tiene el mismo final.
¿Qué debía hacer? ¿Donar los 5 pesitos y ser ‘’políticamente correcto’’? ¿O negarme argumentando elementos que casi nadie entiende y ser ‘’políticamente incorrecto’’?
¿Me estaré volviendo un loco ‘’fundamentalista’’? ¿Me estoy alejando de la ‘’gente’’? ¿Bancaré el rechazo generalizado a estas posturas?
¿Somos muchos los que vivimos estas delicadas situaciones? ¿Cómo debemos proceder? ¿Trabajo voluntario bajo un régimen de explotación capitalista? ¿Por qué no trabajan voluntariamente los ricos y los patrones que son los que se llevan las jugosas ganancias de los trabajadores?
¿Nosotros con salarios miserables y condiciones paupérrimas de trabajo, tenemos además que ‘’trabajar voluntariamente’’?
La dejo ‘’picando’’. Ya que Astori, Álvaro García (OPP) y otros integrantes del gobierno están ‘’abriendo el paraguas’’ manifestando que por culpa de estos desastres ‘’naturales imprevisibles’’ la economía del país se verá seriamente afectada.
Lo mismo dijo Jorge Batlle en el 2001 con respecto a la sequía y la aftosa.
Después vino el 2002 y ya sabemos que pasó. Los pobres pagamos los ‘’platos rotos’’ con desocupación, miseria, rebaja salarial y hambre.
CAB - postaporteñ@ 1593 - 2016-04-24
Corrupción, Extractivismos y Daño Ambiental:
UNA ÍNTIMA ASOCIACIÓN
La corrupción se ha convertido en uno de los problemas centrales en América Latina, hasta ocupar lugares centrales en las disputas políticas y poner en jaque a algunos gobiernos. Buena parte de esas polémicas se han centrado en aspectos partidarios y económicos, pero muy poco se ha dicho sobre sus impactos ecológicos.
Sin embargo, no debe pensarse que la corrupción sea inocua desde el punto de vista ambiental, sino que, por el contrario, desencadena muchas consecuencias.
Esto es particularmente evidente en los extractivismos, donde para imponerlos u ocultar sus impactos, una y otra vez aparece la corrupción, revelando una íntima y mutua asociación.
No puede negarse que denuncias e investigaciones sobre corrupción cruzan a casi toda América Latina. Si bien se atienden sobre todo en sus implicaciones políticas y económicas, cuando se observan con cuidado los principales casos, se encontrarán que en muchos de ellos están envueltos emprendimientos sobre los recursos naturales. Son casi siempre extractivismos mineros, petroleros o agrícolas, o las obras necesarias para llevarlos adelante, desde represas a carreteras. Por esa misma razón están repletos de impactos ecológicos, todos los cuales vienen siendo denunciados desde hace años.
Algunos ejemplos ilustran que esa asociación entre corrupción y extractivismos de alto impacto ambiental se repite en todos los sectores y atraviesa gobiernos de todo tipo. Si de un lado se observa a Colombia, se encuentra que una reciente revisión del desempeño minero alerta sobre corrupciones que van desde tráfico de influencias a delitos tributarios, desde acciones para obtener permisos sociales y ambientales a la tolerancia de la violencia.
Si en otro extremo se considera a Bolivia, se repiten denuncias similares, y hasta el Ministerio Anticorrupción encontró contratos mineros irregulares.
La apelación a empresas estatales también se ha mostrado incapaz de detener la corrupción en los extractivismos. En efecto, en todas las petroleras estatales sudamericanas se han encontrado casos de corrupción o se están investigando denuncias.
Estas van desde los sobornos para conseguir contratos en Ecopetrol de Colombia a las acciones contra gerentes y directores de PDVSA en Venezuela, pasando por las alarmas ante contratos de explotación o remodelaciones en PetroEcuador.
La corrupción en los extractivismos puede estar años sin investigarse. Muy ilustrativo de esas resistencias es el caso de los “petroaudios” en Perú, que estalló en 2008, durante el gobierno de Alan García pero cuyo proceso judicial realmente se inició en 2014 (se grabó a un directivo de la estatal petrolera negociando sobornos en favor de una empresa noruega).
Estos y otros ejemplos muestran una íntima asociación entre los extractivismos y la corrupción. Es que los extractivismos en casi todos los casos implican emprendimientos que tienen efectos ambientales (y sociales) tan negativos, que la corrupción es necesaria al menos en dos frentes: para ocultar sus impactos y consecuencias, y para lograr la asistencia del Estado en imponerlos.
Sin sobornos nunca se habrían concretado esos emprendimientos.
Por esa razón no puede sorprender que un reciente análisis de la organización que nuclea a la mayor parte de los países industrializados (OCDE), sobre los sobornos en los negocios internacionales, ubicó al sector extractivista en el tope de la lista.
En su revisión de 427 casos, ese primer lugar fue del 19% en los extractivismos, seguido por la construcción en segundo lugar (15%).
Hurgando entre los extractivismos se encuentran todos los tipos posibles de corrupción. Los más conocidos son los sobornos (coimas, mordidas), pero además están el cohecho, por ejemplo para que un funcionario público autorice un mal informe de impacto ambiental, el tráfico de influencias para favorecer concesiones mineras o petroleras que anulan territorialidades indígenas o campesinas, encubrimientos para ocultar impactos, pongamos por caso, de un derrame, la obstrucción de la justicia por funcionarios públicos, o la prevaricación en los juzgados que no atienden la violencia ejercida por empresas extractivistas.
Se repiten abordajes entre medios y analistas convencionales que reaccionan ante la corrupción sobre todo por sus impactos económicos. Ellos se alarman por las pérdidas que todo eso acarrea para el crecimiento económico o cómo entorpecen el clima de negocios para las empresas.
Esto ocurre cuando la corrupción escala a tales niveles que incluso impide la dinámica que ellos consideran debería ser “normal” en los mercados.
Pero es necesario dar unos pasos más allá de esa mirada. Sin duda, la corrupción tiene efectos económicos que no pueden ser negados, y son más amplios, afectando por ejemplo a pequeñas empresas o cooperativas locales que pueden ser desplazadas, y que incluso llega hasta la economía familiar. Pero también hay un costo económico cuando una comunidad debe lidiar con el agua o los suelos contaminados por un emprendimiento extractivista autorizado gracias a la corrupción.
Ahora sabemos que la corrupción jugó papeles decisivos en proyectos que no tenían sentido económico y mucho menos ecológico.
Ese es el caso de la enorme represa de Belo Monte, en el río Xingú (Brasil).
Esa obra implica un fenomenal impacto ambiental en ecosistemas amazónicos, es innecesaria desde un punto de vista energético, y tendrá consecuencias negativas para los pueblos indígenas del área.
Era un proyecto rechazado una y otra vez por las comunidades locales, por académicos, e incluso por buena parte de las autoridades ambientales del gobierno brasileño.
Sin embargo, a pesar de todo, se la impuso y fue finalmente construida. Ahora sabemos que, según las denuncias, para llevarla adelante se pagaron sobornos por un poco más de 40 millones de dólares. Este caso muestra un fenómeno perverso, donde una obra es impuesta para así poder recibir los sobornos, y éstos, a su vez, eran requeridos para otros fines, tanto empresariales como partidarios.
Ningún país está a salvo de estos problemas. Los titulares actuales están centrados en los casos en Argentina, Brasil o Venezuela, pero aún en los países que se presentan como los más inmunes a la corrupción, Chile y Uruguay, están afectados, y allí también encontramos a los extractivismos.
