Número 1402 | lunes 18 mayo 2015 | Año X
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Horacio 'el perro' Verbitsky:
Con Dios y con el Diablo
17/05/2015 Por Gabriel Levinas (@Gabylevinas) y Sergio Serrichio (@sergioserrichio) en plazademayo.com El presidente del Cels y su trabajo para la aeronáutica durante la dictadura militar entre 1978 y 1982“Hemos vencido con las armas. Mostremos también que nuestras almas no se han contaminado con la pestilencia que debimos limpiar” Brigadier Orlando Ramón Agosti, comandante en jefe de la Fuerza Aérea y miembro de la Primera Junta de Comandantes de la dictadura militar, 25 de enero de 1979 en Córdoba, al poner en funciones a su sucesor en la Fuerza Aérea y en la Junta Militar, Brigadier Omar Domingo Rubens Graffigna.“Estamos unidos en sociedad por las grandes coincidencias del amor a Dios, a la Patria, a la Libertad, a la Propiedad, a la Justicia, a la Paz, Derecho y al Orden, que son los grandes valores aglutinantes cuyo culto permitirá? que se mantenga indestructible la unidad de nuestra Patria, de nuestros hogares, y de nuestras familias, todavía no afectadas en sus partes vitales por el cáncer de la disolución totalitaria que las Fuerzas Armadas hemos venido a extirpar”. Horacio Verbitsky, manuscrito para un discurso de Graffigna en ocasión del Día de la Fuerza Aérea, 10 de agosto de 1979 Susana Viau, esa gran periodista, algo sabia. En su última columna antes de morir, publicada el 17 de marzo de 2013, a propósito del desconcierto que, en corta sucesión, la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez y la elección del cardenal Jorge Bergoglio como Papa de la Iglesia Católica, provocaron en el gobierno de Cristina Fernández, escribió?: Hace apenas una semana se dijo desde esta columna que la Presidenta estaba perdida en el escenario internacional. Muerto Hugo Chávez, su valedor, su papel se esfumaba en el bloque regional (……) Al mismo tiempo, la posibilidad de que fuera Jorge Bergoglio el elegido la dejaba frente a una dura realidad: “Con la Iglesia hemos topado” (…..) El cristinismo tenia su pesadilla, el hombre que sin oponerse al Gobierno se oponía a sus prácticas y por eso había sufrido el desprecio kirchnerista, que le daba la e spalda a sus homilías. Dijeron, a modo de proscripción, que su pasado era Guardia de Hierro. ¿Y el del consejero favorito de los patagónicos, Juan Carlos el Chueco Mazzo?n, no? Se dijo también que había colaborado con la dictadura, ¿acaso Alicia Kirchner no?; el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel negó? el colaboracionismo bergogliano. La ex defensora de Horacio Verbitsky, Alicia Oliveira, también. Los Kirchner, en ese plano, no eran una voz autorizada haciendo una fortuna gracias a la 1050, en aquel contexto un pecado capital. En cualquier caso no fue la mano de Bergoglio la que escribió? para que Orlando Ramón Agosti pusiera en funciones al brigadier Graffigna: “Hemos ganado la batalla de las armas, que ellas no se contaminen de la pestilencia que vinieron a limpiar”. Algún día, tarde o temprano, se sabrá? quien fue el autor de sem ejante brutalidad Pues bien, a casi 40 años de los hechos y poco más de dos del texto de Viau, podemos afirmar con certeza que el cerebro y la mano detrás de “semejante brutalidad” fue Verbitsky, escriba permanente, junto al comodoro Juan Jose? Güiraldes y otro colaborador de nombre Pedrerol, de los discursos de los comandantes en jefe de la Fuerza Aérea Verbitsky gozo? de la protección de Güiraldes, un militar retirado pero muy ligado a las fuerzas armadas e “intelectual orgánico” de la dictadura, sobre la cual tuvo una fuerte influencia. Insuficiente para encarrilarla, como quería, en la represión legal de la llamada “subversión”, pero suficiente para proteger a Verbitsky, ex miembro de Inteligencia de Montoneros, gestionar la liberación y salida del país de algunos militantes revolucionarios detenidos por hechos de sangre y actuar como consejero de la alta oficialidad militar y organizador y anfitrión de importantes eventos del “Proceso de Reorganización Nacional” En los 14 meses que llevamos trabajando en la biografía no autorizada de Verbitsky hemos constatado esa protección, que se manifestó? muy tempranamente, al punto que el hoy presidente del CELS paso? las semanas posteriores al golpe militar del 24 de marzo de 1976 “guardado” en la Estancia “La Santa María”, en San Antonio de Areco, como nos confirmaron a lo largo de la investigación tres fuentes independientes entre sí?. Fue en esa Estancia donde Pedro Güiraldes, uno de los hijos del comodoro, encontró? a fines de abril pasado un manuscrito de 34 páginas, cuya autenticidad pudimos confirmar mediante peritajes caligra?ficos que contrastaron aquellos textos con manuscritos de autoría “indubitable” de Verbitsky, el mismo que, a principios de este mes, abrió la cacería kirchnerista del juez de la Corte Suprema de Justicia Carlos Fayt Una segunda revisión a los voluminosos archivos que Güiraldes, quien murióen 2003, dejo en su estancia de Areco, nos permitió? descartar la versión Heidi que Verbitsky brinda de sus años en la dictadura y del carácter de