En Uruguay, la estatal petrolera ANCAP fue objeto de una investigación parlamentaria que hará denuncias en la justicia. Se descubrió, por ejemplo, que uno de sus gerentes participaba en una empresa privada que la propia petrolera contrataba. En Chile, en el llamado “caso Penta” se encontró que el subsecretario de minería del gobierno Piñera recibía un sobresueldo que posiblemente servía para aprobar un proyecto minero.
A ese caso le siguió la revelación de la trama de pagos de la minera SQM hacia políticos y partidos.
La corrupción en los extractivismos es mucho más grave de lo que parece a simple vista por estos casos.
Poco a poco está penetrando en ámbitos más profundos de la vida social, cayendo en extremos de mercantilizar de la vida social y la Naturaleza. Nadie está a salvo, y es alarmante que ya esté erosionando a comunidades campesinas e indígenas.
Por ejemplo, en Bolivia, el llamado Fondo Indígena se nutría de un impuesto sobre los extractivismos de hidrocarburos, y su manejo recaía en delegados de confederaciones indígenas y campesinas. Las investigaciones hoy en marcha muestran que varios dirigentes desviaron fondos para beneficios personales y hacia actividades electorales para apoyar al gobierno.
Algunos dirán que este es un caso más de corrupción ligada al extractivismo petrolero.
Pero allí hay un problema mucho más intrincado al develarse que una lógica utilitarista y mercantil obsesionada con el dinero, y ubicada por encima de cualquier otro saber o sensibilidad, o sea, la actitud del que adhiere a la corrupción, también ha alcanzado esos “mundos” indígenas.
En el mundo de la corrupción no hay lugar para muchos de los grandes aportes que nos muestran los modos de pensar y sentir indígenas, como la Pachamama o el Buen Vivir.
Para que quede claro: los extractivismos están inmersos en redes de corrupción, presentes en todos los sectores, y en todos los países. Nadie está a salvo.
Allí donde encuentren los grandes emprendimientos extractivos, con los mayores impactos ambientales, territoriales y sociales, es más probable que en algún sitio se esconda la corrupción. Esta es útil para lograr aprobaciones o mantenerlos funcionando.
Es también necesaria para ocultar o minimizar impactos, o para controlar a las comunidades locales y la resistencia ciudadana.
Los enormes volúmenes de dinero que mueven algunos de esos emprendimientos generan muy fuertes presiones para encontrar canales que usan la corrupción.
Si se mantienen los extractivismos depredadores se repetirán una y otra vez los casos de corrupción.
Por ello, queda establecida una asociación que muestra que la lucha contra la corrupción obliga a abandonar esos extractivismos.
Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Montevideo –
www.ambiental.net; twitter: @EGudynas
Envió FACUNDO
postaporteñ@ 1593 - 2016-04-24
postaporteñ@ 1593 - 2016-04-24
ARG | Contra la desocupación, ¿Cretinismo Parlamentario?
Rolando Astarita [Blog]
La oposición burguesa en el Congreso y la dirigencia sindical están promoviendo una ley de emergencia laboral por la que se establecería la doble indemnización y se prohibirían los despidos por un lapso de tiempo determinado. El dictamen del Senado la extendería por 180 días a partir de su promulgación, en tanto que el dictamen de la comisión de Legislación del Trabajo de Diputados la establece retroactiva al 1º de marzo de 2016 y la extiende hasta el 31 de diciembre de 2017.
Como no podía ser de otra manera, mucha gente está ilusionada con que el drama de la desocupación creciente –la recesión se está profundizando- puede frenarse, o revertirse, si se aprueba esta ley. Frente a esto, hay que decir las cosas con toda crudeza: los parlamentarios están engañando al pueblo con espejitos de colores.
Es que la desocupación es inherente a la crisis capitalista. Más precisamente, el despido es el recurso del capital para achicar costos, racionalizar y aumentar la explotación de los que conservan el empleo. En un plano más general, la desocupación comprime el campo de acción de la ley de la oferta y demanda de trabajo “dentro de los límites que convienen de manera absoluta al ansia de explotación y afán de poder del capital” (Marx).
En momentos en que la inflación está barriendo con los salarios, esta última cuestión pasa a primer plano.
En otros términos, el aumento del desempleo es absolutamente funcional a la presión de las patronales y el Gobierno para que los trabajadores limiten sus demandas de recomposición salarial.
Esto explica que Mauricio Macri haya prometido vetar la ley, en caso que se apruebe. Es la expresión, cruda y descarnada, de los intereses del capital.
Pero lo más importante es entender que el capital, de conjunto, defiende sus posiciones desde el poder que le otorga la propiedad de los medios de producción y de cambio frente a los millones que están obligados a trabajar como sus asalariados, o caer en la indigencia.
Lo han dicho las cámaras empresarias –la Unión Industrial, la Cámara de Comercio, las agrupaciones de las Pymes y otras-: “si se aprueba la ley vamos a despedir igual o, en todo caso, no vamos a invertir”. Esta perspectiva no se cambia con ninguna ley que puedan parir los partidos burgueses de la oposición.
Podrán existir tensiones –la necesidad del capital no siempre encaja con las necesidades de las fuerzas políticas burguesas- pero no pasará de ahí. En tanto el capital conserve la facultad de invertir, o no, chantajeará con la amenaza del despido y del hambre de los que nada poseen.
Y ni los parlamentarios del capital, ni los burócratas sindicales, modificarán esta situación.
Todo esto se ve incluso en la misma discusión sobre la eventual ley. Por empezar, los diputados y senadores ya están considerando que las pequeñas y medianas industrias sean exceptuadas.
Lo plantearon Mendiguren, del Frente Renovador, e identificado con la UIA; Marco Lavagna, también del FR; y Pablo Kosiner, diputado del Bloque Peronista, vinculado al gobernador Urtubey y presidente de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas.Esto en un cuadro de situación en que el 35% de los trabajadores están precarizados. Por otra parte, los proyectos en curso no dicen palabra sobre las suspensiones, que han sido generalizadas en algunas ramas, como automotriz.
Pero además, hablan de despidos “sin causa justa”. Lo cual abre numerosos agujeros, porque una empresa puede aducir, por ejemplo, que despide por razones de fuerza mayor e iniciar un procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo. Con lo cual el asunto se traba en litigios y procedimientos legales.
Naturalmente, los partidos de la oposición burguesa tienen mucho interés en sembrar ilusiones, y presentarse a sí mismos como defensores del pueblo humilde.
Pero la realidad es que por la vía parlamentaria no hay forma de que “la crisis la pague el capital”.
Es necesario romper con las ilusiones en el parlamentarismo burgués.
Para esto, el primer paso es tomar distancia tanto del Gobierno como de las fuerzas burguesas de la oposición. Hay que apuntar al poder del capital y del Estado que defiende sus intereses.
Y tomar conciencia de que solo la movilización revolucionaria de los explotados podrá barrer de raíz este estado de cosas
rolando - postaporteñ@ 1593 - 2016-04-24
BRASIL: ¿ÓPERA DOS MALANDROS?
INDISCIPLINA PARTIDARIA, la columna de Hoenir Sarthou
20 abr. 2016 por Semanario Voces
¿Qué decir sobre lo que pasó el domingo en Brasil?
Quizá valga la pena sacar un poco el foco del Parlamento, alejarse del conventillo de la casta política y observar otras cosas que están ocurriendo y, sobre todo, otras cosas que no están ocurriendo.
El PT es un partido que se construyó desde abajo, hace treinta y tantos años largos, y que fue aunando las luchas sindicales, de las que surgió Lula, con las de militantes de izquierda y cristianos, comunidades de base, el movimiento de los “sin tierra”, estudiantes, intelectuales y artistas con posturas ideológicas críticas.
Con esos antecedentes, es muy llamativo que la defensa del gobierno haya sido ante todo parlamentaria y no haya incluido, hasta ahora, un paro general, ni una marcha nacional, ni fuerte agitación callejera, ni una conmoción popular lo suficientemente significativa como para hacer pensar dos veces a quienes quieren hacer caer al gobierno.
Es cierto que la central sindical (CUT) y el Movimiento de los sin tierra convocaron manifestaciones de apoyo y que hubo concentraciones en las principales ciudades, pero algunas de ellas, como la de Río de Janeiro, fueron más espectáculos artísticos que actos políticos, sin contar con que también la oposición realizó actos similares.
Por otra parte, concentraciones de cincuenta mil personas, en una población de más de doscientos millones, son una pobre expresión.
Todo indica que una gran parte del pueblo brasileño no se sintió tocada por la suerte de la Presidente Rousseff, ni por la del gobierno, ni por el arresto de Lula, líder histórico y siguiente candidato del PT.
De hecho, las encuestas de opinión indican que, al momento de la sesión parlamentaria del domingo, el 60% de los brasileños estaban de acuerdo con el juicio político.
¿Cómo se explica ese “desenganche” entra la opinión pública brasileña, incluidos los movimientos sociales organizados, y el partido que se creó para defender sus intereses y representarlos políticamente?
¿Qué ocurrió durante los trece años de gobierno del PT que explique esa frialdad o falta de compromiso popular?
DO MALANDROS
Y no es una suposición errada. El vaciamiento de Petrobrás, las coimas y la desviación de fondos hacia las arcas del PT y hacia los bolsillos de sus dirigentes, incluidos probablemente los del propio Lula, no son hechos menores.
Personalmente pude comprobar que muchos brasileños, de cualquier ideología, quedaron atónitos al enterarse de que el gobierno había fundido nada menos que a Petrobrás, una empresa emblemática de “lo brasileño”.
Si a eso le sumamos la casi certeza de que buena parte de esos fondos malversados fueron destinados a pagar sobornos a los legisladores opositores para lograr alianzas políticas y a financiar la campaña electoral del PT, no es difícil entender el desconcierto de los ciudadanos modestos que ven al poder desde lejos.
La corrupción es un fenómeno muy antiguo, pero la forma en que está jugando actualmente en la suerte de ciertos gobiernos es un hecho social que merece análisis más profundos.
Hay muchas definiciones teóricas del término “corrupción”.
Las más estrechas la identifican con el apoderamiento de recursos públicos para beneficio propio de un funcionario.
Las más amplias la extienden a cualquier uso ilícito del poder político o de las competencias administrativas que distorsione el funcionamiento y la confiabilidad de las instituciones públicas.
Prefiero la segunda definición, porque no es necesario robar o coimear para que haya corrupción.
Lo que daña a una sociedad no es tanto el robo material, sino la pérdida o ausencia de confianza en las instituciones.
La gestión personal de José Mujica es un buen ejemplo. Nadie ha dicho que se apoderara de bienes públicos.
Sin embargo, su gestión socavó la confianza social en el funcionamiento de las instituciones del Estado y en el cumplimiento de las normas que lo regulan
En Argentina, en Venezuela y en Brasil la corrupción, tanto en la acepción del provecho personal como en la de pérdida de credibilidad institucional, es un mal endémico. Está metida en la cultura política de esos países probablemente desde antes de que se declararan independientes.
Sin embargo, en los tres países –en Argentina quizá menos- se habían instalado gobiernos que llevaban implícita la promesa de cambiar la tradición. Chávez y el PT, sin duda, prometieron desplazar a oligarquías corruptas y sustituirlas por una administración del Estado al servicio de los intereses populares.
Incluso en la Argentina, después de la festichola menemista y del escape de De la Rúa desde la azotea de la Casa Rosada, era de pensar que los Kirchner, con su aura de “peronismo de izquierda”, moderarían la corrupción.
Al parecer fue al revés.
Pero, ¿la corrupción por sí sola explica lo que está pasando en Brasil?
Tiendo a creer que no.
DIME CON QUIEN DUERMES
Producción capitalista con políticas sociales “redistribuidoras” parece ser la receta teórica.
Como todos los gobiernos progresistas, el brasileño hacía gárgaras con estadísticas: tanto por ciento de inversión, tanto de crecimiento, tanto de reducción de la pobreza, tanto de reducción de la indigencia.
Mientras tanto, para mantenerse en el gobierno, el PT fue haciendo alianzas con los sectores más corruptos de la política, del empresariado y del capital financiero.
Esas alianzas no eran platónicas. Había que ceder en políticas financieras, en políticas de tierras, en los tratos con las empresas, cerrar los ojos a negocios corruptos.
Finalmente hubo que comprar los votos y los aliados para gobernar.
Y, como era de esperar, no tardaron en aparecer dirigentes del propio PT que no vieron motivos para no embolsarse también algo de lo que se malversaba.
Dilma Rousseff, su gobierno, los líderes del PT y sus simpatizantes, tanto brasileños como extranjeros, están –o estaban- convencidos de que la buena situación económica (sobre todo en el período de Lula) y las políticas sociales bastarían para perpetuarlos en el gobierno. Seguramente también creyeran que su permanencia en el gobierno era lo mejor, o lo menos malo, que podía pasarle al pueblo brasileño.
Poco a poco, gobierno a gobierno, habrán llegado a la conclusión de que tenían una especie de impunidad absoluta, que siempre podrían pagar aliados y contentar a los votantes con políticas sociales benéficas.
Hasta que algo pasó, quizá el fin de la bonanza económica, y no pudieron seguir costeando los apoyos que habían comprado.
Ya para entonces habían sustituido su alianza con los sectores y las organizaciones populares por acuerdos políticos y económicos con quienes, como el vicepresidente Michel Temer, eran en el fondo sus enemigos.
No fue sorpresa. Hubo avisos.
Muchos dirigentes fundacionales del PT se apartaron en estos años.
Pero no se les creyó o no se les dio importancia.
Una explosiva mezcla de distanciamiento de sus bases sociales originales, alianzas con enemigos peligrosos y corrupción a niveles impensados puede explicar el resultado del domingo.
Sobre todo la pasiva frialdad con que fue recibido por el pueblo brasileño.
Hay conclusiones importantes a extraer de la experiencia brasileña.
Tal vez la primera es que el modelo “progresista” es inestable. Tarde o temprano, en especial en momentos de crisis, el poder económico reclama privilegios y pone en aprietos a los gobernantes equilibristas, negándoles los medios para mantener sus limitadas políticas sociales.
Porque –y esto es aun más polémico- el objeto de la política es siempre el poder.
De nada sirven las concesiones graciosas y emotivas, los planes de ayuda, los programas sociales, si no van acompañados por una redistribución democrática del poder, es decir por la educación para la ciudadanía y por el diseño de instituciones aptas para el ejercicio popular de esa ciudadanía.
Eso, por supuesto, no es sólo culpa del PT.
Pero todas sus buenas intenciones fundacionales parecen haber seguido una dirección equivocada, hasta naufragar en el mar de la política convencional
SOSPECHAS BRASILERAS
EN VENTA DE
PETROBRAS ARGENTINA
La revista Istoé Dinheiro reveló que el ejecutivo de Petrobras que está al frente de las negociaciones para la venta de la filial argentina de la mayor empresa de Brasil es un apadrinado del ex ministro Henrique Eduardo Alves, del grupo del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) del vicepresidente Michel Temer y blanco de la Operación Lava Jato.