su relación con la Fuerza Aérea. Por empezar, pudimos confirmar la autenticidad de las Memorias del Instituto Argentino de Historia Aeronáutica Jorge Newbery, un “alter ego” del Comando en Jefe de la Fuerza Aérea, de cuyo financiamiento dependía casi por completo, que indican que Verbitsky firmo? un contrato por el que recibió? durante 6 meses una retribucio?n mensual de 700.000 pesos (a valores de hoy, unos 40.000 pesos al mes) entre octubre de 1978 y marzo de 1979. La contratación fue autorizada y pagada con un subsidio directo del Comando en Jefe. La reunión del Instituto donde se informa del contrato con Verbitsky fue el 5 de octubre de 1978. Al día siguiente, la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA) de la Fuerza Aérea secuestro? a Patricia Roisinblit y a su esposo, Jose? Manuel Pérez Rojo, ambos militantes de la “Columna Oeste” de Montoneros. La RIBA tuvo como epicentro el centro clandestino de detenci&oacu te;n y tortura “Mansión Seré?”, en Castelar, a cargo de la Fuerza Aérea. Roisinblit y Pérez Rojo fueron luego derivados a la ESMA, el principal centro de detención y torturas de la Armada, y al día de hoy continúan desaparecidos. Documentos posteriores precisan también que Verbitsky firmo un nuevo contrato en marzo de 1981, indicativo de que su colaboración con la Fuerza Aérea se extendió? durante al menos cuatro años, entre 1978 y 1982 Para entonces, el Instituto había sumado a los subsidios que recibida del Comando en Jefe los del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, por gestio?n de uno de sus directores, el Brigadier Roberto Bortot Güiraldes no fue, como pretende hacer creer Verbitsky, un militar retirado lejano a la cúpula de la dictadura. Sus archivos muestran intercambio epistolar y gestiones exitosas, que le permitieron en algunos casos salvar vidas, con altos jerarcas de la dictadura. En la misma estancia de Areco donde estuvo “guardado” Verbitsky se realizo, en noviembre de 1978, una recepción y homenaje a Juan Carlos y Sofía, los reyes de España, a la cual asistieron, entre otras figuras del gobierno militar, el ministro del Interior, general Albano Harguindeguy y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, general Ibérico Saint Jean, uno de los jefes militares más sanguinarios, a quien se puede ver en varias fotos en amable charla con Güiraldes. En mayo de 1979, semanas después de que Verbitsky completara su primer trabajo para el Instituto Jorge Newbery de la Fuerza Aérea y mientras se imprimía la obra “El Poder Aéreo de los Argentinos” -que en una carta a “Horacito”, como lo llamaba, el comodoro Güiraldes llama “nuestro libro”- a la Estancia también concurrió?, como parte de su “visita oficial” a la Argentina, el director del Servicio de Inteligencia de Arabia Saudita, Turki Bin Faisal al Saud. En noviembre del mismo año fue el turno del canciller árabe, Saud bin Faisal bin Abdulaziz Al Saud. Turki y Saud son hermanos de padre y madre y forman parte del poder permanente de Arabia. Turki fue luego embajador en EE.UU. y Saud, que asumio? en 1975, lleva 40 años como canciller del reino Saudita. Esas visitas y homenajes estaban lejos de ser excentricidades de Güiraldes, un cultor de la literatura y las tradiciones gauchescas. Rendiciones de gastos posteriores muestran que tenían financiamiento oficial. Esto es, eran actos de gobierno. Uno particularmente significativo fue la Conferencia de Jefes de Fuerza Aérea de las Américas (Conjefamer), realizada en La Santa María el 14 de abril de 1982, apenas doce días después de que las fuerzas armadas argentinas retomaran el control temporal de las Islas Malvinas. La derrota militar en Malvinas fue, precisamente, el momento que eligió? Verbitsky para reaparecer “en público” y volver a incursionar en el periodismo. La historia de esos zigzagueos y desmemorias y también la de las mejores páginas de Verbitsky, como implacable denunciante de las violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante los años de la dictadura y de la corrupción en los años del menemismo, es la que contaremos con mayor detalle en su biografía no autorizada, de próxima aparición. Nota de la redacción de plazademayo. com: Gabriel Levinas intentó en varias oportunidades una entrevista con Horacio Verbitsky pero el presidente del CELS se negó a hacerla personalmente. Solo accedió a algunas respuestas por mail a través de su secretaria para el libro que estamos escribiendo. En los últimos correos se le mencionó la existencia de la documentación existente, parte de la cual está en el presente adelanto del libro para conocer su opinión. Lamentamos que HV no haya tenido la voluntad de aclarar o explicar la documentación que acompaña esta nota
- postaporteñ@ 1402 - 2015-05-18
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El divorcio social y la voluntad popular