Istoé Dinheiro indicó que si bien "es sabido que Petrobras corre contra el tiempo para hacer caja", la prórroga de un acuerdo de exclusividad para vender una refinería, 270 puestos de gasolina y 30 bloques de exploración en Argentina, al Grupo Pampa, es "una operación que ha llamado la atención en los pasillos de la compañía" estatal de Brasil y que la posible venta "es considerada controversial".
Según la revista, "el grupo argentino ofreció US$ 1.200 millones y los ejecutivos de la estatal brasileña están dispuestos a aceptar, incluso contrariando el gusto del directorio.
Personas cercanas a la negociación afirman que, pese a la valorización de los activos con la nueva situación internacional de Argentina desde que Mauricio Macri asumió la presidencia, Petrobras busca cerrar el negocio rápidamente". Petrobras ya vendió en el 2010 una refinería y 330 estaciones de servicio en Argentina a OIL Combustibles, del empresario Cristóbal López, una operación que terminó en escándalo.
23 DE ABRIL DE 2016 7 Brasil 247
La revista brasileña Istoé Dinheiro publicó este sábado que el ejecutivo de Petrobras que está al frente de las negociaciones para la venta de la filial argentina de la mayor empresa de Brasil es un apadrinado del ex ministro Henrique Eduardo Alves, blanco de la Operación Lava Jato por denuncias de favorecimientos a la constructora OAS.
Se trata del gerente ejecutivo de Adquisiciones y Desinversiones, Luiz Antonio Pereira, en el puesto desde hace pocas semanas, y quien tiene a cargo posibles ventas de activos con las que la petrolera estatal busca obtener 14.000 millones de dólares sólo este año.
Alves, del grupo del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) del vicepresidente Michel Temer, fue involucrado en el Lava Jato en las delaciones del cambista Alberto Youssef y pasó a ser investigado por el Ministerio Público.
En diciembre, un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) autorizó un procedimiento de búsqueda de documentos en su residencia de la ciudad de Natal.
Istoé Dinheiro indicó que si bien "es sabido que Petrobras corre contra el tiempo para hacer caja", la prórroga de un acuerdo de exclusividad para vender una refinería, 270 puestos de gasolina y 30 bloques de exploración en Argentina, al Grupo Pampa, es "una operación que ha llamado la atención en los pasillos de la compañía" estatal de Brasil, debido a que la posible venta "es considerada controversial".
La revista agregó que "el grupo argentino ofreció US$ 1.200 millones y los ejecutivos de la estatal brasileña están dispuestos a aceptar, incluso contrariando el gusto del directorio. Personas cercanas a la negociación afirman que, pese a la valorización de los activos con la nueva situación internacional de Argentina desde que Mauricio Macri asumió la presidencia, Petrobras busca cerrar el negocio rápidamente".
Y concluyó: "quien está al frente de las tratativas es el gerente ejecutivo de adquisiciones y desinversiones, Luiz Antonio Pereira, apadrinado del dirigente del PMDB de Rio Grande do Norte Henrique Eduardo Alves, ex ministro de Turismo en el gobierno de Dilma Rousseff y mencionado como posible participante del primer escalón de un eventual gobierno de Michel Temer".
Según documentos obtenidos por el diario O Estado de S.Paulo, Alves hizo lobby para OAS ante tribunales de cuentas para evitar el bloqueo de transferencias de recursos para obras de la empresa en el estadio mundialista Arena das Dunas, en Natal, capital del estado del que el ex ministro y ex presidente de la Cámara de Diputados es oriundo.
Además, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, pidió en varias ocasiones al ex presidente de la constructora OAS Léo Pinheiro que envíe dinero a Alves, según mensajes encontrados en el celular del ex ejecutivo de la empresa y que forman parte de las investigaciones de la operación anti corrupción.
La sospecha en relación a las actuales tratativas de venta de activos de Petrobras en Argentina no es la primera.
Petrobras ya vendió en el 2010 una refinería y 330 estaciones de servicio en Argentina a OIL Combustibles, del empresario Cristóbal López, por 110 millones de dólares, una operación que terminó en escándalo por su precio -inferior a la propia valuación que había hecho la estatal brasileña-, y que quedó bajo investigaciones de la Policía Federal de Brasil por el presunto pago de sobornos.
Según una reciente investigación del diario La Nación, de Buenos Aires, López utilizó los activos comprados a Petrobras para expandir su grupo de empresas financiándose con dinero acumulado gracias a elevadas deudas tributarias
- postaporteñ@ 1593 - 2016-04-24
Superman, los buitres, la cuestión social y la grieta
ARG | Panorama político nacional
de los últimos siete días
El fin del extenso y conversado default, el pago a los buitres y la excelente acogida a los bonos argentinos (más allá de que los mercados premiaran una tasa que casi dobla la que paga Bolivia), son hechos positivos.
Celebrarlos supone a la vez un gesto de realismo y uno de imaginación. Se apuesta a que, en las nuevas condiciones (una Argentina que cumple las reglas y es, además, una potencia alimentaria y un manantial de recursos estratégicos, desde petróleo a litio, sin olvidar el agua) las inversiones llegarán y contribuirán a convertir la potencia en acto. Esto es plausible, pero hay que verlo aún. O, al menos, exponer un croquis más o menos preciso o verosímil del puente entre el presente y ese futuro.
Marketing y accountability
Si los festejos por momentos suenan desubicados es porque hay situaciones actuales que aconsejarían un poco más de contención, un poco menos de autoagasajo y más explicaciones sobre la transición al después promisorio desde un ahora todavía problemático.
El embajador argentino en Washington, Martín Lousteau, parece comprenderlo: “En el corto plazo muchas de las cosas que se hacen para reordenar la economía tienen impacto negativo en el nivel de actividad y en la inflación –declaró el sábado 23 en La Nación-.
Muchas de las medidas que se toman para organizar la economía tienen efectos que van en contra de la dinámica económica, en precios y actividad. Eso se ve. Hay preguntas sobre eso.
Y es importante que la Argentina las pueda contestar no sólo al inversor, sino también a nosotros mismos”.
A falta de esas respuestas formuladas explícita o implícitamente bajo el formato de un plan cuya marcha y objetivos puedan ser verificables y controlables (someterse a lo que los estadounidenses llaman “accountability”), surgen señales de Incertidumbre o descontento o se plantean respuestas simplificadoras.
Roberto Lavagna apuntó a "un error inicial” del gobierno: “anunciar una tasa de inflación de 20 a 25 por ciento pero más cerca del 20 por ciento. No era viable y estamos en el 35 por ciento. Eso afectó la credibilidad de las autoridades. Por querer ser optimistas, se perdió credibilidad".
En el ámbito del Congreso empiezan a tomar cuerpo político respuestas a aquellos interrogantes que no coinciden con los objetivos del gobierno.
El peronismo (renovadores y ex kirchneristas a la cabeza), acompañado por otras fuerzas impulsa desde ambas Cámaras la declaración de una emergencia ocupacional (con retroactividad el 1 de marzo), que bloquearía, retrotraería o castigaría indemnizatoriamente los despidos hasta fin del año próximo.
La norma pretende asegurar con medidas adicionales la estabilidad de los trabajadores que ya cuentan con empleo, aunque seguramente hará más difícil la incorporación de nuevos trabajadores.