El Sr. Comandante en Jefe del Ejército, Guido Manini Rios, ha hecho uso de la palabra en el 204 aniversario de la batalla de Las Piedras. Pegadito como “culo al calzón” alzó su voz un antiguo traidor y tupamaro el Sr. EFH. El primero –nos atenemos a la versión periodística- señaló que los militares “piden que no se les humille” ni se los “desprecie con soberbia” por “prejuicios del pasado”. El segundo –buscando como siempre protagonismo, egotista hasta la náusea- agregó que la “estigmatización” que sufren los miembros del cuerpo militar es “organizada” y advirtió que de eso tanto participan organizaciones sociales como sectores del Frente Amplio. La versión periodística –reiteramos- señala que las palabras fueron vertidas en el estadio “Coronel Álvaro Gestido” en presencia del actual Presidente de la República. Como se ve la versión periodística es escueta, una especie de apertura de paraguas –estamos en medio de un veranillo soleado, con seca en gran parte del territorio nacional y emergencia en algunas regiones- antes de la marcha tradicional del 20 de mayo. Marcha que además –y es característica de la misma- se realiza en el más completo y absoluto de los silencios. Nadie entonces “humilla” a los militares. Pero la corporación militar, que humilló y enlutó los hogares de casi todos los hogares orientales, cuando se salieron de madre, se alzaron contra los poderes constituidos y utilizaron las armas que no compran ellos, que les compra el pueblo para la defensa nacional, usando, esas armas, contra el pueblo, particularmente contra los trabajadores y jóvenes consientes, torturaron a mansalva, violaron hombres y mujeres, robaron las casas de sus víctimas, impusieron el terror y la censura más abyecta, durante una decena larga de años y, finalmente, se retiraron del poder arbitrario dejando el saldo de una economía arruinada como si nos hubiera invadido una potencia extranjera. Es natural entonces, que el recuerdo de sus tropelías y atropellos esté vivo en la memoria de la ciudadanía y del pueblo laborioso. Pocas veces se vio una plaga como la que protagonizaron los hombres de la corporación militar, contra sus conciudadanos. Por mantener esa memoria colectiva nadie humilla a la corporación militar. Pero es posible que ellos se sientan humillados. Lo lamentamos, pero fueron tan criminales sus acciones que no pretenderán que la ciudadanía les “compre caramelos” y les festeje los crímenes y atropellos. Es más, celebramos que la corporación militar “sienta” la humillación, aunque no pueda constatarla. Y lo mismo decimos del “desprecio”. No es visible en las calles, no está escrito en las paredes, ni siquiera se manifiesta en los grandes medios de comunicación (radio, prensa y televisión) pero los militares o la parte de la “inteligencia” de la corporación militar, se siente en la obligación de comunicársela a sus superiores para que la tengan en cuenta cada vez que en una ceremonia pública alcen su voz. Lo que es una calumnia, del Sr. Comandante en Jefe es señalar –para reforzar su argumento- que todo eso es por “prejuicios del pasado”. No hay entonces ni “humillación” visible, ni siquiera “desprecio” que pueda constatarse. Pero tampoco hay “prejuicios del pasado”. Hay en cambio sí recelo manifiesto, y un divorcio que es evidente. El pueblo siente que este ejército no es su ejército. Y señalemos que está muy justificado que así sea. El tema es grave porque ningún ejército puede ejercer “la defensa nacional” si la población no les es afecta y no los siente como “el destacamento en armas” del país, de la ciudadanía. La guerra de “defensa nacional” no puede justificarse entonces, y además, todo el presupuesto de la existencia de las fuerzas armadas “nacionales” se derrumba. Ese sí, nos parece, es un problema serio para la corporación militar, particularmente para un segmento de ella: el cuerpo de oficiales y, dentro de él, el estrecho círculo de los oficiales superiores, los mandos. Permítasenos señalarle a estos caballeros, que la culpa o la responsabilidad por esa evolución que ellos detectan –sin elementos probatorios válidos- es posiblemente de ellos mismos. Si se hubieran depurado internamente de todos los criminales retirados y jubilados que hoy se agitan en las asociaciones militares, si hubieran –las nuevas generaciones- esas que se autoproclaman “inocentes” pedido disculpas por atropellos que la corporación cometió –aunque con otras personas físicas- contra la ciudadanía, si las fuerzas armadas hubieran dado pruebas fehacientes de repudiar el pasado, modificar planes de estudio de las camadas de nuevos oficiales y depurado todo lo podrido, reaccionario y viejo, que aún se agita dentro de la corporación, otro gallo cantaría. Las fuerzas armadas están divorciadas de la sociedad civil, mejor dicho de la inmensa mayoría de la sociedad civil, porque hay un estrecho círculo de la misma –la más conservadora y burguesa- que les es adicta. Y hasta les concedemos la ventaja de que una parte muy importante de las jerarquías gubernamentales actuales, las frente amplistas, los miran con indulgencia. El mismo jerarca gubernamental al frente del ministerio de defensa –aunque políticamente sea un cadáver que no representa a nadie- les es adicto (como todo perro fiel que ha sido educado a palos, cuando era rehén en las mazmorras cuarteleras). Y ni aún así les basta. Los demás –la inmensa mayoría- cumpliremos nuestro deber moral y cívico: manifestaremos el 20 de mayo, como todos los años, porque una parte muy importante del programa de regeneración nacional – los derechos humanos básicos, las violaciones realizadas a los mismos- está por cumplirse. No lamentamos para nada ese divorcio de la mayoría de la sociedad civil uruguaya, con la corporación militar del uniforme. Es absolutamente necesario. Y debe mantenerse, porque se trata de un problema muy serio: la imposición de nuestra voluntad colectiva, ante el puñado de criminales de uniforme que todavía se escudan en la corporación militar. La guerra -en su esencia- es justamente eso: la imposición de la voluntad de un bando sobre otro. Tema que conocen bien los señores oficiales superiores de la corporación militar. Nosotros lo intentamos haciendo uso de las libertades civiles vigentes, en forma pacífica y no beligerante. No nos apartaremos ni un ápice de esa, nuestra decisión y seguiremos manifestando en las calles de nuestro país, en medio de las libertades que nosotros mismos conquistamos con el esfuerzo de los mejores de todos nosotros, que Uds. asesinaron vilmente.
Por un 20 de mayo masivo!!!!
"Ni olvido ni perdón: JUSTICIA!!!!
c.e.r.
postaporteñ@ 1402 - 2015-05-18 |
Es peor hacer trampa en el juego que disimular un
genocidio
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YPF, salarios ejecutivos y
estatismo burgués
Rolando Astarita [Blog] Según informa La Nación (15/05/15), la petrolera estatal YPF aumentó la remuneración de su directorio -27 personas-, un 30% entre 2013 y 2014, de 19,7 millones de dólares a casi 25,9 millones en 2014. Las cifras surgen de los datos que presenta la empresa a los reguladores bursátiles de EEUU y Argentina, y fueron corroborados por la misma. La remuneración ahora estaría “en línea con los parámetros internacionales”. La noticia ofrece la oportunidad de volver a examinar, desde la perspectiva de la teoría de Marx, el carácter social del directivo de empresa en el capitalismo, sea este privado o estatal, y la naturaleza del estatismo en la sociedad actual La remuneración de los ejecutivos es plusvalía Una de las primeras cuestiones que hay que despejar al analizar la naturaleza social de los ejecutivos es que no basta la forma salarial para definir su carácter de clase. Como planteé hace años en una polémica (ver aquí), no se puede identificar automáticamente el salario con la remuneración de la fuerza de trabajo, y por lo tanto con la existencia de la relación de capital –trabajo explotado. Este es el error de los que sostienen que los ejecutivos pertenecen a la clase obrera. Y desde este punto de partida también se suele disimular la naturaleza social del ejecutivo de una empresa estatal, inserta en el modo de producción capitalista (en la idea de que el Estado “es de todos y todas” y el ejecutivo se sacrifica “en beneficio de todos y todas&rdquo ;) Para aclarar el punto, hay que precisar que la noción de fuerza de trabajo reconoce dos determinaciones. La primera, y más básica, hace referencia al conjunto de capacidades físicas y mentales que existen en el ser humano, y que este pone en movimiento cuando produce valores de cualquier tipo (véase El Capital, cap. 4 t.1). Pero esta definición aún es muy general; después de todo, siempre los seres humanos han empleado fuerza de trabajo para producir bienes, y siempre han debido reproducir su fuerza de trabajo. Por eso, si se tomara solo esta determinación, la noción sería a-histórica y se perderían las diferencias que distinguen clases sociales, y por lo tanto, modos de producción (después de todo, el salario es anterior al surgimiento del sistema capitalista) En consecuencia, es importante avanzar a una segunda determinación, que encierra todo un proceso histórico y social, a saber, la separación, por medio de la violencia, de los productores de sus medios de producción. En otros términos, para que haya fuerza de trabajo los trabajadores tienen que haber sido “liberados” de sus medios de producción (ver aquí acerca de esta liberación). Por eso es que la fuerza de trabajo se enfrenta como mercancía a las condiciones de trabajo que existen bajo la forma de capital, y la relación capitalista es una relación coercitiva (ver aquí). Esta última implica la subsunción del trabajador al capital, y en ella se determinan los modos y ritmos en que se desempeña el trabajo Con esto tenemos los elementos para analizar el salario de los ejecutivos de empresa (en lo que sigue la referencia es al cap. 23, t. 3 de El Capital, ed. Siglo XXI). Por un lado, dado que la relación capitalista supone la propiedad del capital frente al no propietario “libre”, el dinero y la mercancía constituyen capital en sí mismos, de manera latente o potencial, y como tales, dan derecho a la apropiación de plusvalía. Pero el título de propiedad no es suficiente para que haya plusvalor; es necesario hacer funcionar el proceso de explotación, y para esto el capitalista debe trabajar. “El trabajo de explotar es tan trabajo como lo es el trabajo que se explota” (Marx, p. 489). Lo cual no significa que el trabajo de explotar se pueda igualar, desde el punto de vista social, al trabajo del explotado. Es que la