Cuestión social y gobernabilidad
Aunque crítico del gobierno, Roberto Lavagna objetó el proyecto: "Creo que puede terminar perjudicando al empleo, en particular en el sector de las pequeñas empresas, que se juegan la vida si tienen que pagar una doble indemnización o si quedan impedidas de despedir a alguien",
El gobierno anticipó su rechazo a la iniciativa, pero como no está en condiciones numéricas de neutralizarla, intentará empantanar el debate en las comisiones legislativas que domina para demorar la sanción. En última instancia, el Presidente podría apelar al veto.
Seguramente contaría, si lo hace, con la aprobación de las corporaciones empresariales a las que en sus discursos viene reclamando que inviertan y que no suban los precios.
Puestas en esos términos las cosas, el Presidente confirmaría una imagen de él mismo que sus adversarios quieren imponer: la de un político que mira la realidad desde una perspectiva de clase alta, poco sensible a las preocupaciones de la gente de trabajo y predispuesta a acordar con su sector social inclusive al costo de disimular diferencias circunstanciales.
Más inquietante aún: podría ver resquebrajarse el basamento de gobernabilidad que él y sus espadas políticas (el ministro Rogelio Frigerio, el diputado Emilio Monzó, el senador Federico Pinedo entre los más importantes) han venido construyendo con paciencia durante estos meses.
No habría que dar por sentado que el gobierno acepte pagar ese precio.
El Presidente ha mostrado en lo que va de su administración que puede eliminar un curso de acción, frenarlo sin mayores explicaciones (como viene ocurriendo con el protocolo de seguridad sonoramente anunciado al principio de la gestión por la ministra del ramo), retroceder y buscar vías alternativas (como ocurrió con el nombramiento en comisión de dos miembros de la Corte), con tal de afirmar los dispositivos de la gobernabilidad.
En principio dio signos de su voluntad de ampliar la agenda social al acelerar medidas como la rebaja del IVA, la suma especial para los jubilados de asignación más baja y la disposición a elevar significativamente el salario mínimo y el subsidio de desocupación. Es probable que sus equipos terminen encontrando o improvisando herramientas que eviten en el Congreso la derrota que determinaría la necesidad de vetar.
El oficialismo se siente más cómodo en la atmósfera que últimamente prefieren los medios: la de las siempre sorprendentes investigaciones sobre corrupción.
La vecindad de Brasil, con una Presidente a punto de ser sometida a juicio político y buena parte de su dirigencia sospechada de complicidad con alguna variante de corrupción, exacerba por momentos la discusión del tema en la Argentina, donde los videos de La Rosadita, las confesiones de Leonardo Fariña y los Papeles de Panamá eclipsan a menudo el análisis de asuntos de gran (o mayor) importancia
Droga, vista gorda y “respuesta uruguaya”
La muerte de cinco jóvenes y el grave estado que padecen otros varios por consumo de las llamadas “drogas de diseño” recién empezó a despegar del plano de la banalización cuando un fiscal federal puso en el centro del debate no meramente las cuestiones de orden municipal, sino la existencia misma de las “fiestas electrónicas”. Hasta allí parecía estarse introduciendo por la ventana un intento de legalizar lisa y llanamente ese tipo de sustancias después de años de permisividad discreta.
No es un secreto para nadie que las fiestas electrónicas son verdaderas ferias destinadas a que los mercaderes de pastillas coloquen sus cápsulas (Éxtasis o Superman, todas “dañinas y nocivas”, como subrayó el doctor Carlos Damin, jefe de Toxicología del Hospital Fernández) a un público masivo y motivado. Y, de yapa, hagan una fortuna transando a precio de oro agua corriente con etiqueta.
Esas fiestas no sólo cuentan con piedra libre desde hace años (no menos de una década) sino que algunas son inclusive auspiciadas por grandes empresas, que sin pudor vinculan sus marcas a esta actividad.
Es una curiosa circunstancia que todo esto coincida en el tiempo con los sonoros discursos de la política condenando el tráfico de drogas y los delitos conexos. Suele haber más palabras que hechos. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no hay ministerios, secretarías ni subsecretarías que atiendan el tema: sólo una dirección general en el ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano que se ocupa de adicciones.
¿Será que en la capital de la República no se verifican ni el consumo ni el tráfico de estupefacientes? Ya decía Aníbal Fernández que “este es un país de tránsito”.
El problema que emerge con los muertos de Costa Salguero se centra, para algunos observadores y hasta para algunas autoridades, no en el consumo de drogas, sino en la mala calidad de la droga que ingirieron las víctimas.
Esa mirada se ubica en el vestíbulo de “la respuesta uruguaya”. El ex presidente oriental José Mujica impulsó la provisión por el Estado de marihuana de calidad garantizada. Aquí -lejos del izquierdismo del Frente Amplio- se empieza a sugerir que alguna ONG certifique los ingredientes de las pastillas que se consuman en las fiestas electrónicas.
El Estado se limitaría a autorizar las fiestas y esas oenegés, y reclamaría, eso sí, que los establecimientos cumplan con las normas municipales.
De hecho, la modalidad autorizaría el consumo de un modo apenas menos implícito que el vigente.
Las diferencias entre el izquierdismo de Mujica y el neoliberalismo que se asigna a Cambiemos no parecen demasiado extremas.
La sociedad argentina alienta otras opiniones sobre el tema. Ese debate todavía no se despliega
Corrupción y grieta cultural
El tema de la corrupción tiene más rating. Y su tratamiento tensa las relaciones en el gobierno. Esta semana hubo un nuevo jaleo entre Elisa Carrió y el Presidente: discutieron a puertas cerradas diferencias importantes sobre cómo actuar frente a los jueces.
La señora Carrió teme enfáticamente que no hayan desaparecido vasos comunicantes entre el poder político y Comodoro Py. Paradójicamente, son muchos los amigos de Mauricio Macri que le imputan precisamente lo contrario.
Son dos perspectivas que conviven (y se enfrentan) en una misma coalición política.
El sueco Gunar Myrdal citaba medio siglo atrás al gran líder indio Jawaharlal Nehru: “Gritar desde las azoteas que todo el mundo es corrupto crea una atmósfera de corrupción y la corrupción se expande. El hombre de la calle se dice: si todo el mundo es corrupto, ¿por qué no yo también?”.
Por su parte, mucho antes de teorizar sobre el “choque de las civilizaciones”, el estadounidense Samuel Huntington analizó la corrupción como un fenómeno vinculado al cambio social. “La modernización –decía- implica cambio en los valores básicos de la sociedad (…)
Estos valores generalmente son incorporados primero por sectores expuestos a ellos por su contacto con otros países (…) estos sectores empiezan a juzgar a sus propias sociedades en base a estas normas nuevas y ajenas.
Conductas que eran tradicionalmente aceptadas como legítimas y normales se transforman en inaceptables y corruptas cuando son miradas con ojos modernos.
Por eso, en una sociedad en proceso de modernización, la corrupción puede implicar menos una conducta que se desvía de normas aceptadas que un desvío de las normas en relación con los moldes tradicionales.
Nuevos criterios y pautas en relación a lo que está bien o mal conducen a que al menos algunos de los moldes tradicionales de conducta sean condenados como corruptos”.
Para Huntington, como para el Myrdal que se referenciaba en Nehrú, “la puesta en cuestión de los valores y comportamientos tradicionales erosiona la legitimidad de las normas en general.
El conflicto entre normas tradicionales y nuevas normas morales abre un hueco que permite a muchos individuos comportarse sin respetar ni unas ni otras”.
Ese intríngulis de normas que se neutralizan recíprocamente, que los académicos suelen llamar anomia, está probablemente en las raíces de la grieta que separa grandes espacios políticos, pero también introduce afinidades y discordancias en el seno de cada fuerza, cada actividad, cada generación.