contradicción entre el capital y el trabajo ahora se manifiesta en la natu raleza opuesta de ambos tipos de trabajo y trabajadores: el del obrero asalariado genera plusvalía, en tanto el de dirigir la explotación responde a las necesidades del capital en funciones. El ingreso del obrero es remuneración de la fuerza de trabajo explotada; el ingreso del ejecutivo es la remuneración de quien encarna el “capital en funciones”, y por eso mismo conforma una porción de la plusvalía. Esto es así aunque se haga abstracción del carácter capitalista de esta función. Precisamente la economía burguesa -los neoclásicos, pero también en Keynes y los keynesianos- hace todo un punto de esta abstracción para igualar el trabajo del capitalista con el del obrero Sin embargo… ¿acaso el trabajo de coordinar y supervisar la marcha de la producción no es inherente a cualquier modo de producción que involucre el trabajo combinado de muchos individuos? ¿No es entonces un trabajo necesario? Sí, se trata de un trabajo necesario, de la misma forma en que es necesario el trabajo del director de orquesta para que el conjunto suene bien. En este respecto, estamos ante un trabajo productivo “que debe efectuarse en cualquier modo de producción combinado” (ídem, 490). Sin embargo, el trabajo del capitalista, o del ejecutivo, no es el de mero “coordinador productivo”. Es que existe un componente fundamental en la dirección y supervisión de la empresa capitalista que surge “del antagonismo entre el propietario de los medios de producción y el propietario de la mera fuerza de trabajo” (ídem, 493). Cuando el managem ent de la empresa estudia las formas de hacer producir al máximo a la fuerza de trabajo, y aplica las medidas correspondientes; cuando discute salarios con el sindicato; o implementa medidas destinadas a debilitar la resistencia de los obreros, está cumpliendo la función de explotar el trabajo ajeno. Todo esto subraya el contenido antagónico de la relación ejecutivos – obreros, a pesar de la forma salarial común. Y en la medida en que se asciende en la jerarquía de los mandos de la empresa, cada vez más el salario ejecutivo está conformado por plusvalía; y el trabajo productivo de coordinar recae en los rangos intermedios de capataces y jefes de sección, o similares. El caso de las cooperativas y sus directores Por supuesto, es difícil establecer, en el funcionamiento concreto de una empresa, cuánto de la remuneración del ejecutivo corresponde al trabajo productivo y cuánto corresponde a su trabajo de explotar. Sin embargo, la diferencia se hace evidente con las cooperativas obreras: “Las fábricas cooperativas suministran la prueba de que el capitalista, en cuanto funcionario de la producción, se ha tornado tan superfluo como él mismo, llegado al cenit de su perfección, considera superfluo al gran terrateniente” (pp. 494-5). Recordemos que después de las crisis, en Gran Bretaña, había empresas fundidas que eran puestas a trabajar por los obreros bajo la forma de cooperativas. Y existían casos en que el antiguo capitalista era contratado por la cooperativa para coordinar la producción. De manera que estos ex fabricantes supervisaban “por un salario económico, sus pro pias antiguas fábricas, ahora como directores de los nuevos propietarios…” (p. 495). Agregaba Marx que “en el caso de la fábrica cooperativa desaparece el carácter antagónico de la labor de supervisión, por el hecho que son los obreros quienes pagan al director, en lugar de que éste represente al capital frente a ellos” (pp. 405-6). El salario de estos directores se correspondía entonces con el de una fuerza de trabajo calificada y con instrucción especial. En términos actuales, la diferencia entre los millones que ganan los altos ejecutivos de las corporaciones modernas, y lo que ganarían como coordinadores contratados por la misma empresa transformada en cooperativa obrera, es la plusvalía. Esto es, el ingreso correspondiente a una función correspondiente a una relación social antagónica. Ejecutivos de empresas de capitalismo de Estado Las cuestiones analizadas en el punto anterior no se modifican, en sus aspectos fundamentales, cuando se trata de empresas estatales. Históricamente el Estado capitalista asumió emprendimientos que por su envergadura no podían ser asumidos por el capital privado; o en ocasiones en que el capital privado quiebra y hay interés –puede ser por motivos políticos o económicos- en que la empresa continúe en funciones. Por eso, las empresas estatales conforman el escenario “normal” del capitalismo hasta el día de hoy. Según The Economist (11/10/14), las compañías estatales de los países de la OECD poseen un valor de alrededor de 2 billones de dólares, y hay otros 2 billones que son participaciones minoritarias de los estados en empresas de diversa índole. Noruega, Francia, Irlanda, Grecia, Finlandia, Corea del Sur, Bélgica, Suecia, Austria y Turqu&iac ute;a son los países de la OECD con mayor presencia de empresas estatales. Y en los países no pertenecientes a la OECD, las empresas estatales tienden a ser más numerosas todavía (China, India, Arabia Saudita, Rusia, Indonesia, Malasia, Brasil, Tailandia, entre