Naturalmente, también hay conflicto sobre la forma de cerrar la grieta.
Puede ocurrir que esa tensión termine ensanchándola.
JORGE RAVENTOS
postaporteñ@ 1593 - 2016-04-24
postaporteñ@ 1593 - 2016-04-24
URU | Más de 10.000 desplazados en todo el país:
Necesitamos soluciones ya!!!
Según el Sistema Nacional de Emergencias, ya son más de 10.000 los desplazados por los temporales que están sucediendo en el país y donde ya han pagado con su vida nueve personas. Desde IST nos solidarizamos con todos los afectados, que se encuentran viviendo una situación dramática. Vemos con angustia como cientos de trabajadores se ven obligados a abandonar sus casas con sus hijos y familiares, perdiendo todo lo que consiguen con muchísimo esfuerzo, como bien sabemos los trabajadores.
El tornado que causó destrozos en Dolores (Soriano) y las inundaciones por las fuertes lluvias, vuelven a colocar sobre la mesa el problema de infraestructura que afecta centralmente a los trabajadores y los barrios más populares, que en muchos casos tienen sus casas en lugares inundables y en condiciones precarias, pues ningún gobierno ha cumplido con el derecho a una vivienda decorosa que la constitución dice que es de todos.
Así, ya nos hemos “acostumbrado” a ver como cada tanto, las inundaciones azotan muchos departamentos. La última vez fue en diciembre pasado, cuando en los departamentos de Salto, Artigas y Paysandú, terminó con más de 20.000 desplazados.
Esta situación se repite y se repite.
Este desastre no es solo causa fenómenos naturales, sino que es agravado enormemente por la falta de infraestructura que no ha resuelto ni el gobierno nacional ni los gobiernos municipales, sean del Frente Amplio o la “oposición”, que luego son los primeros en salir a darnos su “solidaridad”… solo en palabras.
Falta de desagües y cloacas acordes a las poblaciones de ciudades y pueblos, la deforestación que favorece a las inundaciones, la falta de viviendas dignas y el aumento de la miseria que se refleja en la cada vez más precarias construcciones en lugares inadecuados para vivir, son algunos de los principales que tenemos los trabajadores y sectores populares. Vimos cantidades de techos de chapa que volaron, así como las construcciones más livianas y débiles de muchas viviendas, liceos y edificios públicos.
Por otra parte, según informó el departamento de Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias, existe un radar llamado Doppler que hubiera podido detectar el tornado con al menos 10 o 20 minutos de antelación, tiempo que podría ser muy valioso en esas circunstancias. Pero nuestro país no cuenta con esa tecnología y nos hace más vulnerables.
Como siempre, son los trabajadores y sectores populares de todo el país los que colaboran frente al llamado de solidaridad buscando ayudar a los afectados y realizando grandes esfuerzos, mientras las empresas aprovechan para hacer publicidad, mostrándose como “solidarias” cuando en realidad las donaciones –que son fundamentalmente entregada por trabajadores- les es luego descontada de impuestos –es decir, pagamos los trabajadores y ellos se hacen la publicidad!-
El cinismo de los empresarios y gobernantes es impresionante.
El gobierno, en lugar de enviar policías y militarizar las zonas, debe garantizar el envío inmediato de obreros, médicos, enfermeros, psicólogos, ingenieros, arquitectos, que sea parte de un plan de Estado que inicie un llamado para el ingreso de trabajadores estatales para atender a todos los afectados en forma eficiente.
No solo en estos momentos de tragedia, sino para que toda la población de Dolores y el país, reciban una atención adecuada en salud con edificios en condiciones, lugar para todos y el con el personal necesario.
También es urgente incorporar toda la tecnología necesaria que permita detectar, lo antes posible, este tipo de fenómenos.
En conjunto con lo anterior, se debe iniciar urgentemente un plan de obras públicas para comenzar a revertir toda esta falta de infraestructura y solucionar el problema de la vivienda.
No podemos permitir que los evacuados se los tenga como verdaderos refugiados en carpas o en clubes totalmente hacinados. ¡Que se abran los hoteles, edificios y casas aptas para vivir!
Como vemos, la falta de inversión en vivienda y salud pública hace que estos fenómenos peguen con mucha más fuerza. Las policlínicas y hospitales se encuentran saturados, no dan abasto con el personal.
Esto ya es denunciado por los trabajadores en situaciones de “calma”, y se agrava frente a fenómenos que exigen una respuesta a mayor escala.
Desde IST llamamos a los trabajadores y el pueblo a solidarizarse con todos los afectados a través de los sindicatos y centros de estudiantes, que están recibiendo donaciones.
Estas deben estar en manos de los trabajadores y los vecinos de los barrios populares para garantizar su distribución y que no haya ningún tipo de desvío con el cual se terminen beneficiando políticos o empresas.
Mientras llevamos adelante esta solidaridad inmediata, debemos exigir a la dirección PIT-CNT un paro de 24hs que sea el comienzo de un plan de lucha que sume los reclamos de los trabajadores y sectores populares damnificados por inundaciones y el tornado, los organice realizando asambleas en lugares de trabajo, estudio y barrio, para exigir soluciones: por un plan de obras públicas para la infraestructura, construir nuevos hospitales, reconstruir todos los liceos destruidos; inversión en vivienda, educación y salud pública.
Para esto hay dinero: el gobierno debe suspender el pago de la deuda externa que es una sangría para la economía, colocar impuestos progresivos al capital, y si es necesario utilizar las reservas para cumplir con las necesidades populares.
¡Terminemos con las tragedias evitables que siempre pagamos los trabajadores con muertos, heridos y desplazados!
19/4/2016
IZQUIERDA SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES –LITCI
IST - postaporteñ@ 1593 - 2016-04-24
ARG |el FIT en las vísperas del 1° de mayo
Llamamos al PTS a no dividir
el acto del 1° de Mayo
Este acto unitario, ya tradicional de la izquierda combativa, se venía acordando también con los compañeros del PTS. Al punto que ya se había aprobado un texto político de convocatoria entre las tres fuerzas del FIT desde hacía una semana.
Sorpresivamente el miércoles 20 de abril, a una semana del acto, los dirigentes del PTS presentaron en la mesa nacional del FIT un cambio radical en los ejes de la convocatoria pasando a proponer que la consigna central debía ser "Abajo el golpe en Brasil" y que, en ese sentido, el acto debía hacerse frente a la embajada de Brasil, que queda en la Recoleta. Incluso aclararon que era una condición indeclinable.
O sea, se tomaba su propuesta o no había acto común.
Esta postura fue rechazada tanto por PO como por Izquierda Socialista.
Ambas organizaciones señalamos que sabiendo que hay discrepancias en cómo definir lo que sucede en Brasil era incorrecto pretender poner esa consigna como central. Más cuando ya estaba acordada el texto de la convocatoria que tiene como centro denunciar al gobierno de Macri como ajustador contra los trabajadores y el pueblo y convocar a movilizar contra sus tarifazos, los despidos y su política antiobrera y pro multinacionales. Reafirmando al FIT como una alternativa política de los trabajadores y la izquierda contra el gobierno y la oposición patronal, tanto al peronismo de Massa, de Urtubey, como del FPV y el kirchnerismo.
El PTS vuelve a reiterar sus posturas divisionistas y autoproclamatorias (como su división de los bloques parlamentarios, actuando solo como PTS) que en nada ayudan a la unidad de la izquierda y de los luchadores.
Llama la atención su incorrecto ultimátum para un acto con la izquierda cuando no ha tenido ese criterio para participar en actos en unidad con el kirchnerismo, por ejemplo, en defensa de Milagro Sala o votando propuestas del FPV en el Congreso Nacional.