los más importantes). De acuerdo a Kowalski; Büge, Sztajerowska y Egeland (2013), el valor total de las ventas de las 204 empresas estatales, pertenecientes a 37 países, que figuraban entre las 2000 empresas más grandes de la lista Forbes 2010, equivalía al 6% del producto mundial; y su valor de mercado era de 4,9 billones de dólares (véase P. Kowalski; M. Büge, M. Sztajerowska; M. Egeland, “State-Owned Enterprises. Trade Effects and Policy Implications”, OECD Trade Policy Papers, 2013). Nunca debería olvidarse que las compañías estatales participan de la explotación del trabajo a la par de las empresas privadas y se rigen según criterios capitalistas. En caso contrario, habrá déficit que deberá ser cubierto con plusvalía deducida de los impuestos del capital “en general”. Pero por esto mismo existen constantes presiones –a través de la competencia de precios y de los mercados financieros- para que se subordinen a la lógica de la valorización. Desde el punto de vista de su rol en el modo de producción capitalista, la empresa estatal produce mercancías (puede ser petróleo, viajes aéreos, electricidad, etcétera) que contienen plusvalía, como sucede con las mercancías producidas por el capital privado. Una parte de esa plusvalía es distribuida entre los accionistas –en la mayoría de las empresas e statales hay participación privada-, o contribuye al funcionamiento del Estado capitalista. Y otra parte corresponde a los directores por su función de explotación. Subrayamos: salarios ejecutivos muchas veces superiores a los de los trabajadores son la expresión natural de una relación de explotación, aun tratándose de una empresa estatal. Aquí, la diferencia cuantitativa se explica por la diferencia social cualitativa La teoría de la plusvalía y la independencia de clase La remuneración de los directores estatales no tiene entonces misterio. Los millones de dólares que hoy se reparten entre los 27 ejecutivos más altos de YPF son parte de las reglas del juego del sistema capitalista; es una nueva confirmación del carácter capitalista de la estatización de esta petrolera (ver aquí). El tema tiene una importancia que supera su aspecto puramente “económico”. Es que la teoría de la plusvalía permite entender por qué “la propiedad del Estado no suprime la propiedad del capital sobre las fuerzas productivas” (Engels, Anti-Dühring). Después de todo, el Estado moderno no es más que la organización que se da la sociedad burguesa para sostener las condiciones de reproducción del capi tal, y las empresas estatales son parte de este sistema (ídem). Por eso, sus ejecutivos deben ser remunerados en montos similares a los que reciben los ejecutivos que encarnan al capital privado en funciones. Por eso también, la teoría del valor trabajo brinda una base científica a la lucha política por la independencia de clase. En lo esencial, porque permite comprender por qué no hay hermandad de intereses entre los asalariados que generan plusvalía en una empresa del Estado, y los ejecutivos de la misma, sino antagonismo de clase En última instancia, es en este contexto teórico y político que conserva vigencia la recomendación de la Tercera Internacional a los trabajadores, de que no apostar a las estatizaciones burguesas. “Reivindicar la socialización o la nacionalización de las más importantes ramas de la industria, como lo hacen los partidos centristas, es embaucar a las masas. Los centristas no sólo inducen a las masas en el error, al tratar de persuadirlas de que la socialización puede arrancar de las manos del capital las principales ramas de la industria sin que la burguesía sea vencida, buscan todavía desviar a los obreros de la lucha vital por sus necesidades inmediatas, haciéndolas esperar un embargo progresivo de las diversas industrias una después de otra, después del cual comenzará la construcción “sistemática” del edificio económico&rd quo;, (“Tesis sobre táctica”, Tercer Congreso de la Internacional Comunista) No es casual que la izquierda “socialista burguesa” –esto es, que aspira a llegar a una suerte de socialismo por la vía del capitalismo de Estado- haya borrado cualquier crítica a la explotación del trabajo. Es que la conciliación entre las clases antagónicas encuentra uno de sus puntos más sólidos en la idea de que, de alguna manera, el Estado y sus empresas “son del pueblo en su conjunto”
Rolando - postaporteñ@ 1402 - 2015-05-18
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Artigas "le pasó factura" al Frente
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La obstinada lucha