Desde Izquierda Socialista, fraternalmente, los llamamos a que abandonen su actitud divisionista y se sumen al acto de Plaza de Mayo.
Por la cuestión del debate sobre Brasil es importante dejar aclarado qué se discute.
Efectivamente discrepamos en definir como "golpe de estado" la posible destitución parlamentaria de Dilma Rousseff. En nuestra opinión, en Brasil no hay un golpe de estado.
No han tomado el poder los militares. Ni remotamente existe esa amenaza. Ni se cerró el parlamento, ni se prohibieron las huelgas y los sindicatos.
Lo que ha ocurrido es una acción parlamentaria de la oposición patronal que busca destituir a Dilma usando esos mecanismos parlamentarios que desde Izquierda Socialista repudiamos y rechazamos.
Nuestra corriente hermana (la Corriente Socialista de los Trabajadores -CST-) que actúa dentro del PSOL, repudia el "impeachment" y llama a movilizar en todo el país por "Fora Todos", contra el ajuste y por constituir una alternativa de gobierno desde la izquierda y los trabajadores, convocando a un gran plenario sindical, popular y estudiantil en Brasil. Denunciamos al gobierno patronal corrupto de Dilma-Lula que viene ajustando al pueblo trabajador y por eso tiene un rechazo popular de más del 80%. Como también denunciamos a la oposición patronal corrupta de Temer o Cunha.
Luchamos junto a los trabajadores y por su independencia política.
En momentos en que se agotó la expectativa de millones con el gobierno del PT y sectores patronales que gobernó 14 años al servicio de las multinacionales y ajustando al pueblo trabajador, el PTS en vez de ser parte de la pelea para "que se vayan todos" como ocurrió en la Argentina en el 2001, queda sosteniendo a Dilma y al PT, odiado por responsable de un brutal ajuste.
De esta manera se pierde la oportunidad de postular una alternativa de izquierda.
El PTS va detrás del gobierno de Dilma ya que justamente quienes dicen que hay un "golpe" son Dilma y su gobierno, apoyados por el kirchnerismo.
Con el argumento del "golpe de la derecha" quieren esconder su crisis por el odio generalizado de la clase trabajadora brasilera.
Dilma y el PT han gobernado durante años con el mismo doble discurso de Cristina y el FPV, de "modelo nacional y popular", para gobernar para los empresarios, las multinacionales y pagando la deuda externa.
Contra los trabajadores y favoreciendo los negociados empresarios
(véase artículo de L. Covas en El Socialista 312, 13 de abril 2016).
PTS parece olvidar que en junio de 2013 en Brasil millones de trabajadores y jóvenes salieron a las calles a cuestionar al gobierno de Dilma y Lula por el aumento de la tarifas del transporte y que desde entonces no cesan las enormes huelgas y las protestas populares.
Ya hubo otro impeachment en Brasil. Fue en los 90 cuando se destituyó al conservador Collor de Melo. Entonces el PT y la izquierda nunca dijo que era un "golpe de estado".
¿Ahora porque Dilma y el PT son de centroizquierda y pseudo progresistas es un golpe? No.
El tema de fondo es que Dilma es tan odiada por las masas como lo fue Collor de Mello. Por eso existe una grave crisis política para la burguesía brasilera y el imperialismo.
Esta es la realidad. La oposición patronal quiere sacar a Dilma como en los 90 a Collor porque ya no le garantiza una estabilidad política para seguir aplicando el ajuste que necesitan las multinacionales y los banqueros.
Necesitan un recambio político para ver si evitan que la bronca de las masas se transforme en una movilización revolucionaria que termine con todos esos políticos corruptos y explotadores.
Lamentablemente, con este posicionamiento de defensa del gobierno de Dilma y el PT, la dirección del PTS cae nuevamente en errores oportunistas como el giro pro k que viene sosteniendo desde diciembre.
El debate sobre Brasil puede continuar.
Pese a la postura errada del PTS sobre Brasil y nuestras diferencias nada debe ser excusa para no hacer un acto unitario contra las políticas de ajuste del gobierno de Macri y la traición de la burocracia sindical.
Reiteramos el llamado al PTS a que se sume al acto del 1° de Mayo en Plaza de Mayo. Mientras tanto, desde Izquierda Socialista llamamos a los luchadores sindicales, estudiantiles y populares a concurrir al único acto unitario de la izquierda y los sectores combativos. El 1º de Mayo:
¡Todos a Plaza de Mayo a las 15:30 horas!
IZ- postaporteñ@ 1593 - 2016-04-24
La Suiza de América
Uruguay está ranqueado en el primer tercio de un listado de 102 paraísos fiscales: ocupa el lugar 28 de 102 en una lista encabezada por Suiza y seguida por Hong Kong y Estados Unidos; Panamá está en el lugar 13, Gran Bretaña en el 15, China en el 20 y Brasil en el 26
Brecha edición 1587 21/4/16
Está en esa lista(1) porque es miembro del Global Fórum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Foro Global para la Transparencia y el Intercambio de Información para Propósitos Fiscales), producto de un movimiento que empezó en la sociedad civil en 2003 y que se transformó en política del G 20, al aceptar pedir información a los países para hacer más transparentes a las corporaciones y luego revelar la propiedad de las compañías offshore.
En 2006 la opinión del FMI sobre Uruguay no era muy buena. Su informe de diciembre de ese año establecía que “Uruguay es un centro financiero offshore y un riesgo para el lavado de dinero y la financiación de terrorismo, particularmente a partir de operaciones de no residentes y trasnacionales. Tiene un diversificado sector financiero con un significativo componente offshore que abastece mercados latinoamericanos, incluyendo Argentina y Brasil. Su sector financiero se caracteriza por una importante concentración de clientes no residentes y una economía altamente dolarizada.
Las instituciones financieras uruguayas son muy activas en transacciones a través de la frontera como puntos de depósito y/o intermediarios para acceder e invertir en mercados internacionales, lo que incluye hacerlo a través de bancos, financieras, corretaje, cambio de moneda y servicios de transferencia de dinero”.
El FMI entendía que la evasión fiscal sería el principal motivo de los fondos extranjeros invertidos en el sistema financiero uruguayo, y llamó a los sectores financieros a prestar mayor atención a su actividad y al cumplimiento de los requisitos de lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo, pues se incrementan –sostenía en esa época– los riesgos de que esas actividades tengan lugar.
Para 2015 el Informe Internacional de la Estrategia de Control de Narcóticos (INCSR, por sus siglas en inglés) afirmaba que “pese a que el gobierno de Uruguay dio pasos positivos en 2014 para contrarrestar el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas, y sigue haciendo progresos en su aplicación, (el país) sigue siendo vulnerable a estas amenazas”.
Hay otro punto de vista a tener en cuenta. En la página web de la consultora CPA Ferrere, el artículo principal del 10 de abril de 2010 llevó el título “Adiós a las SAFIS. ¿Adiós a sus beneficios?”.
En su primer párrafo se afirmaba:
“La reforma tributaria extendió la partida de defunción de las famosas SAFIS (sociedades anónimas financieras de inversión).
Éstas deben dejar de funcionar como tales el 31 de diciembre de 2010. Sin embargo, el uso de sociedades comunes y una adecuada planificación tributaria permiten diseñar estructuras convenientes que hagan pasar desapercibido el cambio”.
Elocuente. El lema de la consultora es “Inteligencia aplicada a su negocio”.
La desaparición de las SAFIS fue total en 2014.