La revitalización de la impunidad, a nivel político y judicial, ha fortalecido a las organizaciones sociales y de derechos humanos, aglutinando a un vasto abanico popular, que se expresará, como nunca antes, el próximo miércoles en la 20ª Marcha del Silencio Samuel Blixen- Brecha 15/5/15 Quienes convocaron a la primera Marcha del Silencio, el 20 de mayo de 1996, ¿pensaron que veinte años después tendrían que seguir marchando, ahora con una consigna que, en medio del silencio, restallará como un latigazo: “¡Basta ya de impunidad!”? Es posible que no hubieran imaginado, aquella noche de 1996, cuánto esfuerzo, tenacidad, paciencia, iba a requerir, a las madres y familiares de detenidos-desaparecidos, el objetivo de verdad y justicia: y tampoco calculado que aquella impunidad que el presidente Julio María Sanguinetti había consagrado en diciembre de 1986 iba a ser tan longeva, y con ímpetus renovados, precisamente en un tercer gobierno del Frente Amplio. Era difícil de imaginar, entonces, que podía perdurar la complicidad de Sanguinetti con el terrorismo de Estado, que el miedo instalado por la dictadura ahogaría en la sociedad la necesidad de verdad, y que las mezquindades políticas iban a desmontar los esfuerzos populares. Es cierto que la primera Marcha del Silencio fue convocada en “homenaje a las víctimas (que) no puede ser otro que el reconocimiento a través de la verdad de los hechos, la recuperación de la memoria y la exigencia de que en Uruguay nunca más exista la tortura, las ejecuciones y la desaparición forzada de personas”. Quizás condicionados por la coyuntura, soportando el peso de diez años de una omisión oficial criminal, quienes convocaron a la primera marcha excluyeron expresamente el reclamo de justicia. Diez años después, al comienzo del primer gobierno frenteamplista, la décima marcha fue convocada con la consigna: “Para el pasado, verdad. Para el presente, justicia. Por siempre, memoria y nunca más”. El flamante presidente, Tabaré Vázquez, comentaba en mayo de 2005 que “quizás ésta sea la última Marcha del Silencio”. Luisa C uesta, ícono de la lucha de Familiares –madre del desaparecido Nebio Melo, que hoy sigue reclamando los restos de su hijo con el último aliento desde el sanatorio donde está internada–, decía entonces: “Aunque se sepa toda la verdad y se llegue a la justicia, las marchas deben seguir haciéndose para que las generaciones futuras sepan lo que pasó en este país”. Hoy, a 40 años de los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelow, aquel 20 de mayo de 1976 en que sus cuerpos acribillados fueron abandonados en el interior de un auto –y habría que recordar también a Manuel Liberoff, secuestrado y asesinado el mismo día 19–, la lucha contra la impunidad –a pesar de las decepciones, y quizás por eso– está revitalizada y la consigna “Basta de impunidad” revela que ese nuevo impulso nace por las ambigüedades y retrocesos ocurridos durante los gobiernos frenteamplistas, aquellos que, supuestamente, aseguraban el fin de la impunidad, la restauración de la memoria colectiva y la eliminación de la mentira que condiciona el futuro. Elena Zaffaroni, una referente de Familiares, explicó el miércoles 13 ante un público formado casi exclusivamente por estudiantes universita rios, que en 2005, cuando el Frente Amplio alcanzó el gobierno, hubo “un cambio sustancial” (refiriéndose a los nuevos criterios de interpretación del artículo 4 de la ley de caducidad, interpretación que permitió la investigación de las desapariciones forzadas) pero que después “se fue a menos”, predominando el criterio de los sectores y personajes frenteamplistas que aceptan el olvido y apuestan a la biología, cuando no sabotean premeditadamente las iniciativas que surgen, invariablemente, desde las organizaciones de derechos humanos. Zaffaroni afirmó que “se hicieron investigaciones sobre las desapariciones y se puso luz sobre operativos represivos, pero no hubo ni verdad ni justicia” El entorpecimiento de esas iniciativas se volvió activo después de que gracias al esfuerzo de familiares de las víctimas y de organizaciones de derechos humanos se recolectara un volumen tal de evidencias, indicios e informaciones que era imposible ignorar y que facilitaron los procesamientos de los militares hoy recluidos en la cárcel de Domingo Arena. Acoplándose a ese esfuerzo, algunos jueces y fiscales –unos pocos– investigaron las denuncias recibidas aunque, como confesó ante el auditorio de estudiantes la jueza Mariana Mota, los magistrados no están preparados para encarar los delitos del terrorismo de Estado y necesitan “la colaboración por parte de los ministerios para acceder a los archivos del pasado”, y “decodificar la información militar que logramos recibir”, aunque esa información no proviene, precisamente, de los canales oficiales. Mota, quien mientras estuvo al frente de un juzgado penal trabajó en cerca de cincuenta casos de violaciones a los derechos humanos, se lamentó de que las historias que surgen de esos expedientes, principalmente de los testimonios de las víctimas o sus familiares, permanezcan en el secreto, cuando sería fundamental que la sociedad las conociera, pero no hay mecanismos que aseguren su difusión Aunque parcial, el trabajoso avance de la justicia fue precisamente el detonador de un cambio cualitativo en la impunidad durante la presidencia de José Mujica. La eventualidad de que el general retirado Pedro Barneix fuera procesado por el asesinato de Aldo Perrini, vecino de Carmelo, ocurrido en el cuartel de Colonia en marzo de 1974, movilizó fuerzas agazapadas en las estructuras del Estado. El procesamiento del general en actividad Miguel Dalmao, por el asesinato de la profesora