Para la INCSR, la situación (de riesgo o de posibilidad, según como se mire) es favorecida por la economía altamente dolarizada del país y porque el dólar es usado frecuentemente como moneda para los negocios.
“Alrededor del 80 por ciento de los depósitos y 55 por ciento de los créditos están en esa denominación. Jerarcas policiales y judiciales uruguayos evalúan que organizaciones criminales colombianas, mexicanas y rusas están operando en Uruguay. Hay una sostenida preocupación sobre el crimen organizado trasnacional desde Brasil.
En 2013 y 2014 hubo cinco casos de alto perfil relativos al lavado de fondos de Perú, Argentina y España.”
“Los casos de lavado de dinero que tomaron estado público –continúa el INCSR– están fundamentalmente relacionados con narcóticos y/o implican al sector inmobiliario.
La corrupción pública no parece ser un factor significativo tras el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. Uruguay tiene fronteras porosas con Argentina y Brasil, y pese a su reducida extensión, la diferencia de precios entre Uruguay y sus países vecinos sostiene un mercado de bienes contrabandeados.
El contrabando de paquetes de dinero y el lavado de dinero proveniente del comercio también tienen lugar. Dada la libre movilidad del capital –de vieja data en Uruguay–, el dinero es presuntamente lavado a través del sector formal, tanto onshore como offshore.
Hay seis bancos offshore operando en Uruguay, tres de los cuales no pueden iniciar nuevas operaciones en tanto están en proceso de liquidación”, afirmó el INCSR en 2015.
En un detallado informe de 2006 sobre medidas contra el lavado de dinero, del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), se había hecho notar “una situación particularmente problemática con el país (Uruguay) y el registro de propiedades”, algo que se superaría (aunque no a satisfacción de estos controles) con las acciones nominativas.
En 2009 el GAFISUD expresó satisfacción por los avances logrados en la materia, y asimismo lo hizo el Foro Global (Global Fórum), pese a que no se podía asegurar en todos los casos el cumplimiento de los avances en la nominación de los tenedores de acciones.
El grupo también señaló la persistencia de problemas en relación con la información bancaria y el intercambio práctico de información.
En cuanto al secreto bancario, el Foro Global (al que Uruguay adhiere) afirma que la posibilidad de acceder a información bancaria anterior al 2 de enero de 2011 está limitada por la legislación local.
También que Uruguay aplica una interpretación del acuerdo de intercambio de información impositiva (TIEA, por sus siglas en inglés) que va contra el estándar internacional, y cuya consecuencia es que Uruguay rehusó contestar el 75 por ciento de los pedidos de información recibidos(2)
En cuanto a los incentivos impositivos para no residentes, el Foro Global hizo hincapié en “un tipo especial de compañía, la sociedad anónima de zona franca (Sazf), que puede ser incorporada” a las actividades de los no residentes y que puede operar sólo en las 12 zonas de las Sazf y en el exterior. “Sus usuarios se benefician no sólo de la excepción de los derechos aduaneros sino también de los impuestos nacionales, incluyendo el impuesto a los ingresos, presente o futuro, en las actividades de la zona franca.”
“Uruguay también permite la incorporación relativamente sencilla de bancos offshore”, que se conocen localmente como “instituciones financiera externas”, o IFE. Su capital mínimo es de 500 mil dólares.
El banco está exceptuado de cualquier impuesto a cualquiera de sus actividades, líneas de negocio, ingresos o bienes.
“Es interesante que no requiera un agente bancario registrado localmente.
La banca offshore uruguaya puede desarrollar cualquier forma de actividad bancaria (como ofrecer todo tipo de cuentas corrientes o depósitos de activos, incluyendo cuentas en moneda extranjera), empero sólo puede hacer negocios con no residentes.”
A la situación aquí descrita se agregan los beneficios impositivos y exenciones de varios tipos que tienen las inversiones extranjeras.
Al respecto, el asesor sénior Krishen Mehta, de Tax Justice Network, afirma en la web de esta organización que “la permisividad impositiva de los países en desarrollo es el precio para atraer tecnología e inversiones y tomar decisiones importantes para sus economías.
En el proceso de hacerlo, los países en desarrollo deben renunciar a su soberanía impositiva; tienen que hacer concesiones impositivas para que se asienten compañías en el país.
Deben aceptar la coerción impositiva a través de tratados. Eso no es justo”
Notas
1. Según www.taxjustice.net
2. Véase www.oecd.org/tax/transparency/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes-peer-reviews-uruguay-2015-9789264231665-en.htm
Ernesto Herrera – Correspondencia de Prensa
- postaporteñ@ 1593 - 2016-04-24
Venezuela |La Guerra del hampa - Un conflicto en desarrollo
Edición 574: lasverdadesdemiguel.net - 22/4/16
Los componentes de estos escuadrones por momentos “invisibles”, son elementos que políticamente pueden considerarse lumpen proletarios (un término marxista para definir a una población situada socialmente al margen o debajo del proletariado, desde el punto de vista de sus condiciones de trabajo y de vida, formado por los degradados, desclasados y no organizados del proletariado urbano, así como aquella parte de la población que para su subsistencia desarrolla actividades al margen de la legalidad); el lumpen proletariado es la clase social que no posee ni medios de producción ni fuerza de trabajo y que obtiene su manutención a partir del robo y de ciertos recursos que las otras clases sociales dejan de poseer por considerarlos desechos.
Se trata de un sector carente de conciencia de clase, y por tanto susceptible de servir de punto de apoyo a la burguesía; sin embargo, en el caso venezolano, ha sido lo contrario e inicialmente sirvió de apoyo al Polo Patriótico para luego escapársele de las manos.
La FANB y el estamento policial han sido rebasados porque ambos (preparados para una guerra convencional) han terminado atrapados en una tenaza; los delincuentes han asumido una forma de guerra atípica extendiendo a todos los sectores su violencia desmedida.
No son pocos los colectivos sociales penetrados hasta convertirlos en brigadas del delito.
El poder judicial pierde fuerza y da paso a expresiones criminales como los linchamientos, cuyas imágenes al expresarse a través de las redes sociales crean (ex profeso) una situación de terror que lleva al aterrorizado a admitir el crimen monstruoso como un acto de justicia.
La guerra de la delincuencia declarada en contra de toda la ciudadanía ha tomado las características de guerra asimétrica, donde los soldados del delito con su accionar minimizan el efecto de los recursos militares y policiales del status quo.
Los delincuentes (sin proponérselo teóricamente) emplean métodos propios del terrorismo urbano y la guerra sucia.
Como en la guerra asimétrica, en principio no existe un frente determinado, ni acciones militares convencionales; no obstante, se van dando paso a las zonas liberadas donde reina la ley del delincuente, y allí se ponen en práctica toques de queda, mediante los cuales se impide el acceso de los efectivos militares y policiales a los sectores afectados.
Lo novedoso del caso venezolano es que los códigos de la delincuencia y su proceder son una mezcla de los usados en las favelas brasileñas y en la periferia de la azteca Tijuana.
Su actividad es envolvente, comprometiendo cada vez más a la población civil.
El delincuente se ha familiarizado con procedimientos bárbaros que harían morir de envidia a Atila, el rey de los hunos; en su actividad no existe ninguna objeción ética.
Al contrario de lo planteado por Rousseau en El Contrato Social, en Venezuela, el delincuente no es un rebelde sino un admirador del establishment, una sociedad donde, parafraseando al hoy fallecido dirigente adeco Gonzalo Barrios, no existen razones para no robar.
En conclusión, el crimen en nuestro paísse ha convertido en un vicio.
- postaporteñ@ 1593 - 2016-04-24
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