Nibia Sabalsagaray, en 1974, colmó el vaso, para los impunes. En el marco de una actitud incomprensible del presidente Mujica, que expresamente visitó al general Dalmao en la unidad militar donde estaba recluido, comenzó a montarse el operativo para impedir el procesamiento de Barneix. La separación de la jueza Mota del juzgado penal y su traslado a la esfera civil detuvo las actuaciones judiciales Sin embargo, la medida más determinante para la revitalización de la impunidad fue la decisión de la Suprema Corte de declarar inconstitucionales dos de los cuatro artículos de la ley 18.831, que finalmente, después de años de idas y vueltas, consagraba la liquidación de la ley de caducidad. La Suprema Corte, que en 2009 había sancionado la inconstitucionalidad de la ley de caducidad, en 2013 volvía a ampararla, por la vía de los hechos, al rechazar la categoría de delitos de lesa humanidad (por lo tanto imprescriptibles e inamnistiables) para los crímenes cometidos durante la dictadura. A partir de entonces se produjo un quiebre y hoy la mayoría de los casos referidos a la violación de los derechos humanos durante la dictadura están detenidos. La Suprema Corte, en su actual composición, parece determinada a cumplir la amenaza de uno de sus miembros, Jorge Ruibal Pino, quien aseguró que aquellos jueces que insistan en aplicar el criterio de lesa humanidad y de reclamar la aplicación de los convenios y tratados internacionales se estrellarán contra “una muralla”. La sentencia que permitió la liberación del ex policía Ricardo Zabala, implicado en el secuestro y asesinato del maestro y periodista Julio Castro, ocurrido en 1977, es un fiel reflejo de los criterios que está dispuesta a aplicar la Corte. La resolución de la SCJ, por mayoría, con un dictamen adverso de la fiscalía de corte, cuyos argumentos retomó el discordante Ricardo Pérez Manr ique, sostuvo increíblemente que el secuestro de Julio Castro no fue un secuestro porque no medió violencia, y consideró que la actuación de Zabala (quien entregó a Castro a las puertas de un centro clandestino de detención) debía interpretarse como un acto de obediencia debida. La jueza Mota opinó que “es impensable que Zabala no supiera que iba a detener a una persona, siendo él parte del sistema de represión (…). No cabe aquí la obediencia debida para Zabala, porque sabía que estaba cumpliendo una orden ilegítima”. Su crítica al fallo de la Suprema Corte, dijo, “quizás me traiga más problemas”, como las represalias que sufrió cuando fue trasladada a un juzgado civil. No obstante, afirmó que la sentencia incurre en la falacia de “aislar del contexto histórico el análisis de estas causas” El tercer gobierno del Frente Amplio quizás cambie la ecuación instalada. El presidente Tabaré Vázquez anunció, antes de asumir, su disposición a instalar un equipo de trabajo para “resolver la cuestión de las desapariciones”. Tal equipo estaría integrado por representantes de Familiares, personalidades notorias en la defensa de los derechos humanos y representantes de corrientes religiosas; tendría autonomía para investigar, buscar documentación y aportar a la justicia los elementos que permitan resolver las denuncias sobre delitos de lesa humanidad, no sólo las desapariciones sino también las ejecuciones sumarias, los asesinatos y otros episodios como las violaciones sistemáticas a detenidas. Esta comisión podría destrabar la situación referida a los derechos humanos. Pero el decreto que formaliza la integración del grupo y sus atrib uciones aun no ha sido firmado y a dos meses de su anuncio no se sabe cuáles son las razones de la postergación. De la misma forma, tampoco se sabe por qué no ha sido renovado el convenio entre Presidencia y la Universidad que permite la búsqueda de restos de desaparecidos en unidades militares. El convenio caducó en febrero pasado, de modo que los antropólogos de la Facultad de Humanidades han debido paralizar sus actividades y están de hecho atados de manos En la víspera de una nueva Marcha del Silencio han surgido otras propuestas. Una que se viene debatiendo desde hace un tiempo plantea desplazar de la órbita de la Suprema Corte la designación de jueces y sus traslados, encomendando la tarea a una comisión específica. Otra iniciativa partió del fiscal de Corte, Jorge Díaz, quien sostuvo que, a partir de la vigencia del nuevo Código, los delitos del terrorismo de Estado deben ser investigados por fiscales especializados y que deben contar con equipos de investigadores en un abanico de especialidades para asegurar el éxito de esas investigaciones. La doctora Mota coincide en la necesidad de que los jueces cuenten “con asesoramiento adecuado” La vigésima Marcha del Silencio transcurrirá, el próximo miércoles, entre la expectativa de un cambio de política, la determinación de no bajar los brazos y reclamar “Basta de impunidad”
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2015-05-18
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postalinas
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Pensar ordenadamente es propio
de explotadores
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